Adrián García Fontanel
Expediente 885/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Adrián García Fontanel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el seis de agosto de dos mil dieciocho. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió el Juez Quincuagésimo Penal de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 885/2017 promovido por Adrián García Fontanel, contra actos del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 8°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Mediante proveído de esa fecha se admitió a trámite la demanda bajo el orden 885/2017; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaría, ambos de esta ciudad; 2. La orden de traslado de la Penitenciaría al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ambos de esta ciudad; y. 3. La falta de notificación de esas órdenes, atribuidas a las siguientes autoridades: a) Subsecretario de Sistema Penitenciario; b) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y c) Director de la Penitenciaría. Todas de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que se allegaron al expediente; documental que tiene valor probatorio en los términos establecidos en líneas que anteceden. No obstante la certeza de los actos reclamados, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualizan dos causales de improcedencia, las cuales son de orden preferente y se invocan de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia que aparece publicada en la página 186 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". I. La causal de improcedencia que se estima actualizada respecto del acto precisado en el punto 1, es la prevista en el numeral 61, fracción XIII, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. .". De dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el peticionario de amparo de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Bajo esta última previsión está comprendido el supuesto de improcedencia referido al acto derivado de otro consentido, que para su configuración requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación al interés jurídico del quejoso para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, que en su rubro dice "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO". Ahora, del presente sumario se aprecia que el justiciable reclama la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaría, ambos de esta ciudad, emitida por el subsecretario responsable, mediante oficio SG/SSP/2874/2017 de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, sin embargo, en el caso en particular dicha orden fue emitida en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Quincuagésimo Penal de esta ciudad -autoridad no responsable-, que mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, designó la penitenciaría de esta ciudad para que el quejoso cumpliera la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 108/2015, determinación que se notificó en esa fecha al amparista, y al subsecretario responsable por oficio 1350. En ese sentido, es incuestionable la existencia de un acto anterior al reclamado, que causa afectación al interés jurídico del justiciable, y no obstante ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, no se incorporó a esta controversia, por lo que indefectiblemente constituye un acto consentido; de ahí que se tenga acreditado el primero de los requisitos precisados, respecto de la causal de improcedencia analizada. De igual forma ha quedado evidenciada la existencia de un acto posterior -veinticinco de mayo de dos mil diecisiete- que fue consecuencia directa y necesaria de aquél, pues el subsecretario responsable en cumplimiento a lo ordenado por el juez citado, ordenó el traslado del quejoso a la Penitenciaría. Por tanto, válidamente se puede concluir que se consintió el auto emitido por el juez mencionado, que precede al reclamado, sin que exista algún indicativo de inconformidad contra el mismo, lo que denota el consentimiento tácito de aquella determinación dado que no se actualiza algún caso de excepción de los previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, si el acto reclamado es consecuencia directa y necesaria de aquél, constituye un acto derivado de otro consentido. Resultó orientador el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, que en su rubro dice "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO", así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 115 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN". II. Este órgano de control constitucional considera que en cuanto al acto precisado en el punto 2, se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". Para fundar dicha causal es necesario hacer una breve reseña de los antecedentes que se advierten de las constancias allegadas a este controvertido: 1. Mediante oficio SG/SSP/4867/2017 de veintinueve de septiembre pasado, el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, autorizó el traslado del justiciable de la Penitenciaría al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, ambos de esta ciudad, por medidas de seguridad individual (foja 28). 2. En esa fecha mediante comunicado SG/SSP/4953/2017, se hizo del conocimiento lo anterior al Juez Quincuagésimo Penal de esta ciudad -autoridad no responsable- (foja 38). 3. En ese sentido, el juez mencionado por auto de tres de octubre del año próximo pasado, requirió al citado subsecretario diversas constancias a efecto de pronunciarse en definitiva del traslado del justiciable (foja 151 del anexo). 4. Una vez que dicho órgano jurisdiccional recibió dichas constancias, mediante auto de trece de diciembre del año en cita, no convalidó el traslado del amparista, por los motivos ahí expuestos, haciéndolo del conocimiento del subsecretario de referencia (fojas 77 a 79). 5. En consecuencia, por comunicado SG/SSP/6245/2017, el subsecretario en cita, ordenó el regreso del justiciable a la penitenciaría de esta ciudad. En ese sentido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, en razón de que al momento de que se presentó la demanda que dio origen a este controvertido ya se había ejecutado contra el quejoso la orden de traslado de la Penitenciaría al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ambos de esta ciudad -acto reclamado-, y con posterioridad a ello, durante la tramitación de este juicio, se ordenó el regreso del justiciable a la penitenciaría de esta ciudad, en razón de que su traslado no se convalidó por el juez de la causa, con lo cual se hace notorio que cesó en sus efectos la orden reclamada en el punto 2. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto controvertido, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causal de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos del acto reclamado precisado en el punto 2, se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, como sucedió en la especie. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En otro aspecto, en cuanto al acto consistente en la falta de notificación de las órdenes de traslado reclamadas, este juzgado no hará análisis alguno, en virtud que los actos de las que derivaron, se actualizaron las causales de improcedencia invocadas. En consecuencia, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 61, 62, 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adrián García Fontanel, contra los actos reclamados consistentes en la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaría, ambos de esta ciudad; la orden de traslado de la Penitenciaría al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ambos de esta ciudad, y la falta de notificación de esas órdenes, atribuidas al Subsecretario de Sistema Penitenciario; Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y Director de la Penitenciaría, todos de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio signado por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, y anexo de cuenta, mediante el cual informa que el quejoso fue trasladado a la Penitenciaría de esta ciudad, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que acompaña al comunicado de cuenta, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, de autos se advierte que se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto la autoridad oficiante diera cumplimiento a lo requerido en autos, lo que en el caso acontece, por tanto, se señala como nueva fecha para la celebración de la audiencia el once de enero de dos mil dieciocho a las once horas con veinte minutos.
- Principal
Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Quincuagésimo Penal de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en acuerdo de doce del mes en curso, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que acompaña al comunicado de cuenta, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, del anexo de cuenta, se advierte que mediante resolución de trece del mes en curso, el citado juez se pronunció en cuanto al traslado del quejoso, haciendo del conocimiento dicha determinación al Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad. En ese sentido, requiérase al subsecretario mencionado, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, informe el cumplimiento que dio a la determinación que emitió el juez en cita, a fin de que este juzgado acuerde lo que en el caso corresponda. En el entendido que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyo rubro es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.
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