ADRIAN MALDONADO SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 1316/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ADRIAN MALDONADO SÁNCHEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, firmado electrónicamente, por el que remite debidamente diligenciado el exhorto número de orden 797/2022 y origen 263/2022, de su índice, por haber aceptado este órgano jurisdiccional la competencia planteada para conocer del juicio de amparo ****..****, de su registro; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que en auto de once de noviembre pasado se desechó la demanda de amparo respecto de ********************, aquí quejoso. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Por otro lado, glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, sede Xalapa de Enríquez, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el quejoso JUAN DIEGO URVINA MALDONADO, asignándole el número 1150/2022. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que por una parte se desechó la demanda de amparo, y por otra este órgano jurisdiccional declinó la competencia, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notificación a la parte quejosa Toda vez que el directo quejoso ***, promovente del amparo, se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, personalmente al quejoso ****, en el lugar en donde se encuentre recluido.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio con firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual solicita le sean remitidas todas la constancias relativas al juicio de amparo 1316/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, al haberse declinado la competencia para conocer del amparo promovido por ***. Al respecto, remítase al aludido Juzgado de Distrito copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, asimismo hágase de su conocimiento, que en términos del artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo1, se autoriza la vinculación del expediente electrónico de este juicio de amparo con el diverso 1150/2022 de su registro, para los efectos que haya lugar. Por lo anterior instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, al que adjunta el expediente relativo al juicio de amparo ****..***, del índice de ese Juzgado, promovido por ****...***, por propio derecho y en representación de ¨******...***, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presentes las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1316/2022. Separación de juicios y determinación de incompetencia respecto de la demanda de amparo del quejoso *****....***. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, conviene señalar que del análisis integral de la misma, se advierte que los quejosos *****.....***, por propio derecho y en representación de *****..*** reclamaron lo siguiente: La negativa de trasladar al directo quejoso (****..**), así como a su hermano de nombre ****..** al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo. Separación de autos Por lo que se advierte que en el caso se está en presencia de actos reclamados por diversos quejosos, recluidos en diversos Centros de reclusión, pues el promovente del amparo ****..**, precisa que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mientras que ****..** está interno en el Centro de Readaptación Social Número Cinco, Oriente de Villa Aldama, Veracruz. Por lo anterior, por economía y conveniencia procesal, con fundamento en los artículos 66 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, invocado a contrario sensu, se decreta de oficio y de plano la separación de juicios a fin de que sólo exista una litis constitucional en cada procedimiento, pues como se verá más adelante, por lo que ve a ¨******....*****, se declinará la competencia del asunto por territorio. a) En este juicio de amparo 1316/2022 se analizará únicamente el acto reclamado por el quejoso ****..** consistente en la negativa de traslado al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo. b) En otro juicio de amparo se analizará la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la negativa de trasladar a *****...*** al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo. Son aplicables al caso, las jurisprudencias sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visibles en las páginas 117 y 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, que respectivamente dicen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación"; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Declinación de competencia respecto del quejoso ****...***. Ahora, resulta necesario verificar si se tiene competencia legal para conocer de la mencionada demanda de amparo, respecto al citado quejoso al ser ello un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de la competencia del Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. En ese orden, toda vez que los actos reclamados por el promovente *****....***, en representación de *****...**, consisten en la negativa de trasladar a ****..*** al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo, porque este último está privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Readaptación Social Número Cinco, Oriente de Villa Aldama, Veracruz. En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis prevista por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito de la jurisdicción en donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado y, como se aprecia, los actos reclamados tienen ejecución en Villa Aldama, Veracruz; por tanto, corresponde conocer y resolver la demanda de amparo únicamente respecto del quejoso ****..**, al JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN TURNO, CON SEDE EN VILLA ALDAMA, VERÁCRUZ, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que estatuye: "(.) VII. SEPTIMO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en los asuntos de amparo en materia penal, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla. (.)". En ese sentido, al señalar el promovente bajo protestad de decir verdad que el quejoso *****.....****, está privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Readaptación Social Número Cinco, Oriente de Villa Aldama, Veracruz, con lo que resulta evidente que los actos reclamados no tienen ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el citado Acuerdo General, siendo competente para ello, el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Turno, con Sede en Villa Aldama, Veracruz, al ejercer jurisdicción en donde se están ejecutando los actos reclamados. Se ordena remitir copia certificada de los autos al Juez competente En tales condiciones, de conformidad con los artículos 38 y 48 de la mencionada ley, se determina que este Juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para el conocimiento de la referida demanda, por tanto, se ordena remitir copia certificada de las actuaciones relativas, a efecto de que, se resuelva lo conducente respecto del acto reclamado por el quejoso ****...****, al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Turno, con Sede en Villa Aldama, Veracruz (a quien se estima competente), por conducto de su respectiva Oficina de Correspondencia Común. Aceptación parcial de conocimiento del asunto y convalidación de actuaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 párrafo tercero, de la Ley de Amparo y tomando en cuenta las consideraciones expuestas por la autoridad declinante, las que se comparten en lo substancial, este Juzgado Federal acepta la competencia declinada a su favor y, por consiguiente, se avoca al conocimiento del asunto, únicamente respecto de los actos reclamados por el quejoso ADRIAN MALDONADO SÁNCHEZ, por lo que se convalidan las actuaciones realizadas por el juez declinante. Acúsese el recibo correspondiente. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman la negativa de traslado, de las autoridades Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación; y otras. Desechamiento En ese tenor, contra el citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Precepto legal que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;[.] Dicho principio consiste en que el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Cabe destacar que del citado numeral se desprende como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente lo medios de defensa ordinarios: Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado oficiosamente, o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Y Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la Ley aplicable contemple su existencia. En el caso, se toma en consideración que no existe constancia de que el quejoso hubiere agotado algún medio ordinario de defensa en contra de la negativa de traslado reclamada, sino que acudió directamente al juicio de amparo. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En principio, cabe destacar que los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevén el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria, conforme al artículo 115 de la Ley en estudio. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre sus derechos en materia de condiciones de internamiento, la cual deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Así, en términos del artículo 122 del citado ordenamiento, el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, si el quejoso no está conforme con lo resuelto por el juez de ejecución tiene la posibilidad de promover el recurso de apelación en términos de los artículos 131 y 132, fracción VII de la Ley de la materia que establecen lo siguiente: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y; (.) Recurso que tiene la finalidad que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmar, modificar o revocar la determinación que en materia de condiciones de internamiento hubiera emitido. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los Tribunales Federales y locales. Asimismo, la jurisprudencia 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, la cual resulta obligatoria para este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, PARA RECLAMARLAS LA PERSONA PRIVADA DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Estableció que la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 1 refiere que el objeto de dicha Ley, es fijar las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Así como que parte de la finalidad de la citada ley, radica en implementar los mecanismos necesarios por medio de los cuales en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que se den con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. A su vez, de lo establecido en el precepto 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, en lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual manera la citada ley señala en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control, a través del cual, una persona que se encuentra privada de la libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, las condiciones de internamiento que tenga, esto es, cualquier acto que le impida tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Y que las peticiones que recaigan sobre casos urgentes, relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: * El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. * Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación. * Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. * Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En ese orden, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame las condiciones de su internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deberá agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismo que inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Asimismo, indicó que el mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, mediante la cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. A su vez, la referida Sala precisó que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para concederla, y tampoco un plazo mayor del que ésta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, expone que la finalidad del criterio emitido tratándose de las condiciones de internamiento de los reclusos busca darle la funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. Asimismo, precisa que uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes. Por tanto, si en el caso en concreto la parte quejosa reclama la negativa de trasladar a ****...**** al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo. En atención a lo anterior, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que el directo quejoso antes de acudir a la instancia de amparo al existir una negativa por parte de la autoridad administrativas, debió acudir ante el juez de ejecución de penal a plantear la controversia relativas a condiciones de su internamiento, con la finalidad que el juez revise la omisión de la autoridad penitenciaria, a fin de confirmar, modificar o revocarla. Tienen aplicación al caso, por sus consideraciones, la tesis Aislada III.2o.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3318, Registro digital: 2016370, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Además, se invoca la tesis aislada XVI.1o.P.13 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2212, Registro digital: 2016101, Décima Época, Materias(s): Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada, de rubro: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA JUDICIALIZADO". En ese orden de ideas, se reitera que del contenido de la contradicción de tesis 57/2018 de donde emanó la jurisprudencia 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se desprende que el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal a través de las peticiones administrativas y controversias ante los jueces de control o ejecución, las cuales facultan a la personas privadas de su libertad a reclamar las condiciones de su internamiento, entendidas éstas como cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura, lo que desde luego contempla los traslados del centro de su reclusión, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, al constituir un procedimiento con todas las características de un medio sencillo, rápido y eficaz; además, la propia Sala no establece que exista alguna excepción al principio de definitividad, por lo que si el tema tocante al presente asunto ya fue resuelto por la referida Sala, es evidente que es el criterio que debe imperar, al margen de las diversas tesis aisladas y jurisprudencias de diversos Tribunales Colegiados invocadas. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previo a acudir al juicio de amparo. Por lo tanto, al tener el quejoso a su alcance un medio de defensa ordinario, sin que lo haya agotado, trae como consecuencia la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo además, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Común, Undécima Época, Noviembre de 2021, con número de registro digital 2023736, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". Máxime que en el caso estamos ante una negativa de traslado, por lo que esa controversia es factible plantearla y resolverla en la instancia ordinaria referida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Undécima Época, Materias Penal y Común, Registro digital 2023190, de título y contenido siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". Notificación a la parte quejosa Toda vez que el directo quejoso *****...**, promovente del amparo, se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Se remite escrito Finalmente, toda vez que, hay un escrito anexo a la demanda de amparo, dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, sin embargo, de su contenido se advierte que *****...*** solicita su traslado a diverso Centro de Reclusión, por tanto, remítase mediante oficio el escrito en comento al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de ejecución, para que conforme a sus atribuciones se pronuncie respecto de la solicitud planteada por el promovente, en virtud de que se estima competente-. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. [Undécima Época, registro: 2023554, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Penal]. Notifíquese personalmente.
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