Adolfo Otero Padrón

Expediente 1002/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1002/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Adolfo Otero Padrón

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En diez de octubre de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ADOLFO OTERO PADRON, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veinticinco de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Adolfo Otero Padrón; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1002/2018-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La orden de reubicación y su ejecución del "área de procesados" en que se encuentra dentro del Centro de Readaptación Social La Pila en esta ciudad, a la diversa "área de sentenciados y/o población común" dentro de dicho Centro de Internamiento. Precisado lo anterior y por las razones que enseguida se expondrán, el suscrito considera que en el presente juicio constitucional, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, octavo párrafo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.]". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto". "Artículo 19. [.] Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. [.]." "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. [.]." De la transcripción del artículo y fracción de la Ley de Amparo que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que esta se actualiza en los casos en que la improcedencia resulta de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos constitucionales reproducidos, disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, en cuyo caso, dicho sitio será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estará completamente separado; asimismo, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En relación con este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia P./J. 17/2012, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En el mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.), sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión. Motivo de anterior, es dable concluir, como lo señaló la propia Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2007, emitida al resolver la contradicción de tesis 22/2006-PS, que la prisión preventiva comparte la misma naturaleza que la punitiva, en tanto que ambas entrañan la privación de la libertad del gobernado. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Tales disposiciones constitucionales se encuentran recogidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos artículos 1, 2 y 3, fracciones III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como Juez de Ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento y por persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario, en términos del artículo 32 de la referida Ley. Al respecto, los artículos 5, 18, fracción I, 31, 37 y 48 de la referida legislación establecen que los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, destinándose instalaciones distintas a las personas procesadas y a las sentenciadas; asimismo, que atañe al Comité Técnico (de los centros penitenciarios) determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al Centro Penitenciario. Adicionalmente, que la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. Por lo que, las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad serán ubicadas precisamente en espacios especiales, quienes no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que éstas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias. Debiendo destacarse que las resoluciones del referido Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. En relación con lo anterior, los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie son la ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario y la clasificación de sus áreas, en cuyo caso, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, salvo que se trate de casos urgentes, como se verá en seguida. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el Juez, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia oral en sus etapas, el Juez declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, la cual incluso podrá tener efectos generales que beneficien a todas las personas privadas de su libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una jurisdicción especializada para resolver sobre los actos realizados por la autoridad penitenciaria en materia de prisión preventiva, la cual está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados, incluso para el conocimiento de todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva) y con facultades expresas para conocer del controvertido que derive de las condiciones de internamiento, o del plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas durante su internamiento en los Centros Penitenciarios. De ahí que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una personas privada de la libertad en un Centro Penitenciario y la clasificación de sus áreas, respectivamente previstas en los artículos 5, 31 y 37 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de prisión preventiva que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a las condiciones de internamiento de tales personas. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución respectivo para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria". Luego, dichas reglas -cuyo origen y base son los preceptos inicialmente transcritos de nuestra Carta Magna- deben armonizarse con el juicio de amparo, previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 igualmente constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control por la jurisdicción especializada (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, dada la naturaleza de éste último como medio extraordinario de defensa. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de las condiciones de internamiento de las personas sujetas a prisión preventiva y cuestiones relacionadas con las mismas, como es su ubicación en un Centro Penitenciario y la clasificación de sus áreas, (respectivamente previstas en los artículos 5, 31 y 37 de la multicitada legislación), pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la Ley para tal efecto. De allí que si en el caso, el quejoso reclama la orden de reubicación y su ejecución del "área de procesados" en que se encuentra dentro del Centro de Readaptación Social La Pila en esta ciudad, a la diversa "área de sentenciados y/o población común" dentro de dicho Centro de Internamiento, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, pues en su contra se prevé el controvertido previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Nacional de Ejecución Penal. Resulta ilustrativa en lo conducente la tesis 2a. CLVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1221, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL. Para fijar la competencia por materia en un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba cumplirse una pena, así como todos los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los reclusos y situaciones conexas son de naturaleza penal; asimismo, la Primera Sala del Alto Tribunal ha sostenido que cualquier acto relacionado con las condiciones en las que se lleva la prisión preventiva (como serían los aspectos relacionados con la visita íntima y familiar) debe ser autorizado por el Juez de proceso o de la causa penal, en tanto que dicho periodo se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva. En ese sentido, se concluye que no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad ni de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de Ejecución en Materia Penal, quienes deben asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que pueden acontecer, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que, tanto el acto reclamado consistente en la negativa a otorgar más tiempo (horas) en la visita familiar e íntima y acortar los días entre visita y visita, como en la desposesión de los documentos jurídicos del sentenciado, cartas de familiares y la falta de entrega de códigos, leyes y pactos internacionales para su defensa legal, por parte de las autoridades penitenciarias, están estrechamente relacionados con la ejecución de la pena que cumplen dentro del centro preventivo donde están internos y, además, representan un problema relacionado con el trato que reciben cotidianamente conforme al nuevo modelo penitenciario de reinserción social; de ahí que corresponde conocer del asunto a un Juez especializado en materia penal y, por ende a un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en esa materia". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, párrafo tercero, 17, séptimo párrafo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa el que se indica y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral, y para imponerse de los autos al pasante de derecho señalado para tales efectos. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

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