Adrián Martínez Garduza
Expediente 586/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adrián Martínez Garduza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; se advierte que el quejoso no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo.Esto, considerando que éste fue notificado el once de septiembre del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del trece al veinte de los propios mes y año.Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.
- Principal
Se ordena notificar al quejoso por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, el proveído de cuatro de septiembre del año en curso, así como los subsecuentes, incluso los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, en atención a lo anterior, se transcribe lo siguiente: "Mazatlán, Sinaloa, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la papeleta de turno 59/2018, así como el oficio 35608/2018 signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en dicha localidad, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 734/2018 de su índice interno promovido por Adrián Martínez Garduza, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, con sede en la Ciudad de México, y Juez Militar de Control adscrito a la Tercera Región Militar, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, toda vez que por acuerdo de treinta de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, al considerar que era competente un Juzgado de Distrito en esta ciudad, ya que el acto que se reclama debe tener ejecución dentro de los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. Atento lo anterior, este juzgador comparte las razones del Juez de Distrito declinante y, por ende, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, acepta la competencia planteada para conocer del presente asunto. Acúsese recibo al aludido Juez de Distrito. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 586/2018. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, numeral cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así las cosas, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ahora, los actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el arresto, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse, aun cuando le sea favorable. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no es de ejecución irreparable, porque constituye una actuación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin al juicio natural sea favorable al quejoso, pues en este caso los efectos intraprocesales que ha generado esa actuación desaparecerían. Máxime porque nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben reunir dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones, derivan de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 37/2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, en la especie, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: 1) De la autoridad precisada como ordenadora reclamo la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, emitida por el General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado Antonio Alcántara Pastor, Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar dentro del toca TSU3-070/2018. 2) De la autoridad precisada como ejecutora reclamo, el cumplimiento que pretende llevar a cabo de lo ordenado en el cuerpo de la resolución emitida por el General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado Antonio Alcántara Pastor, Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar dentro del toca TSU3-070/2018." Asimismo, de los antecedentes que expresó el quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, destacan los siguientes: "4.- En fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia intermedia, misma en la que el Juez Militar de Control de la Tercera Región Militar, acertadamente excluyó del auto de apertura a juicio oral, los medios de prueba ofrecidos por el ofendido Jorge Humberto Sánchez Luna, padre del finado cadete Eduardo Sánchez Ortega, en virtud de haber transcurrido en exceso el término previsto para ello por el artículo 334 del Código Militar de Procedimientos Penales. 5.- Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público Militar Judicializador interpuso recurso de apelación, por lo que el órgano jurisdiccional lo admitió a trámite y así mismo lo elevó para su sustanciación al Tribunal Superior Militar, el que de manera unitaria en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, resolvió como procedente revocar el auto emitido por el Juez Militar de Control de la Tercera Región Militar y reponer el acto que dio lugar a la resolución impugnada. 6.- Pues es precisamente dicha resolución, la que se impugna a través del presente juicio de amparo, por causar al quejoso, innegables agravios y perjuicios." En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la resolución de segunda instancia que revocó el auto del Juez de Control Militar que excluyó medios de prueba ofrecidos por el ofendido Jorge Humberto Sánchez Luna, padre del finado cadete Eduardo Sánchez Ortega, del auto de apertura a juicio oral. De lo anterior, se aprecia que el quejoso pretende instar la acción constitucional contra una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, cuya ejecución no es de imposible reparación ni resulta violatoria de un derecho sustancial. Ello es así, toda vez que la determinación aquí reclamada revocó una diversa emitida durante la etapa intermedia de un procedimiento judicial en el que, inicialmente, se excluyeron medios de prueba ofrecidos por la parte ofendida, por lo que resulta patente que se trata de una actuación intraprocesal, y que se encuentra prevista como violación al procedimiento en el artículo 173, apartado B, fracción XIX, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, en lo atinente a que no se reciban con arreglo a derecho los medios de prueba o pruebas ofrecidas por las partes. Derechos adjetivos que no son susceptibles de ser examinados en el juicio de amparo indirecto dado su carácter intraprocesal, tomando en cuenta que, como se dijo, este medio de control convencional y constitucional es excepcional, y su procedencia no se actualiza respecto derechos procesales si estos no se encuentran vinculados con derechos sustantivos cuya ejecución, además, sea irreparable, en tanto que de ser desfavorable la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento que se pronuncie en la instancia natural quedará expedito su derecho para impugnar la violación procesal mediante el juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, octubre de 2017, registro 2015330, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." En esa tesitura, la resolución reclamada de que se trata, dado su carácter intraprocesal, no justifica, por sí misma, la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, con ejecución irreparable, lo que no ocurre en el caso particular, ya que la supuesta violación que adolece el acto reclamado desaparecería en caso de que el quejoso obtuviera sentencia favorable en la causa penal de origen. Apoyan lo anterior, por las razones que informan, las tesis XI.P.14 P, II.2o.P.66 P y XV.3o.9 P, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que, respectivamente, dicen: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta." "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente."; y "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El auto del Juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal impugnable en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo; mas no en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si ésa hubiese sido la intención del legislador, éste estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial." Así, toda vez que el acto reclamado es de carácter intraprocesal y no afecta materialmente un derecho sustantivo del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Adrián Martínez Garduza, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería el ubicado en Campo Militar número 9B, Avenida Juan Pablo II, sin número, colonia Loma Atravesada, en la III Región Militar, código postal 82185, en esta ciudad, en esta municipalidad, y como autorizados en los amplios términos del precepto 12 de le ley de la materia aplicable, a los licenciados Jesús Antonio Pacheco Flores y Luis Alberto Rangel Méndez, quienes tienen sus cédulas profesionales números 5543859 y 3808318, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Heriberto Rangel González, Eloy César Octavio Cruz Flores, Juan Edgardo Cedillo Ocampo y Sonia Marlene Oropeza Flores, por no contar el anotado registro. Lo anterior, en el entendido de que el quejoso y sus autorizados podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2015, registro 2008986, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos, lo anterior, atento al dispositivo jurídico 5, fracción IV, de la ley preindicada. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígase a las partes, que los autos y la sentencia que se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva o cualquier auto dictado en el expediente se publique sin supresión de datos."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Adrián Huerta Quintero223/2017
- Adrián Macias Zambrano336/2015
- Adrián Martínez Garduza13/2018
- Adrián Martínez Garduza667/2018
- Adrián Martínez Garduza161/2019
- Adrián Martínez Garduza631/2017
- Adrián Martínez Garduza12/2018
- Adriana Astorga Ontiveros296/2019
- Adriana Bonilla Bonilla625/2017
- Adriana Bonilla Bonilla531/2013
- Adriana García Solís197/2022
- Adriana Isabel Osuna Lizárraga620/2018