Adrián Juan Ramírez López
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2022
Partes del expediente
- Adrián Juan Ramírez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el dictamen en materia de valuación de inmuebles emitido por *** perito oficial de este juzgado, en atención al requerimiento efectuado en diez de febrero del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a fin de tener la certeza de que el referido dictamen fue emitido por dicho experto y así autentificar su contenido, requiérase al citado profesionista para que ratifique éste. En consecuencia, se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el mencionado experto ratifique el dictamen de cuenta... Por tanto, en su momento envíese correo electrónico a la dirección *** a fin de que se le haga llegar la invitación al aludido perito oficial *** diligencia que se llevará a cabo mediante videoconferencia, a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 en relación con el diverso numeral 28, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura. Dicha invitación tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional *** de la licenciada *** Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este Juzgado de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 17, fracción I, del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la Contingencia por el virus COVID-19, las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponible quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar a los intervinientes para el desahogo de la audiencia y la implementación de la logística operacional Se apercibe al perito en comento que de omitir hacerlo sin manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Coordinadora Técnica Administrativa para que en la fecha y hora programadas, tenga a bien realizar el enlace respectivo
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Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *** por el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de dieciocho y veintiocho de enero del año en curso, pues aclaró que el precepto normativo que tilda de inconstitucional de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, es el punto segundo transitorio y que lo reclama por su entrada en vigor; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Precisión de los actos reclamados En esencia, la parte quejosa reclama en el escrito de demanda: ". De las responsables ordenadoras C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y C. Presidente de la Legislatura del Estado de Puebla, reclamo: a).- La inconstitucional promulgación de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. b).- El ilegal procedimiento seguido por las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual se promulga la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De las responsables ejecutoras: C. Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado y C. Subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, reclamo: a).- La ilegal ejecución de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De todas las responsables reclamo las consecuencias y efectos legales de sus actos, lo que deriva en una aplicación de forma retroactiva de la Ley, lo que genera una franca violación de mis derechos humanos, garantías individuales y de debido proceso, que están debidamente protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." Asimismo, en el escrito aclaratorio indicó: ". 1.- Señalo como parte de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el punto segundo transitorio, mediante el cual se pretende abrogar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por ser violatorio del artículo 14 constitucional. ." De lo que se tiene que el quejoso reclama en esencia: El artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo de su entrada en vigor. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que la norma combatida le causara perjuicio con su sola entrada en vigor. Ahora bien, para definir el carácter de la norma general reclamada, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) De la lectura de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente (autoaplicativa), sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere (heteroaplicativa). En ese sentido, la norma general autoaplicativa es aquella que con su simple entrada en vigor crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer; a su vez, dicha situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma vincula a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran. En cambio, se está ante una disposición heteroaplicativa cuando con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, del propio individuo o de un diverso particular. Resulta de vital importancia distinguir la noción de perjuicio, en función de la modalidad de la normativa impugnada -autoaplicativa o heteroaplicativa-, puesto que en el primer caso, el perjuicio puede materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación de la parte promovente en los supuestos legales de la norma combatida; en cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es a través de este en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. En ambos casos, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. En cambio, por lo que ve a las normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. En el caso, el estándar de agravio aplicable es el de interés jurídico, ya que la parte quejosa debe demostrar que la norma reclamada incide de manera directa en su esfera de derechos; y, no así el interés legítimo, pues no reclama una afectación indirecta o abstracta; es decir, no se actualiza el interés legítimo por no reclamarse un perjuicio indirecto. Si bien la Ley de Amparo establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Entonces, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar si, dado el carácter de normas autoaplicativas que la parte quejosa atribuye a las normas generales combatidas, es decir, el artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, dicha porción normativa que en esta vía se reclama, establece lo siguiente: ". TRANSITORIOS . SEGUNDO. Se abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho. ." Del precepto citado, se advierte que requiere un acto concreto de aplicación a fin de que irrogue agravio al particular; por ende, dicho dispositivo tiene una naturaleza heteroaplicativa, cuya aplicación no se encuentra acreditada por el quejoso, es decir, por su sola entrada en vigor no le causa perjuicio alguno. Lo anterior, en virtud de que la abrogación de la anterior Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla no causa por sí sola una afectación al particular, pues las figuras y supuestos normativos que contiene tal ordenamiento ahora se contendrán en el nuevo ordenamiento publicado el pasado tres de diciembre de dos mil veintiuno y en todo caso de restringirse, modificarse o cancelarse alguna figura, permiso, concesión o servicio previsto en el anterior ordenamiento, este sería el acto que causaría perjuicio de la parte promovente y no en sí la sola abrogación del ordenamiento. Por ello, en términos generales, la porción normativa reclamada se relaciona con situaciones específicas de los individuos a los que se encuentra dirigido previstos en la ley abrogada y ahora en la nueva ley publicada, para lo cual establece distintas condiciones a fin de que éstos las acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos; esto es, dicho precepto prevé únicamente la abrogación de un ordenamiento y no solo configura un sistema normativo, sino que dirige a los interesados al nuevo ordenamiento -Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno-, el cual contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien los reclama; por el contrario, requieren que se cumplan las condiciones dispuestas, relativas al otorgamiento, cancelación o vigencia de las concesiones otorgadas y que se otorguen el cualquiera de sus modalidades. Ello se traduce en que, para que el supuesto jurídico de las normas combatidas incida sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, necesario es que se encuentre en el supuesto de otorgamiento, cancelación o modificación de los permisos o concesiones otorgadas por la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla; lo anterior, como acto concreto de aplicación. En tal virtud, la norma referida requiere un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual no se reclama en la presente instancia. En efecto, como se vio, la porción normativa reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el gobernado no se encuentra en la situación prevista en la norma por su sola entrada en vigor, sino que, para que aquél se encuentre obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, es indispensable la existencia de un acto posterior de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal, o que emane de la voluntad del propio particular o de un tercero que actúe en auxilio de una autoridad. De tal manera que, se reitera, tratándose de normas heteroaplicativas, si se promueve el juicio de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, habrá de considerarse improcedente, en virtud de que aún no se produce ningún perjuicio o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, de acuerdo al referido artículo 61, fracción XII, de la ley en la materia, que dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En esas condiciones, resulta inconcuso que la sola emisión de la norma reclamada no implica perjuicio alguno a la esfera jurídica del recurrente, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que la acción constitucional debe condicionarse a la existencia previa del acto de aplicación de la ley, perjudicial a los intereses de la parte quejosa; lo que tiene su razón de ser en que la promoción de la demanda de amparo se basa en la búsqueda de protección contra leyes o actos que violen derechos humanos de los gobernados, y no de los que probablemente pudieran perjudicarlo en un futuro. Esto es, la porción normativa reclamada dirige a la vigencia de un nuevo ordenamiento que regula condiciones específicas de los individuos a los que se encuentran dirigidos, para lo cual establecen distintos requisitos a fin de que éstos los acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos. Esto es, la nueva disposición que entró en vigor no solo configuran un sistema normativo, sino que contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien lo reclama; sino que, para ello, es necesario que se den los supuestos previstos en la misma. Así, dado el carácter de sistema normativo que asiste al precepto reclamado, es claro que su entendimiento integral conduce de manera clara a estimar que existen condiciones particulares para que las disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento en vigencia puedan estimarse susceptibles de generar afectación a la esfera de derechos del quejoso, considerando su situación actual; ello, ya que, en primer término, deberá ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la norma en vigor. En otras palabras, la norma combatida, aun cuando se impugne desde la perspectiva de autoaplicativa, requiere de un acto de aplicación para incidir sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, tal como se refirió, ya que sólo a partir de ese acontecimiento -cancelación, modificación u otorgamiento de una concesión de servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades- pueden generar un impacto a su esfera jurídica. Por ello, acorde a lo expuesto, se sigue que el artículo reclamado no causa perjuicio a la parte quejosa, en tanto que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el sólo hecho de su entrada en vigor; sino que ello acontecerá cuando se ubique en alguno de los supuestos especificados en el párrafo anterior. Lo anterior reitera que los preceptos controvertidos, como se dijo anteriormente, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar un perjuicio; por ende, cabe concluir que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnarlos por este medio de control constitucional con motivo de su sola entrada en vigor, pues para ello, es necesario que se ubique en los supuestos particulares que prevén y que, a su vez, existan diversos actos que condicionen su aplicación. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo adicional para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no generan afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación. En las relatadas condiciones, como se demostró, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ** por el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdos de dieciocho y veintiocho de enero del año en curso, pues aclaró que el precepto normativo que tilda de inconstitucional de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, es el punto segundo transitorio y que lo reclama por su entrada en vigor; en tales condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis aislada 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Precisión de los actos reclamados En esencia, la parte quejosa reclama en el escrito de demanda: ". De las responsables ordenadoras C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y C. Presidente de la Legislatura del Estado de Puebla, reclamo: a).- La inconstitucional promulgación de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. b).- El ilegal procedimiento seguido por las autoridades señaladas como responsables, mediante el cual se promulga la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De las responsables ejecutoras: C. Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado y C. Subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, reclamo: a).- La ilegal ejecución de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. De todas las responsables reclamo las consecuencias y efectos legales de sus actos, lo que deriva en una aplicación de forma retroactiva de la Ley, lo que genera una franca violación de mis derechos humanos, garantías individuales y de debido proceso, que están debidamente protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." Asimismo, en el escrito aclaratorio indicó: ". 1.- Señalo como parte de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el punto segundo transitorio, mediante el cual se pretende abrogar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por ser violatorio del artículo 14 constitucional. ."De lo que se tiene que el quejoso reclama en esencia: El artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo de su entrada en vigor. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que la norma combatida le causara perjuicio con su sola entrada en vigor. Ahora bien, para definir el carácter de la norma general reclamada, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) De la lectura de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente (autoaplicativa), sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere (heteroaplicativa). En ese sentido, la norma general autoaplicativa es aquella que con su simple entrada en vigor crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer; a su vez, dicha situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma vincula a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran. En cambio, se está ante una disposición heteroaplicativa cuando con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, del propio individuo o de un diverso particular. Resulta de vital importancia distinguir la noción de perjuicio, en función de la modalidad de la normativa impugnada -autoaplicativa o heteroaplicativa-, puesto que en el primer caso, el perjuicio puede materializarse y reflejarse en un acto de aplicación que permite advertir la colocación de la parte promovente en los supuestos legales de la norma combatida; en cambio, en el caso de normas generales de carácter heteroaplicativo, el análisis de la noción de perjuicio se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto concreto de aplicación, pues es a través de este en el que se materializa el contenido de las disposiciones combatidas bajo esa modalidad. En ambos casos, la noción de perjuicio trasciende a la naturaleza jurídica de la norma, e implica el deber, por parte de quien se estima afectado, de acreditar dicho extremo, por lo que se convierte en una cuestión de prueba. En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación. En cambio, por lo que ve a las normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar. En el caso, el estándar de agravio aplicable es el de interés jurídico, ya que la parte quejosa debe demostrar que la norma reclamada incide de manera directa en su esfera de derechos; y, no así el interés legítimo, pues no reclama una afectación indirecta o abstracta; es decir, no se actualiza el interés legítimo por no reclamarse un perjuicio indirecto. Si bien la Ley de Amparo establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio. Entonces, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar si, dado el carácter de normas autoaplicativas que la parte quejosa atribuye a las normas generales combatidas, es decir, el artículo segundo transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, dicha porción normativa que en esta vía se reclama, establece lo siguiente: ". TRANSITORIOS . SEGUNDO. Se abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho. ." Del precepto citado, se advierte que requiere un acto concreto de aplicación a fin de que irrogue agravio al particular; por ende, dicho dispositivo tiene una naturaleza heteroaplicativa, cuya aplicación no se encuentra acreditada por el quejoso, es decir, por su sola entrada en vigor no le causa perjuicio alguno. Lo anterior, en virtud de que la abrogación de la anterior Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla no causa por sí sola una afectación al particular, pues las figuras y supuestos normativos que contiene tal ordenamiento ahora se contendrán en el nuevo ordenamiento publicado el pasado tres de diciembre de dos mil veintiuno y en todo caso de restringirse, modificarse o cancelarse alguna figura, permiso, concesión o servicio previsto en el anterior ordenamiento, este sería el acto que causaría perjuicio de la parte promovente y no en sí la sola abrogación del ordenamiento. Por ello, en términos generales, la porción normativa reclamada se relaciona con situaciones específicas de los individuos a los que se encuentra dirigido previstos en la ley abrogada y ahora en la nueva ley publicada, para lo cual establece distintas condiciones a fin de que éstos las acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos; esto es, dicho precepto prevé únicamente la abrogación de un ordenamiento y no solo configura un sistema normativo, sino que dirige a los interesados al nuevo ordenamiento -Ley de Transporte del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el tres de diciembre de dos mil veintiuno-, el cual contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien los reclama; por el contrario, requieren que se cumplan las condiciones dispuestas, relativas al otorgamiento, cancelación o vigencia de las concesiones otorgadas y que se otorguen el cualquiera de sus modalidades. Ello se traduce en que, para que el supuesto jurídico de las normas combatidas incida sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, necesario es que se encuentre en el supuesto de otorgamiento, cancelación o modificación de los permisos o concesiones otorgadas por la Secretaría de Transporte del Estado de Puebla; lo anterior, como acto concreto de aplicación. En tal virtud, la norma referida requiere un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual no se reclama en la presente instancia. En efecto, como se vio, la porción normativa reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el gobernado no se encuentra en la situación prevista en la norma por su sola entrada en vigor, sino que, para que aquél se encuentre obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, es indispensable la existencia de un acto posterior de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal, o que emane de la voluntad del propio particular o de un tercero que actúe en auxilio de una autoridad. De tal manera que, se reitera, tratándose de normas heteroaplicativas, si se promueve el juicio de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, habrá de considerarse improcedente, en virtud de que aún no se produce ningún perjuicio o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, de acuerdo al referido artículo 61, fracción XII, de la ley en la materia, que dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En esas condiciones, resulta inconcuso que la sola emisión de la norma reclamada no implica perjuicio alguno a la esfera jurídica del recurrente, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que la acción constitucional debe condicionarse a la existencia previa del acto de aplicación de la ley, perjudicial a los intereses de la parte quejosa; lo que tiene su razón de ser en que la promoción de la demanda de amparo se basa en la búsqueda de protección contra leyes o actos que violen derechos humanos de los gobernados, y no de los que probablemente pudieran perjudicarlo en un futuro. Esto es, la porción normativa reclamada dirige a la vigencia de un nuevo ordenamiento que regula condiciones específicas de los individuos a los que se encuentran dirigidos, para lo cual establecen distintos requisitos a fin de que éstos los acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos. Esto es, la nueva disposición que entró en vigor no solo configuran un sistema normativo, sino que contiene condicionantes claras para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien lo reclama; sino que, para ello, es necesario que se den los supuestos previstos en la misma. Así, dado el carácter de sistema normativo que asiste al precepto reclamado, es claro que su entendimiento integral conduce de manera clara a estimar que existen condiciones particulares para que las disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento en vigencia puedan estimarse susceptibles de generar afectación a la esfera de derechos del quejoso, considerando su situación actual; ello, ya que, en primer término, deberá ubicarse en alguno de los supuestos previstos en la norma en vigor. En otras palabras, la norma combatida, aun cuando se impugne desde la perspectiva de autoaplicativa, requiere de un acto de aplicación para incidir sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, tal como se refirió, ya que sólo a partir de ese acontecimiento -cancelación, modificación u otorgamiento de una concesión de servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades- pueden generar un impacto a su esfera jurídica. Por ello, acorde a lo expuesto, se sigue que el artículo reclamado no causa perjuicio a la parte quejosa, en tanto que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el sólo hecho de su entrada en vigor; sino que ello acontecerá cuando se ubique en alguno de los supuestos especificados en el párrafo anterior. Lo anterior reitera que los preceptos controvertidos, como se dijo anteriormente, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar un perjuicio; por ende, cabe concluir que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnarlos por este medio de control constitucional con motivo de su sola entrada en vigor, pues para ello, es necesario que se ubique en los supuestos particulares que prevén y que, a su vez, existan diversos actos que condicionen su aplicación. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo adicional para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no generan afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación. En las relatadas condiciones, como se demostró, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el cual, devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del toca de revisión *** dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo *** SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *** contra el acto reclamo atribuido a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Amozoc, Puebla, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para los efectos precisados en la sentencia recurrida..". En tales condiciones, acúsese recibo del expediente y testimonio mencionados, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado, sin que haya lugar a glosar todo el cuaderno dado que sólo contiene copias de las actuaciones del expediente de amparo, por lo que en su oportunidad destrúyanse las copias, y anótese lo procedente en el libro de gobierno, así como, en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Amozoc, Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, remita las constancias en las que se observe el cumplimiento ordenado por el Tribunal de alzada, esto es, para los efectos precisados en la ejecutoria recurrida dictada por este juzga . . . Luego, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo se ordena notificar al superior jerárquico de dicha autoridad -Ayuntamiento del Municipio de Amozoc, Puebla- para que ordene a la señalada autoridad, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en los términos establecidos. Además, se reitera al superior jerárquico que deberá hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, consiga el cumplimiento al fallo protector pues su actuar no deberá limitarse a conminar a la responsable cumpla con el fallo constitucional, debiendo informar a este juzgado las medidas tomadas para tal fin. Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación al citado con antelación, se apercibe a la autoridad responsable requerida y a su superior jerárquico, que de hacer caso omiso a lo aquí establecido o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá a cada uno una multa . . . Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para que continúen con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación.
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