Adrián Juan Ramírez López

Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
66/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Adrián Juan Ramírez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de ocho de febrero del año en curso, que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *** por el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de diecisiete y veintiocho de enero del año en curso, pues aclaró que el precepto normativo que tilda de inconstitucional de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, es el punto segundo transitorio; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Precisión de los actos reclamados En esencia, la parte quejosa reclama en el escrito de demanda: ". De las responsables ordenadoras C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y C. Presidente de la Legislatura del Estado de Puebla, reclamo: a).- La inconstitucional promulgación de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. b).- El ilegal procedimiento seguido por las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual se promulga la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De las responsables ejecutoras: C. Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado y C. Subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, reclamo: a).- La ilegal ejecución de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De todas las responsables reclamo las consecuencias y efectos legales de sus actos, lo que deriva en una aplicación de forma retroactiva de la Ley, lo que genera una franca violación de mis derechos humanos, garantías individuales y de debido proceso, que están debidamente protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." Asimismo, en el escrito aclaratorio indicó: ". 1.- Señalo como parte de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el punto segundo transitorio, mediante el cual se pretende abrogar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por ser violatorio del artículo 14 constitucional. ." De lo que se tiene que el quejoso reclama en esencia: El artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo de su entrada en vigor. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que la norma combatida le causara perjuicio con su sola entrada en vigor. Ahora bien, para definir el carácter de la norma general reclamada, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) De la lectura de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente (autoaplicativa), sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere (heteroaplicativa). En ese sentido, la norma general autoaplicativa es aquella que con su simple entrada en vigor crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer; a su vez, dicha situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma vincula a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran. En cambio, se está ante una disposición heteroaplicativa cuando con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, del propio individuo o de un diverso particular. Resulta de vital importancia distinguir la noción de perjuicio, en función de la modalidad de la normativa impugnada -autoaplicativa o heteroaplicativa-, puesto que en el primer caso, el perjuicio puede materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación de la parte promovente en los supuestos legales de la norma combatida; en cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es a través de este en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. En ambos casos, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. En cambio, por lo que ve a las normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. En el caso, el estándar de agravio aplicable es el de interés jurídico, ya que la parte quejosa debe demostrar que la norma reclamada incide de manera directa en su esfera de derechos; y, no así el interés legítimo, pues no reclama una afectación indirecta o abstracta; es decir, no se actualiza el interés legítimo por no reclamarse un perjuicio indirecto. Si bien la Ley de Amparo establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Entonces, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar si, dado el carácter de normas autoaplicativas que la parte quejosa atribuye a las normas generales combatidas, es decir, el artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, dicha porción normativa que en esta vía se reclama, establece lo siguiente: ". TRANSITORIOS . SEGUNDO. Se abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho. ." Del precepto citado, se advierte que requiere un acto concreto de aplicación a fin de que irrogue agravio al particular; por ende, dicho dispositivo tiene una naturaleza heteroaplicativa, cuya aplicación no se encuentra acreditada por el quejoso, es decir, por su sola entrada en vigor no le causa perjuicio alguno. Lo anterior, en virtud de que la abrogación de la anterior Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla no causa por sí sola una afectación al particular, pues las figuras y supuestos normativos que contiene tal ordenamiento ahora se contendrán en el nuevo ordenamiento publicado el pasado tres de diciembre de dos mil veintiuno y en todo caso de restringirse, modificarse o cancelarse alguna figura, permiso, concesión o servicio previsto en el anterior ordenamiento, este sería el acto que causaría perjuicio de la parte promovente y no en sí la sola abrogación del ordenamiento. Por ello, en términos generales, la porción normativa reclamada se relaciona con situaciones específicas de los individuos a los que se encuentra dirigido previstos en la ley abrogada y ahora en la nueva ley publicada, para lo cual establece distintas condiciones a fin de que éstos las acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos; esto es, dicho precepto prevé únicamente la abrogación de un ordenamiento y no solo configura un sistema normativo, sino que dirige a los interesados al nuevo ordenamiento -Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno-, el cual contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien los reclama; por el contrario, requieren que se cumplan las condiciones dispuestas, relativas al otorgamiento, cancelación o vigencia de las concesiones otorgadas y que se otorguen el cualquiera de sus modalidades. Ello se traduce en que, para que el supuesto jurídico de las normas combatidas incida sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, necesario es que se encuentre en el supuesto de otorgamiento, cancelación o modificación de los permisos o concesiones otorgadas por la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla; lo anterior, como acto concreto de aplicación. En tal virtud, la norma referida requiere un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual no se reclama en la presente instancia. En efecto, como se vio, la porción normativa reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el gobernado no se encuentra en la situación prevista en la norma por su sola entrada en vigor, sino que, para que aquél se encuentre obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, es indispensable la existencia de un acto posterior de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal, o que emane de la voluntad del propio particular o de un tercero que actúe en auxilio de una autoridad. De tal manera que, se reitera, tratándose de normas heteroaplicativas, si se promueve el juicio de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, habrá de considerarse improcedente, en virtud de que aún no se produce ningún perjuicio o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, de acuerdo al referido artículo 61, fracción XII, de la ley en la materia, que dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En esas condiciones, resulta inconcuso que la sola emisión de la norma reclamada no implica perjuicio alguno a la esfera jurídica del recurrente, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que la acción constitucional debe condicionarse a la existencia previa del acto de aplicación de la ley, perjudicial a los intereses de la parte quejosa; lo que tiene su razón de ser en que la promoción de la demanda de amparo se basa en la búsqueda de protección contra leyes o actos que violen derechos humanos de los gobernados, y no de los que probablemente pudieran perjudicarlo en un futuro. Esto es, la porción normativa reclamada dirige a la vigencia de un nuevo ordenamiento que regula condiciones específicas de los individuos a los que se encuentran dirigidos, para lo cual establecen distintos requisitos a fin de que éstos los acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos. Esto es, la nueva disposición que entró en vigor no solo configuran un sistema normativo, sino que contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien lo reclama; sino que, para ello, es necesario que se den los supuestos previstos en la misma. Así, dado el carácter de sistema normativo que asiste al precepto reclamado, es claro que su entendimiento integral conduce de manera clara a estimar que existen condiciones particulares para que las disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento en vigencia puedan estimarse susceptibles de generar afectación a la esfera de derechos del quejoso, considerando su situación actual; ello, ya que, en primer término, deberá ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la norma en vigor. En otras palabras, la norma combatida, aun cuando se impugne desde la perspectiva de autoaplicativa, requiere de un acto de aplicación para incidir sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, tal como se refirió, ya que sólo a partir de ese acontecimiento -cancelación, modificación u otorgamiento de una concesión de servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades- pueden generar un impacto a su esfera jurídica. Por ello, acorde a lo expuesto, se sigue que el artículo reclamado no causa perjuicio a la parte quejosa, en tanto que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el sólo hecho de su entrada en vigor; sino que ello acontecerá cuando se ubique en alguno de los supuestos especificados en el párrafo anterior. Lo anterior reitera que los preceptos controvertidos, como se dijo anteriormente, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar un perjuicio; por ende, cabe concluir que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnarlos por este medio de control constitucional con motivo de su sola entrada en vigor, pues para ello, es necesario que se ubique en los supuestos particulares que prevén y que, a su vez, existan diversos actos que condicionen su aplicación. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo adicional para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no generan afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación. En las relatadas condiciones, como se demostró, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta del Presidente de la Segunda Sala Civil de del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; téngasele acusando recibo del oficio ****** de dos de febrero del año en curso, por el que se le devolvieron los anexos I y II que se formaron con las constancias del toca de apelación ***, de su índice, el expediente ****, de la estadística del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca de Negrete, Puebla, así como un sobre amarillo con diversos documentos, mismos que habían sido remitidos por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y que a su vez los remitió a este juzgado dada la incompetencia planteada; de lo que este juzgado se da por enterado, para los efectos legales procedentes. Finalmente, dado lo acordado en párrafos precedentes y en virtud de que en acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, se archivó este expediente, como asunto total y definitivamente concluido, devuélvanse los autos al archivo respectivo.

  4. Principal

    ...se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído.

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