Adrián Arroyo González

Expediente 408/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
408/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
04/04/2017

Partes del expediente

  • Adrián Arroyo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el cinco de octubre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. En otro contexto, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados en apoyo al informe justificado de la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse. Por otro lado, respecto del sobre con número de registro 25/2016 que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional, en el que consta información de la tercero interesada, al no ser necesaria tal información, extráigase dicho sobre del seguro del juzgado y, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la que interpuso el recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien el trece de febrero del presente año, revocó la sentencia materia de la revisión y concedió la protección constitucional para el efecto de que el Juez Vigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México realizara lo siguiente: "a) deje insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, por la que se dictó auto de plazo constitucional en los autos de la causa penal 363/2008; b) considere que no hay pruebas para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de Robo calificado, por consiguiente, en términos del artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad dicte el auto de libertad únicamente en cuanto a esta causa, con las reservas de ley a favor de Adrián." El veintiuno siguiente se requirió a dicha responsable el cumplimiento de la misma. Así, mediante oficio presentado el veintisiete del mismo mes y año, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en la causa penal 363/2008, el veinticuatro anterior, en la que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciséis; asimismo, determinó que no hay pruebas para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de robo calificado por el que el Ministerio Público ejerció acción penal en su contra, por lo que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, quedando la causa para los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales aplicable. Por ende, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido al demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio, pues la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; de ahí que este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Por último, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales la autoridad signante refiere dar cumplimiento a la sentencia protectora. Por tanto, con el informe y anexo del cumplimiento mencionado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y a la tercera interesada para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, de los que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, devuelve los autos del juicio de amparo 408/2016 y remite el testimonio de la resolución dictada en el toca A.R. 297/2016; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adrián Arroyo González, contra el acto reclamado del Juez Vigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México, para los efectos indicados en la parte final del último considerando". Ahora, la protección constitucional concedida al quejoso es para los efectos precisados en la ejecutoria del tribunal revisor que deberá acompañarse en copia certificada al oficio que se remita a la autoridad responsable. Por tanto, con apoyo en los preceptos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días informe a este juzgado acerca del cumplimiento que haya dado a la sentencia ejecutoriada o el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la ley de la materia, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado. Finalmente, por lo que hace al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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