Adrián Leandro Orellana Ayavaca

Expediente 396/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
396/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Adrián Leandro Orellana Ayavaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para que el quejoso Adrián Leandro Orellana Ayavaca, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 396/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada Ley, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. .

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en términos del considerando TERCERO de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de trece de julio del presente año, se tuvo a las autoridades responsables 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca (denominación correcta); 2. Sub representación Local la ventosa del Instituto Nacional de Migración Juchitán, Oaxaca, rindiendo sus informes justificados; el cual se le notificó al quejoso Adrián Leandro Orellana Ayavaca, vía electrónica el diecinueve de julio siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el termino de ocho días para que el impetrante se imponga del contenido de dichos informes, de conformidad con lo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido vía correo electrónico, por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca (denominación correcta); 2. Sub representación Local la ventosa del Instituto Nacional de Migración Juchitán, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa a su informe la responsable, consistente en copias certificadas derivadas del procedimiento administrativo migratorio seguido al aquí quejoso. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a la prenombrada responsable, señalando como correos institucionales los que indica en la misiva de cuenta, por lo que instrúyase a la sección de actuaria realice las notificaciones que le correspondan a la aludida autoridad en dicha dirección electrónica. NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la autoridad para tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan establecer comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. SIGILO Por otro lado, como lo solicita la aludida responsable respecto de las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, en términos de los numerales que cita en la misiva y del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 113 fracción V, y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Juzgado de Distrito, adopta las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener la secrecía de éstas, con la finalidad de salvaguardar los principios de reserva de identidad y la protección de los datos personales de identificación y localización; ello, en aras de salvaguardar sus derechos humanos, únicamente se permite el acceso de éste a los servidores públicos facultados para ello; debiéndose observar en todo momento lo dispuesto en los preceptos 9, 10 y 11, fracción VI, del primero de los ordenamientos citados, así como del numeral 24, fracción VI, del último estatuto mencionado; por tanto, el resguardo, de las constancias aludidas se hará testando al efecto los datos sensibles de identificación. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta con el informe, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese

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