Adrian Hernandez Diaz

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Adrian Hernandez Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de lo que se acordará en párrafos siguientes. Recepción de oficios. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por medio de los cuales transcribe los proveídos de veintinueve de marzo y cuatro de abril de dos mil veintidós, de los que se desprende, en esencia, que acusa recibo de los oficios a través de los cuales este juzgado remitió las constancias del presente juicio promovido por *, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, e informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes, quedando registrado con el número 373/2022-D-1, de su índice. En ese tenor, remítase a la autoridad oficiante, copia certificada de las constancias que obran en el presente cuaderno, generadas con motivo de la suspensión de plano concedida, a partir de que se ordenó la incompetencia de este juzgado. Certificación de cuenta. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a la autoridad indicada.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos el informe respecto de la suspensión de plano rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Recepción de escrito. De igual forma, agréguese a los autos el escrito signado por los directos quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, así como por el promovente a favor de aquéllos Adrián Hernández Díaz, mediante el cual señala el domicilio que establecerán en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, señalando que también pueden establecerlo en esta ciudad; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales conducentes. Requerimiento de cumplimiento a la suspensión de plano. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante al rendir su informe de cuenta, se limita a señalar que no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, "toda vez que el suscrito no ha ordenado o ejecutado acto o resolución administrativa a nombre de los quejosos." En consecuencia, hágase de su conocimiento que mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, en los siguientes términos: "[.] Suspensión de plano. Tomando en consideración que los promoventes refieren en los antecedentes que vierten bajo protesta de decir verdad, que los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, fueron privados de su libertad, y se encuentran detenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 3, 15, 108, 109, 112, párrafo segundo, 125, 126, 127, 140, 148, y relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda de amparo tendiendo como actos reclamados: la detención de los directos quejosos, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento en la estación migratoria en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, así como la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro libradas en su contra, lo que se traduce en su deportación, retorno asistido o retorno voluntario. En efecto, cabe destacar que los promoventes reclaman de las autoridades responsables, como se señaló con antelación, los actos consistentes en la detención de los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, así como la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro libradas en su contra, lo que se traduce en su deportación, retorno asistido o retorno voluntario, actos que se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Al respecto, de los actos reclamados y antecedentes de estos, se advierte que los quejosos se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo. Además debe precisarse que conforme a lo previsto por el artículo 111 de la Ley de Migración, la autoridad migratoria resolverá la situación en un término de quince días hábiles a partir de su presentación. Ahora bien, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 3°, fracción X, de la Ley de Migración, una estación migratoria consiste en la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. Asimismo, de conformidad con el dispositivo 99 del mismo cuerpo normativo, la presentación de los extranjeros consiste en la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ese tenor, con fundamento en los numerales 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, consistentes en la deportación, retorno asistido o retorno voluntario, para el efecto de que los quejosos no sean deportados ni asistidos para su retorno, y queden en el lugar en que se encuentran, a disposición de este órgano de control constitucional, solo en cuanto se refiere a su libertad personal. Sin perjuicio de las medidas que este órgano jurisdiccional emita en relación con los restantes actos reclamados. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". En la misma tesitura, por lo que se refiere a la incomunicación de que se aducen están siendo objeto los directamente quejosos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dichos actos reclamados, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo, hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos derechos humanos. Por tanto, debe cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Así como los Principios Generales y Buenas Practicas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° periodo ordinario de sesiones celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil ocho, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, así como que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionales reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentran privados de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Pagina 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACION PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTAN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACION DE LA LIBERTAD." En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. En el mismo orden de ideas, por lo que se refiere a la detención de los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento de que están siendo objeto en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, se provee: Al respecto, se tiene que el alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria se rige por el aludido artículo 111 de la Ley de Migración, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento administrativo migratorio, a que se refieren los diversos preceptos 77, 78, 79 y 80 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. El tema del derecho administrativo sancionador es extenso, pues a esta sub-rama de la ciencia jurídica se subdivide a su vez en otras cinco, las cuales son: 1) Sanciones administrativas cometidas contra los reglamentos de policía. 2) Sanciones a que están sujetos los servidores públicos y particulares que tengan control sobre recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado). 3) Sanciones administrativas en materia electoral. 4) Sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado. 5) Sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, etcétera). Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso". De lo expuesto, se desprende: 1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de aplicar las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente, como lo es la inmigración. 2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario". Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis 2a. XXXV/2007, de texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, por tanto, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 162 de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad, la suspensión tendrá por efecto que cese inmediatamente, tomando el órgano jurisdiccional de amparo, las medidas que aseguren que las quejosas no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, y las mismas no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestas en libertad. Asimismo, en el presente caso, de tomarse en consideración el plazo de treinta y seis horas a que se refiere el artículo 21, cuarto párrafo, de la constitución, que prevé las sanciones privativas de libertad en sede administrativa. Asimismo el artículo 111 de la Ley de Migración, señala que: El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Y el dispositivo 148 de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. En consecuencia: a) Si teniendo como base la fecha en que los directamente agraviados fueron puestos a disposición en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los directamente agraviados sean puestos en inmediata libertad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que los quejosos queden en el lugar donde se encuentran a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejárseles en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que los agraviados estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubican los quejosos, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. Es aplicable al caso por identidad de razón la tesis I.20o.A.19 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Debiendo señalarse, además, que no resulta procedente conceder la suspensión solicitada para que el efecto de que se suspenda el procedimiento administrativo migratorio, pues ello implicaría la paralización del procedimiento natural, el cual, al ser de orden público, es insuspendible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". En el entendido de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y a la de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de la quejosa con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán, a efecto de que se les puedan practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos, para los efectos de la presente medida cautelar, no podrán ausentarse de esa ciudad, sin previa autorización del órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. [.] En ese tenor, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, y se pronuncie respecto de todos sus efectos, como lo son: ".se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, consistentes en la deportación, retorno asistido o retorno voluntario, para el efecto de que los quejosos no sean deportados ni asistidos para su retorno, y queden en el lugar en que se encuentran, a disposición de este órgano de control constitucional, solo en cuanto se refiere a su libertad personal. [.] .por lo que se refiere a la incomunicación de que se aducen están siendo objeto los directamente quejosos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dichos actos reclamados, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo, hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria. [.] .por lo que se refiere a la detención de los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento de que están siendo objeto en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, se provee: [.] En consecuencia: a) Si teniendo como base la fecha en que los directamente agraviados fueron puestos a disposición en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los directamente agraviados sean puestos en inmediata libertad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que los quejosos queden en el lugar donde se encuentran a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejárseles en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que los agraviados estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubican los quejosos, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. [.] Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de la quejosa con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán, a efecto de que se les puedan practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos, para los efectos de la presente medida cautelar, no podrán ausentarse de esa ciudad, sin previa autorización del órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. [.]." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, hágasele saber a la responsable que el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto es de orden público y, por ende, la suscrita está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que transcribe el proveído de veinticinco de marzo del año en curso, dictado en los autos del amparo en revisión 48/2022, del que se advierte que la admisión del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y acusa recibo del oficio 8785/2022 y su anexo.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por Alberto Barajas Urbina, en favor de Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, contra los actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo y de otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 350/2021-I. Suspensión de plano. Tomando en consideración que los promoventes refieren en los antecedentes que vierten bajo protesta de decir verdad, que los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, fueron privados de su libertad, y se encuentran detenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 3, 15, 108, 109, 112, párrafo segundo, 125, 126, 127, 140, 148, y relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda de amparo tendiendo como actos reclamados: la detención de los directos quejosos, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento en la estación migratoria en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, así como la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro libradas en su contra, lo que se traduce en su deportación, retorno asistido o retorno voluntario. En efecto, cabe destacar que los promoventes reclaman de las autoridades responsables, como se señaló con antelación, los actos consistentes en la detención de los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, así como la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro libradas en su contra, lo que se traduce en su deportación, retorno asistido o retorno voluntario, actos que se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Al respecto, de los actos reclamados y antecedentes de estos, se advierte que los quejosos se encuentran alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo. Además debe precisarse que conforme a lo previsto por el artículo 111 de la Ley de Migración, la autoridad migratoria resolverá la situación en un término de quince días hábiles a partir de su presentación. Ahora bien, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 3°, fracción X, de la Ley de Migración, una estación migratoria consiste en la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. Asimismo, de conformidad con el dispositivo 99 del mismo cuerpo normativo, la presentación de los extranjeros consiste en la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ese tenor, con fundamento en los numerales 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, consistentes en la deportación, retorno asistido o retorno voluntario, para el efecto de que los quejosos no sean deportados ni asistidos para su retorno, y queden en el lugar en que se encuentran, a disposición de este órgano de control constitucional, solo en cuanto se refiere a su libertad personal. Sin perjuicio de las medidas que este órgano jurisdiccional emita en relación con los restantes actos reclamados. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". En la misma tesitura, por lo que se refiere a la incomunicación de que se aducen están siendo objeto los directamente quejosos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dichos actos reclamados, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo, hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos derechos humanos. Por tanto, debe cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Así como los Principios Generales y Buenas Practicas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° periodo ordinario de sesiones celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil ocho, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, así como que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionales reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentran privados de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Pagina 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACION PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTAN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACION DE LA LIBERTAD." En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. En el mismo orden de ideas, por lo que se refiere a la detención de los directamente quejosos Adrián Hernández Díaz e Isabel Cristina Chaviano Trujillo, y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o alojamiento de que están siendo objeto en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, se provee: Al respecto, se tiene que el alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria se rige por el aludido artículo 111 de la Ley de Migración, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento administrativo migratorio, a que se refieren los diversos preceptos 77, 78, 79 y 80 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. El tema del derecho administrativo sancionador es extenso, pues a esta sub-rama de la ciencia jurídica se subdivide a su vez en otras cinco, las cuales son: 1) Sanciones administrativas cometidas contra los reglamentos de policía. 2) Sanciones a que están sujetos los servidores públicos y particulares que tengan control sobre recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado). 3) Sanciones administrativas en materia electoral. 4) Sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado. 5) Sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, etcétera). Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso". De lo expuesto, se desprende: 1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de aplicar las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente, como lo es la inmigración. 2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario". Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis 2a. XXXV/2007, de texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, por tanto, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 162 de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad, la suspensión tendrá por efecto que cese inmediatamente, tomando el órgano jurisdiccional de amparo, las medidas que aseguren que las quejosas no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, y las mismas no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestas en libertad. Asimismo, en el presente caso, de tomarse en consideración el plazo de treinta y seis horas a que se refiere el artículo 21, cuarto párrafo, de la constitución, que prevé las sanciones privativas de libertad en sede administrativa. Asimismo el artículo 111 de la Ley de Migración, señala que: El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Y el dispositivo 148 de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. En consecuencia: a) Si teniendo como base la fecha en que los directamente agraviados fueron puestos a disposición en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Migración en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los directamente agraviados sean puestos en inmediata libertad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que los quejosos queden en el lugar donde se encuentran a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejárseles en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que los agraviados estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubican los quejosos, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. Es aplicable al caso por identidad de razón la tesis I.20o.A.19 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Debiendo señalarse, además, que no resulta procedente conceder la suspensión solicitada para que el efecto de que se suspenda el procedimiento administrativo migratorio, pues ello implicaría la paralización del procedimiento natural, el cual, al ser de orden público, es insuspendible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". En el entendido de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y a la de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. b) Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de la quejosa con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirán, a efecto de que se les puedan practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos, para los efectos de la presente medida cautelar, no podrán ausentarse de esa ciudad, sin previa autorización del órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Informes sobre el cumplimiento de la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, así como que deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, infórmeseles que tienen expeditas sus facultades legales para dictar las determinaciones que correspondan en el procedimiento administrativo del cual derivan los actos reclamados, siempre y cuando no contravengan o supediten el cumplimiento de la suspensión de plano aquí decretada, ya que tal circunstancia podría actualizar la comisión del ilícito penal que a continuación se precisa. Y toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de esta ciudad, ha´gase de su conocimiento la presente determinacio´n vi´a telegra´fica, solicita´ndoles que su respectivo informe lo remitan al correo electro´nico oficial de este o´rgano de control constitucional 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar el mismo al tele´fono (444) 838 93 00, extensio´n 1456, sin perjuicio de hacerlo vi´a ordinaria, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 28, fraccio´n III, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, hágaseles saber a las responsables que el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto es de orden público y, por ende, la suscrita está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. Ahora bien, a efecto de determinar cuál órgano jurisdiccional es el legalmente competente para conocer del presente asunto, en principio es menester precisar la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará la pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el aludido artículo 37 de la Ley de la materia, es la aplicable en el caso concreto. En esa virtud, de inicio se tiene que la parte promovente señaló en la demanda como actos reclamados, los siguientes: "IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: 1. La INCOMUNICACIÓN de la que están siendo objeto ADRIAN HERNÁNDEZ DÍAZ E ISABEL CRISTINA CHAVIANO TRUJILLO. 2. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto, pues la misma fue llevada a cabo por elementos de la policía. 3. La retención en la OFICINA DE REPRESENTACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN o en cualquier otra estación o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo, sin haber cometido ninguna acción delictiva. 4. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo; 5. La inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro. 6. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tienen derecho la detenida ADRIAN HERNÁNDEZ DÍAZ E ISABEL CRISTINA CHAVIANO TRUJILLO, a fin de nombrar abogado o persona de su confianza, solicitando se le haga del conocimiento de la quejosa que el número telefónico del abogado el cual es 449-242-46-16. 7. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), de los detenidos ADRIAN HERNÁNDEZ DÍAZ E ISABEL CRISTINA CHAVIANO TRUJILLO. 8. La negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. 9. La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. 10. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional por el quejoso. 11. La omisión de hacer entrega de los documentos de identificación del quejoso, como pasaporte, el cual no existe razón legal para que este en poder de la Estación Migratoria. 12. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2, previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 13. La inconvencionalidad de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración. [.]" En ese tenor atendiendo a que los actos reclamados por la parte quejosa, se están ejecutando en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, deviene inconcuso que este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que dicho municipio, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, siendo en él donde tienen ejecución los referidos actos reclamados. Bajo la anterior premisa, procede determinar cuál de las reglas de competencia por territorio que se disponen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es la aplicable en el asunto que nos ocupa. Del referido precepto, se obtienen las siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que es aplicable la primera regla de competencia referida, puesto que como ya se dijo, conlleva una ejecución material y en la especie incluso se están ejecutando en el lugar antes indicado, por lo que la competencia para el conocimiento de la demanda de mérito recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es pertinente destacar que por Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum. De lo anterior, resulta inconcuso que si los actos reclamados, según el dicho del promovente, se están ejecutando en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en consecuencia, la competencia para conocer del presente juicio de garantías, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde se ejecutan los actos reclamados, de conformidad con los artículos que se mencionan en párrafos que anteceden. Por consiguiente, esta Juzgadora estima carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo, por considerar que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno; por lo que con fundamento lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir de plano los presentes autos al Juzgado de mérito. Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con las constancias electrónicas de la demanda de amparo y del presente proveído, sin necesidad de certificarlas dado que en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notificaciones a la parte quejosa y autorizado. En virtud de que la parte inconforme no proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Barajas Urbina, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho Correo electrónico. En atención a la manifestación del promovente en el sentido de que señala el teléfono 449-242-46-16 y el correo electrónico "abogadosags221@gmail.com", para recibir notificaciones, hágase de su conocimiento que no ha lugar a practicarle las notificaciones a través de dicho medio, toda vez que los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo; y 9, 21, 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo: Solo permiten que la práctica de notificaciones electrónicas, con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realicen a través del módulo de "notificaciones" del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien a través de la Firma Electrónica, con excepción de las autoridades responsables, de ahí que no es factible que se ordene se le notifique por medio del correo electrónico que proporciona. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse a la parte quejosa señalando la dirección de correo electrónico, así como el número telefónico que proporciona, a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Acceso al expediente electrónico. Dígasele que en conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes, sus representantes legales, e incluso las personas autorizadas, pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del tercero sobre el cual se solicita la autorización. En cuyo caso, la solicitud respectiva podrá formularse directamente por: (i) las partes (ii) o sus representantes legales, (iii) así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. De ahí que para el efecto pretendido por el promovente, al solicitar expresamente la autorización para la consulta del expediente electrónico, resulta necesario que además de proporcionar (i) el "Nombre de Usuario" que creó al registrarse en el multicitado Portal de Servicios en Línea, también deberá contar con (ii) la facultad expresa para formular la petición en comento, en términos de los dispuesto por el segundo párrafo del artículo 35 del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, toda vez que el promovente no proporcionó el nombre de usuario para tal efecto, no ha lugar a autorizarle la consulta del expediente electrónico. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio a las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.RAZÓN. ESTA FOJA ES PARTE FINAL DEL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 350/2022-I. CONSTE.

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