Adrián Marroquín Guzmán
Expediente 773/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Adrián Marroquín Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos: I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. El oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el que remite testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 263/2022, de su índice, interpuesto por el quejoso ***, anexando original del juicio de amparo 773/2022, del índice de este juzgado. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Tocante al apartado II, por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos para debida constancia y con transcripción del presente proveído, acúsese recibo correspondiente. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlas en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción. Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; Háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de éste Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. . VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES En atención que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa no exhibió prueba alguna, se deja de proveer lo conducente. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo del diverso 113/2022, del índice de este juzgado e informa que se admitió a trámite el recurso de queja, recayéndole el número 263/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el ocurso de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el accionante. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el catorce de junio de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 773/2022-VI, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, remítase a la brevedad el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la 1. Secretaría de la Honestidad y Función Pública, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 773/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la 1. Secretaría de la Honestidad y Función Pública, residente en esta ciudad, el acto que a continuación se especifica: La resolución emitida en el oficio SHyFP/SSJP/DR-B/420/2021, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del aquí quejoso, y en consecuencia, se le impuso sanción consistente en inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público por tres años y diversa pecuniaria por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil peso 00/100 moneda nacional), emitida dentro del expediente 128/DRE-B/2017. Y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad: Su ejecución. En esa tesitura, se estima que respecto de los actos anteriormente citados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser actos consentidos, en principio porque las actuaciones combatidas resultan ser la resolución emitida en el oficio SHyFP/SSJP/DR-B/420/2021, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del aquí quejoso, y en consecuencia, se le impuso sanción consistente en inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público por tres años y diversa pecuniaria por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil peso 00/100 moneda nacional), emitida dentro del expediente 128/DRE-B/2017; no obstante, se acota que, la parte quejosa fue notificada de dicha actuación el treinta de marzo de dos mil veintidós -tal como se demostrara en líneas precedentes-, lo cual evidentemente le irroga perjuicio. Ahora, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, es decir, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El multicitado arábigo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, dispone que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que hubiera tenido conocimiento de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". (El énfasis es propio) En esa tesitura, se advierte que el aquí quejoso tuvo conocimiento de la resolución administrativa citada supralíneas, desde el treinta de marzo de dos mil veintidós, data en que, según sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad fue notificado de la misma, lo cual constituye una confesión expresa que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada, debido a que el plazo de QUINCE DÍAS que tenía para presentar la demanda de amparo relativa, transcurrió del treinta y uno de marzo al veinticinco de abril de dos mil veintidós; sin contar para dicho término los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo, 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; así como el diverso 143, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a la determinación de los días inhábiles y de descanso. En ese sentido, si la parte quejosa combatió por esta vía, el acto reclamado, hasta el nueve de junio de dos mil veintidós, fecha en que presentó su demanda de amparo, según se aprecia de la papeleta de turno de la demanda de referencia; y tuvo conocimiento de la resolución y la ejecución de la misma, que por esta vía combate desde el treinta de marzo de dos mil veintidós, data en la que fue notificado; por ende, es indudable que la demanda que nos ocupa es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la ley de la materia y de conformidad con la segunda hipótesis para el computó correspondiente que se precisó anteriormente. Ante tal circunstancia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, en relación con los actos señalados en párrafos que anteceden. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página cuarenta y siete, volumen 193-198 primera parte, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, tienen aplicación por sus consideraciones la jurisprudencia, también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo IV, Apéndice 2000, Novena Época, con registro digital 917688, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Máxime que, la resolución que ahora pretende combatir se encuentra sub júdice, pues el propio justiciable arguyó que contra la misma interpuso un medio de impugnación, el cual aún se encuentra pendiente de resolver; de ahí que, dicha circunstancia, en todo caso también pudiera actualizar diversa causa de improcedencia, pues la determinación que al efecto se emita dentro de ese recurso, en su caso, puede resultar favorable a sus intereses. Sin que sea óbice a lo anterior, que el multicitado justiciable en su capítulo de antecedentes, particularmente, el establecido en el inciso 8), haya esgrimido que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, fue notificado del oficio N°SEP0301/2022, emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, en el que se le dio el aviso de baja por terminación laboral, debido a que se le impuso como sanción disciplinaria la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público por el plazo de tres años, así como el pago de la cantidad de $470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), derivada de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la autoridad responsable precisada en el numeral 1 supralíneas; sin embargo, dicha actuación es totalmente distinta a la que indicó que le irrogaba un perjuicio inminente a su esfera jurídica, debido a que éstos emanan de diversa resolución lo cual se constata de los datos de identificación de las mismas; de ahí que, se haya procedido en los términos apuntados en el presente acuerdo. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Adrián Marroquín Guzmán, por los motivos expuestos con anterioridad. Cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que el quejoso proporcionó el domicilio ubicado en la Avenida Emiliano Zapata Sur, sin número, de la Colonia Xochitepec, del municipio de Tuzantán, Chiapas; y el diverso en la Privada Mactumatza 1123, Colonia Las Granjas, de esta ciudad. En ese tenor, en obvio de dilaciones innecesarias, este juzgado estima privilegiar el localizado en esta ciudad; de ahí que con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el precisado en último término. Lo anterior, sin perjuicio de que el promovente con posterioridad señale uno en específico en esta ciudad, para los efectos conducentes. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del referido numeral -12- a Jorge Hugo Cruz Manuel, Juan Manuel Carballo Mora y Jesús Reyes Montiel, por encontrarse sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Respecto de Sergio Alejandro Cruz Manuel y Jorge Hugo Crus Perrusquia, se tienen como autorizados en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones, por no tener cédula registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. V. QUEJOSO PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO. Respecto del correo electrónico que proporciona, dígasele que de conformidad con lo establecido el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, éste sólo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se le tiene por ofrecido para esos efectos. VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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