ADRIAN MARTÍNEZ RODRIGUEZ y Otros.
Expediente 276/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ADRIAN MARTÍNEZ RODRIGUEZ y Otros.
- Magistrados Integrantes de la Sexta Penal del Honorable Tribunal Superior de Jusicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, por el que solicita se remita el billete N 829903 que ampara la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos, cero centavos moneda nacional), garantía exhibida en el incidente de suspensión relativo al cuaderno en que se actúa. En tales condiciones, remítase al Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, debidamente transferido, el billete de depósito N 829903, que ampara la cantidad de dos mil pesos, exhibido por el quejoso para garantizar la suspensión definitiva que se le concedió en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 276/2018, del índice de este juzgado. Solicítese el acuse de recibo de dicho documento. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 29 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para los fines legales consiguientes se ordena comunicar la transferencia de la mencionada garantía a la Secretaria Técnica de dicho fondo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (SISE).
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 1018 signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del diverso 21367/2018 del índice de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, un cuaderno de pruebas, tres discos versátiles DVD y original y duplicado del incidente de suspensión, y del cual se advierte se aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número 251/2018. En este orden, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. En otro aspecto, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de la fracción I del invocado punto Vigésimo del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos se desprende que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. A dichos Magistrados el quejoso les reclamó la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/02/2018, en la que revocaron la resolución recurrida en apelación, realizada por el Agente del Ministerio Público, contra la negativa de imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 372/2017 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, así como las consecuencias jurídicas de la resolución combatida. Por su parte, al Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, le atribuyó todos los actos tendentes a dar cumplimiento a la resolución emitida por la Sala responsable, en particular que celebrara la audiencia correspondiente, con la finalidad de resolver respecto de la petición efectuada por el Ministerio Público, bajo los lineamientos vertida en tal determinación. Ahora bien, sentado lo anterior, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Ahora bien, al rendir su informe justificado el Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado, pues al efecto manifestó que el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en audiencia de recepción de pruebas dentro del término constitucional se resolvió de forma negativa la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa en la causa penal 372/2017 que se instruye contra ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA, cometido en agravio de Dositeo Reyes Sánchez; ante esto, el Agente del Ministerio Publico interpuso recurso de apelación, radicándose bajo el toca penal JOTP/02/2018; luego, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvieron en el sentido de revocar la resolución recurrida, ordenando al A quo celebrar nuevamente audiencia con la finalidad de que se resolviera atendiendo a los lineamientos del Tribunal de Alzada, sobre la petición efectuada por el Ministerio Público, relativa a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA cometido en agravio de Dositeo Reyes Sánchez; por lo cual en cumplimiento a esta determinación el Juez de la causa señalo fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar; llegada la fecha de esa audiencia, el imputado no asistió, motivo por el cual a solicitud de la defensa y del Ministerio Público se difirió la misma. Posteriormente, en proveído de ocho de mayo del actual este órgano jurisdiccional, tuvo informando al Juez de Control de mérito, que en comparecencia espontánea de uno de mayo del actual, se concedió al quejoso el beneficio de la suspensión condicional del proceso, establecida en los numerales 192 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de seis meses, contados a partir de esa fecha. Por su parte, al rendir su informe justificado los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, convinieron en la existencia del acto reclamado, pues precisaron que en resolución de veintidós de febrero del actual, dictada en el toca penal JOTP/02/2018 revocaron la resolución recurrida en apelación, por el Agente del Ministerio Público, contra la negativa de imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 372/2017, que se instruye contra ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, como probable partícipe en la comisión del hecho que la ley señala como delito de LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA en agravio de Dositeo Reyes Sánchez, para efectos que el Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, celebrara audiencia correspondiente, con la finalidad de resolver respecto de la petición efectuada por el Ministerio Público, bajo los lineamientos vertidos en tal determinación. Por lo que para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo, debe determinarse si el acto reclamado tiene ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS consideró: ".Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, señala un día para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda. La resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Para poder determinar los efectos que conlleva una resolución que, dictada en un toca de apelación penal, confirma un auto de formal prisión, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser éste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmación. Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocación de un auto de formal prisión en segunda instancia. Sin embargo, aquí únicamente se verán algunos que servirán para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resolución que lo confirma. Un auto de formal prisión puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que: a. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del mismo, o ambos, o b. Está plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En los supuestos anteriores, los efectos consistirían en revocar el auto de formal prisión dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio. En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual tenía restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisión preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual, como está señalado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricción de su libertad. Ahora bien, un auto de formal prisión se confirma cuando del examen se desprende que el mismo está apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos señalados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto. De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisión el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que: a. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del Juez de primera instancia, o b. Permanezca a disposición del Juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior. Respecto al último efecto anotado, cabe señalar que esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 67/96, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricción a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a cualquier afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege. Así pues, estimó que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. La referida contradicción de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO". (transcribe texto) Así pues, el fallo que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusión preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecerán suspendidos en términos del artículo 38, fracción II, constitucional. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si éstos no se cumplen de manera adecuada. De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisión, establecidos en la Constitución y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisión carece de los elementos necesarios para justificar su reclusión en prisión preventiva y sujeto a proceso. En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, sino también por la confirmación del mismo, en segunda instancia. Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, proceda sólo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el Juez de primera instancia no vea suspendida su jurisdicción no elimina el efecto descrito en el párrafo que antecede, pues resulta claro que la resolución en que se confirma un auto de formal prisión, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo caución- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación cautelar o restricción de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo caución- es consecuencia del auto de formal prisión dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuará privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmación.." Es decir, la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y confirma la resolución apelada, como la que constituye el acto reclamado sí tiene ejecución material, que se traduce en la restricción de la libertad del inculpado, ello, pues es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuará privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también por la confirmación que del mismo se haga en segunda instancia. En la misma ejecutoria, la Primera Sala consideró que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia -ya sea en algún centro de reclusión de prisión preventiva o gozando de la libertad bajo caución-, la ejecución material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. De ello, dijo, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en la página 174, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro digital 176365, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Por otro lado, al resolver la diversa contradicción de tesis 187/2011, la misma Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Este criterio jurisprudencial se encuentra localizable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, número de registro 160608. Debe precisarse que si bien al resolver ambas contradicciones de tesis, la Primera Sala del máximo Tribunal del país analizó el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que dicho párrafo corresponde al correlativo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, como ya ha quedado precisado, se atribuye a los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/02/2018, en la que revocaron la resolución recurrida en apelación, por el Agente del Ministerio Público, contra la negativa de imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 372/2017 de la estadística del Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Luego, al Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, se le atribuyen las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento dado a lo indicado por la Ad quem; y que se traduce en que en cumplimiento a esa determinación, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa en la causa penal 372/2017 que se instruye contra el quejoso ADRÍAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, por su probable participación en el hecho que la ley señala LESIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA en agravio de Dositeo Reyes Sánchez, así también que el uno de mayo del actual, se le concedió al quejoso el beneficio de la suspensión condicional del proceso, establecida en los numerales 192 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de seis meses, contados a partir de esa fecha. Ahora, los actos reclamados es evidente que requieren de ejecución material, y tratándose de actos de esa naturaleza el juez competente para conocer de la demanda de amparo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute el acto que por esta vía se combate; circunstancia que en el caso en concreto aún no ha acontecido, pues como se desprende del informe rendido por el Juez de Control responsable, en comparecencia espontánea de uno de mayo del actual, se concedió al quejoso el beneficio de la suspensión condicional del proceso, establecida en los numerales 192 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de seis meses, contados a partir de esa fecha. Esto quiere decir que la resolución reclamada a la Sala responsable, y como consecuencia de ella, que se encuentra pendiente que el Juez de Control imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa al quejoso de referencia, lo anterior en virtud de que si no cumple con las condiciones estipuladas en la audiencia de uno de mayo del año en curso, emitida en el proceso penal 372/2017, podrá revocarse ese beneficio y proceder conforme lo dispuesto por el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales (resolución de la que se ordena realizar la impresión correspondiente y glosar a los autos para que obre como corresponda), de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de Primera Instancia, la ejecución material de la resolución será en su caso en el lugar de residencia de éste, y es por ello que la competencia para conocer de dicha resolución se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juzgado de Primera Instancia, esto es, el que tiene sede en Salina Cruz, Oaxaca. Al respecto, el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 45/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/10/2016. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Conforme a lo anterior, son los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en San Pedro Mixtepec, lugar de residencia del juzgado en el que se desahoga la causa penal que motivó este juicio de amparo. Como así lo consideró el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, pronunciada en el amparo en revisión 904/2017, cuya copia se ordena remitir al Juez que se considera competente. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, por lo que se ordena remitir el presente juicio de amparo así como el tomo anexo, cuatro discos versátiles, y los cuadernos incidentales en original y duplicado, a través del sistema de mensajería acelerada (ESTAFETA). Se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó la Juez Elizabeth Franco Cervantes, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de ....... ; con apoyo en el artículo 5º, fracción III de la Ley de Amparo, téngasele en su carácter de parte tercera interesada, por apersonada en este juicio, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el de cuenta, y por autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a....... por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas que señala, se le tienen únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrarse registrados en el aludido sistema. Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el despacho 65/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se le solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado emplazara a juicio con el carácter de tercero interesado a Dositeo Reyes Sánchez; lo anterior, toda vez el mismo fue recibido vía fax el veintidós de mayo del actual, proveyéndose lo conducente el veintitrés siguiente (foja 51).
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