Adrián Marroquín Guzmán
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Adrián Marroquín Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 112/2023 con número de orden 189/2023, remitido a fin de notificar a la parte quejosa Adrián Marroquín Guzmán, el contenido del auto de ocho de junio del año en curso. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos, únicamente para que obre como corresponda, sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que mediante actuación de veintiocho de agosto de esta anualidad, se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 22563/2023, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa Adrián Marroquín Guzmán, el cual fue registrado bajo el número 537/2023, del índice del tribunal de su adscripción. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta; asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, quedando a la espera de lo que resuelva la superioridad. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta signado por el quejoso Adrián Marroquín Guzmán, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo indirecto 922/2023-II, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Adrián Marroquín Guzmán. Por tanto, remítase a la brevedad el oficio correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que proceda a la tramitación de dicho medio de impugnación. Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que el presente asunto, se encuentra integrado de conformidad con lo establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós; por lo que en términos del diverso 113 del precitado Acuerdo; infórmese al Ad quem, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vistos; I. El oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 112/2023 con número de orden 189/2023, remitido a fin de notificar a la parte quejosa ********************, el contenido del auto de ocho de junio del año en curso. II. De autos se advierte que en proveído de ocho de agosto de este año, se reservó proveer respecto del escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahogaba la prevención efectuada en proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el despacho de cuenta, para que obre como corresponda. En consecuencia, dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención al punto II, tomando en consideración la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de junio de este año, para que manifestará bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, transcurrió del siete al once de los cursantes, así como que el escrito mediante el cual se desahogó la prevención en comento fue recibido en oficialía de partes de este juzgado el siete de agosto en curso, téngase por desahogada en tiempo y forma la prevención realizada a la parte quejosa en proveído de ocho de junio del año en curso. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinara y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito de desahogo de prevención y cinco tomos del expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, así como dos tomos del expediente de presunta responsabilidad 120/015, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés en la se desechó por extemporáneo el recurso de revocación SHYFP/SSJP/RR-014/2022, interpuesto contra la sentencia de siete de abril de dos mil veintiuno dictada en el expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en la que se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Para mayor comprensión del presente estudio, es menester traer a colación los antecedentes más relevantes del caso, los cuales se advierten de los cinco tomos del expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en esta ciudad, así como de los dos tomos del expediente de presunta responsabilidad 120/015, que fueron remitidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y que consistente en: Antecedentes del procedimiento administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención. 1.- Por acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete se radicó el procedimiento administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención (fojas 24 y 25 del tomo de pruebas). 2.- Mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho se determinó que se contaba con elementos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo contra el aquí quejoso ******************** (fojas 188 a 193 del tomo de pruebas). 3.- Seguidamente el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ley respecto del quejoso ******************** (fojas 478 y 479 del tomo de pruebas). 4.- Posteriormente el veinte de mayo de dos mil veinte, se tuvo recibió el informe de resultados de valoración de pruebas y se decretó el cierre de instrucción. 5.- Luego el siete de abril de dos mil veintiuno se emitió sentencia en la que entre otras cuestiones, se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), determinación que le fue notificada mediante cédula de notificación el ocho de abril siguiente, así como por oficio SHyFP/SSJP/DRB/420/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno. (Fojas 1848 a 1860 del tomo de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que se advierten de las constancias que integran el procedimiento administrativo administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dado que se tratan de actuaciones emitidas por Notarios Públicos en el ejercicio de su encargo. Por las razones que informa, tiene aplicación el criterio sostenido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, verificable en la página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Antecedentes del primer juicio de amparo 773/2022, de nuestro índice, interpuesto contra la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno contenida en el oficio SHyFP/SSJP/DRB/420/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno. 6.- Seguidamente el quejoso ********************, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, solicitó el amparo contra la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno contenida en el oficio SHyFP/SSJP/DRB/420/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno. 7.- Por cuestión de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional de la demanda citada en el punto que antecede, por lo que se radicó bajo el número 773/2022, y en determinación de catorce de junio de dos mil veintidós, se desechó por extemporáneo el juicio de garantías. 8.- En acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el quejoso ********************, recurrió la resolución emitida por esté juzgado, recayéndole el número de queja 263/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, en esta ciudad, quien mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós declaró infundado el medio de impugnación y confirmó el auto recurrido. Determinación que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, así como atento a lo dispuesto en la Jurisprudencia P./J. 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, Junio de 2018, tomo I, de la Décima Época, con número de registro 2017123, intitulada: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Una vez narrado lo anterior, en el presente caso como se precisó anteriormente, el acto reclamado consiste en la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés en la se desechó por extemporáneo el recurso de revocación SHYFP/SSJP/RR-014/2022, interpuesto contra la sentencia de siete de abril de dos mil veintiuno dictada en el expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en la que se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). En el particular, este órgano jurisdiccional, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES." Para evidenciar lo anterior, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 211/2017, emitió jurisprudencia en la que se pronunció sobre la cosa juzgada refleja en asuntos en los que no existe identidad de partes, actos y autoridades responsables. En ese sentido, el Alto tribunal justificó el estudio oficioso de la cosa juzgada, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, pues, debía privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. Además, en la necesidad imperiosa de la certeza en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en una sentencia ejecutoriada sea el derecho frente al caso resuelto, que no podría volver a ser controvertido, evitándose así la posibilidad de que se emitieran sentencias contradictorias. Lo que la Primera Sala consideró aplicable, en lo conducente y de manera analógica, en el análisis de la institución de la cosa juzgada refleja, cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de los autos o por cualquier otra circunstancia, pues, al margen de las diferencias entre una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, como lo estableció en la indicada jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.). En el caso particular se tiene como hecho notorio el juicio de amparo 773/2022, promovido por el aquí quejoso ********************, en el que solicitó el amparo contra la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno contenida en el oficio SHyFP/SSJP/DRB/420/2021, en la que se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), determinación que fue recurrida recayéndole el número de queja 263/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, en esta ciudad, y confirmada mediante sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, en el presente juicio el quejoso ********************, reclama la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés en la se desechó por extemporáneo el recurso de revocación SHYFP/SSJP/RR-014/2022, interpuesto contra la sentencia de siete de abril de dos mil veintiuno dictada en el expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en la que se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), determinación de siete de abril de dos mil veintiuno que ya fue materia del juicio de amparo 773/2022, de nuestro índice, mismo que se desechó y fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, en esta ciudad. Por tanto, es patente que estamos ante la presencia de la cosa juzgada refleja, porque aun cuando en el particular no se actualiza la identidad tripartita (partes, objeto y causa), porque la resolución aquí reclamada es de diversa fecha a la del amparo indirecto 773/2022, de nuestro índice, lo cierto es que la finalidad que persigue es la misma, esto es, impugnar la sentencia de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo 128/DRE-B/2017, del índice de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Subsecretaría Jurídica y de Prevención, en la que se impuso al quejoso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años, así como una sanción económica por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que adquirió la calidad de cosa juzgada refleja. Se afirma lo anterior porque la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que puede ocurrir cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica. Se aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 101/2023 (11a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN. Hechos: En una sentencia de primera instancia se condenó al Estado a pagar una indemnización a una persona por haber incurrido en una actividad administrativa irregular. En contra de esa determinación, la autoridad interpuso un recurso de revisión fiscal y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia al considerar que no había elementos para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. La persona consideró que los Magistrados de ese Tribunal Colegiado estaban equivocados al negarle la protección constitucional, pues incurrieron en un error judicial al desconocer diversos criterios de esta Suprema Corte. Por ello, a través de distintas vías demandó el pago de una indemnización a los integrantes de ese órgano jurisdiccional. En una de las vías emprendidas reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, pero fue declarada improcedente por el Consejo de la Judicatura Federal. En contra de esa resolución, la misma persona promovió un juicio contencioso administrativo ante este Alto Tribunal, el cual fue desechado por su Presidente con el argumento de que la indemnización por responsabilidad patrimonial no procede ante ejercicios materialmente jurisdiccionales. En el recurso de reclamación interpuesto en contra de esta última determinación, la Segunda Sala de esta Suprema Corte declaró infundado el recurso porque la indemnización por error judicial sólo opera en asuntos de naturaleza penal, siendo que este asunto corresponde a la materia administrativa. En otra de las vías intentadas, la citada persona promovió un juicio ordinario civil federal en el que se absolvió a los referidos Magistrados del pago de daños y perjuicios por error judicial. Inconforme con esta última resolución, la misma persona promovió un juicio de amparo directo que fue atraído por la Primera Sala. Al resolverse el juicio se negó el amparo al actualizarse la figura de la cosa juzgada refleja por virtud de lo decidido en el citado recurso de reclamación de la Segunda Sala, en el sentido de que la indemnización por error judicial sólo procede en asuntos de naturaleza penal. Criterio jurídico: Para determinar si se actualiza la excepción de cosa juzgada en un juicio es necesario que haya existido uno anterior, ya resuelto, y que ambos casos coincidan en tres aspectos: a) en la cosa u objeto del litigio, b) en las causas, y c) en las personas, con la misma calidad con la que participaron o intervinieron en los juicios. Cuando estos tres supuestos se surten estamos frente al "efecto directo" de la cosa juzgada, que implica que la cuestión que se presenta en el nuevo juicio, en realidad ya fue juzgada. Por otra parte, existe un "efecto reflejo", y no directo, cuando no coinciden los tres aspectos, pero lo resuelto en un proceso impacta en otro posterior a tal grado que, de no tener en cuenta la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica. Justificación: La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica. El efecto directo de la cosa juzgada implica la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes en donde existe identidad de sujetos (partes), objeto del litigio (cosa) y causa de pedir (reclamo), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ello descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. Por su parte, la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que puede ocurrir cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica. Sin que con ello, se vulnere su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la figura procesal actualizada atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema normativo cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, consecuentemente se desecha de plano la demanda de amparo origen de este asunto. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, toda vez que el quejoso ********************, no señaló domicilio en esta ciudad oír y recibir notificaciones como fue solicitado en auto de trece de junio de este año, y al haber transcurrido en exceso el término concedido para tal efecto; se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de junio de dos mil veintitrés y se ordena notificar a dicha parte la presente determinación por lista de estrados, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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