Adrián Martínez Garduza

Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
12/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Adrián Martínez Garduza

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido; se procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Se ordena notificar al peticionario de garantías el acuerdo de mérito, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; el cual se transcribe lo siguiente: Visto el escrito inicial de demanda presentado por Adrián Martínez Garduza, contra actos del juez Militar de Control adscrito a la Tercera Región Militar, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 12/2018.Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, numeral cuyo tenor literal es el siguiente:"ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso el promovente del amparo señala como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: 1) La admisión de los medios de prueba ofrecidos por la fiscalía militar y objetados por la defensa privada, dentro del desarrollo de la audiencia intermedia de fecha 18 de diciembre de 2017, relativos a la causa penal 330/2017, consistentes en las testimoniales de Cadete de 1/a de Artillería Raúl Mejía López, Cadete de 1/a de Artillería Jasiel Santiago Figueroa, Sargento 1/o de Cadetes Pablo Jiménez Noyola y Cadete de 1/a de Artillería Carolina Ortiz Ramírez, Cadete de segundo año Alam Hernández Galicia; así como también, las documentales consistentes en el correo electrónico de imágenes número 50 de fecha 12 de julio de 2017, girado por el Mayor de Artillería Adrián Martínez Carduza, y el correo electrónico de imágenes número 51 de fecha 13 de julio de 2017, girado también por el Mayor de Artillería Adrián Martínez Garduza. 2) La resolución de fecha 18 de diciembre de 2017, que recayó a recurso de revocación interpuesto por el suscrito defensor particular en forma oral, en contra de la negativa de la responsable de excluir del auto de apertura a juicio oral, los medios de prueba ofrecidos por la fiscal militar y objetados por la defensa privada, precisados en el párrafo inmediato anterior." Ahora bien, tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, cuyo tenor literal es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación procesal que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. En ese sentido, como se anunció en líneas precedentes, el acto reclamado en el libelo que se atiende se hace consistir en la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro de la audiencia intermedia dictada en la causa penal 330/2017, del índice del Juzgado Militar de Control adscrito a la Tercera Región Militar, con sede en esta ciudad, en la que se negó excluir del auto de apertura a juicio oral, los medios de prueba ofrecidos por la fiscalía militar y objetados por la defensa privada. De lo anterior, se aprecia que el promovente pretende deducir la acción constitucional contra una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, cuya ejecución no es de imposible reparación ni resulta violatoria de un derecho sustancial. Ello es así, considerando que la determinación aquí reclamada convalida una diligencia emitida durante la substanciación de un procedimiento judicial en el que se admitieron medios de convicción (testimoniales y documentales), por lo que resulta patente que se trata de una actuación intraprocesal, y que se encuentra prevista como violación al procedimiento en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, aplicado en sentido contrario. Derechos que per se, no son susceptibles de ser examinados en el juicio de amparo indirecto, tomando en cuenta, como se dijo, que este medio de control convencional y constitucional es excepcional, y su procedencia no depende de la violación de derechos procesales si estos no se encuentran vinculados con derechos sustantivos cuya ejecución, además, sea irreparable, en tanto que de ser desfavorable la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento que se pronuncie en la instancia natural quedará expedito su derecho para impugnar la violación procesal mediante el juicio de amparo directo. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LVIII/2004, visible a página diez del Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de dos mil cuatro, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Luego entonces, la determinación de que se trata, por sí misma, no justifica la procedencia del amparo indirecto, sino que se necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, lo que no ocurre en el caso particular. Resulta aplicable al presente caso, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1844, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta." También sirve de apoyo a la anterior consideración, las tesis números II.2o.P.10 P (10a.) y II.2o.P.9 P (10a.), sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia: Común, Décima Época, páginas 1891 y 1968, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aun no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas."Así, al no actualizarse en perjuicio del promovente una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, y ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Indíquese al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.De conformidad con lo dispuesto en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigor, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería el ubicado en Campo Militar número 9B, Avenida Juan Pablo II, sin número, colonia Loma Atravesada, en la III Región Militar, código postal 82185, en esta ciudad, en esta municipalidad, y como autorizados en los amplios términos del precepto 12 de le ley de la materia aplicable, a los licenciados Jesús Antonio Pacheco Flores y Luis Alberto Rangel Méndez, quienes tienen sus cédulas profesionales números 5543859 y 3808318, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Heriberto Rangel González, Eloy César Octavio Cruz Flores, Juan Edgardo Cedillo Ocampo, Cintia Amellaly Flores Salazar y Sonia Marlene Oropeza Flores, por no contar el anotado registro. Lo anterior, en el entendido de que el promovente y sus autorizados en los términos precisados en el párrafo que antecede podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos de la Ley de Amparo vigente, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio.Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de dos mil quince, Tomo II, página 1830, con número de registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígasele a la parte quejosa, que el presente auto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que éste cause estado, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE SE DESECHO LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA

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