Adrián García Aguilar
Expediente 1514/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adrián García Aguilar
- Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en turno
- Vianey Torres Rodríguez y Otros.
- Adrián García Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente; archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y resolución interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el veinte de octubre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. De igual forma, devuélvase la copia certificada de las constancias conducentes relativas a la causa penal 203/2018 y un disco versátil digital (DVD), que en apoyo a su informe justificado remitió el Juez de Control en Turno, adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Agréguese copia autorizada de este proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1514/2019-VII, promovido por Adrián García Aguilar, contra actos que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otros, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se recibió de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo del quejoso, contra actos que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y otros. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a su homólogo adscrito al Juzgado responsable y a Vianey Torres Rodríguez, como tercera interesada, por proveídos del trece de enero de dos mil veinte y de 15 de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 99-100 y 50); se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo conforme al acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisa el acto reclamado en el presente juicio, el cual lo constituye: La orden de aprehensión solicitada en la etapa intermedia por el representante social en contra de Adrián García Aguilar y librada por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 203/2018, que se le instruye por el delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 324, fracción XII, 325 fracción IV, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, denunciado por Vianey Torres Rodríguez; y que tratan de cumplir las ejecutoras. Tercero. Actos existentes. El Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, (foja 23), el Director Jurídico, Encargado del Departamento Jurídico y Comandante de Aprehensiones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Estatal, respectivamente (fojas 14, 15 y 16), todas del Estado de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que sí es cierto el acto que se les reclama, por lo que se tienen por ciertos los actos ante la manifestación categórica que realizó las autoridades responsables. Lo que se corrobora con las diversas constancias relativas a la causa penal, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitidos por el Juez responsable como justificación de su informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, decretó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 324, fracción XII, 325 fracción IV, del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, denunciado por Vianey Torres Rodríguez. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que este juzgado advierta de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a su transcripción. Previamente cabe precisar que en el presente asunto es necesario suplir la queja para realizar un estudio integral del acto reclamado, en virtud que el quejoso no controvierte en forma total las cuestiones que inciden en la orden de aprehensión y detención; por tanto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, este Juzgado examinará el acto en suplencia, atendiendo al mayor beneficio del impetrante de amparo, en atención a que afecta su libertad personal y es necesario verificar la seguridad jurídica de los gobernados en este tipo de actos. El solicitante de amparo argumenta medularmente que la orden de aprehensión dictada en su contra, es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, y que no se encuentra fundada y motivada, atentando con ello la seguridad jurídica que debe prevalecer en toda autoridad encargada de administrar justicia. Lo anterior resulta infundado. Para exponer las razones de ello, se toma en consideración que el acto reclamado es una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, por lo que cabe destacar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los antes citados principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en que las partes actúan en un plano de igualdad. La base normativa de la orden de aprehensión se sustenta en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, lo que implica satisfacer el derecho de debida fundamentación y motivación en la resolución. Al citado artículo 16 constitucional, establece: "Artículo 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el iniciado lo cometió o participó en su comisión." Es pertinente precisar que el análisis del presente asunto, se realizará al tenor de lo previsto por los artículos 141, 174 y 331, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del artículo 104 de este Código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar; siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio." "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o En los demás casos que la ley señale." Ahora bien, de manera medular el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa en sus fracciones lo siguiente: La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Ahora, el propio numeral prevé distintos supuestos para librar orden de aprehensión (los cuales son distintos al contenido en la fracción III) a saber: Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) no comparezca a una citación judicial, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción de la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Juzgado estima que al prever como supuesto que a) no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Se estima así, porque los siguientes supuestos -b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. Entonces, es necesario aclarar que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquélla a la inicial (audiencia intermedia) y lo incumple, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, y a petición de la autoridad competente se emita la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Una vez relatado lo anterior, el que resuelve considera que, contrario a lo que alega el quejoso, sí fue correcta la determinación emitida por la responsable, toda vez que para la audiencia intermedia del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, a la que fue citado, no compareció a pesar de estar debidamente notificado para ello. Lo que así consideró el juez responsable, toda vez que desde el catorce de agosto de dos mil diecisiete, fijó el diecisiete de septiembre de ese año, a las doce horas con treinta minutos, para la celebración de la audiencia intermedia; notificándose dicho acuerdo al imputado, haciéndosele saber su obligación de comparecer a la audiencia y apercibido de que de no hacerlo, podría ser declarado sustraído a la acción de la justicia; difiriéndose la misma en diversas ocasiones (dos, siete de octubre, ambas de dos mil diecinueve, con motivo de cambio de defensor público al particular del imputado, por inasistencia médica justificada de éste último) difiriéndose para el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, persistiendo en todas la obligación de asistir y el apercibimiento decretado al aquí quejoso. Además, al considerar que no quedó justificada su inasistencia para ese día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por resultar insuficientes los argumentos expuestos por el defensor particular del aquí quejoso, en esa propia audiencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, puesto que a dicho del defensor sí se presentó a las once horas de ese día (veintiuno de octubre de dos mil diecinueve) en las instalaciones de ese recinto judicial, a pesar de que la audiencia estaba fijada a las doce horas con treinta minutos; sin embargo, no se corroboró que recibió una llamada telefónica de la escuela a la que asiste su hijo para que fuera por él, por presentar un cuadro de influenza, tampoco que su esposa estuviera en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, atendiendo un asunto del contrato de construcción y suministro de materiales de fecha veintinueve de junio de dos mil diecinueve, firmado por su defenso y que en copia simple exhibió. En tal virtud, al estar obligado el imputado de comparecer en la fecha y hora a la audiencia intermedia y no justificar fehacientemente su inasistencia, con fundamento en los artículos 141 y 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó la sustracción de la justicia del imputado y suspendió el proceso. De tal suerte que, para declarar sustraído de la acción de la justicia al quejoso, conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del código adjetivo invocado, era necesario que ya se encontrara sometido al proceso adversarial; es decir, que por lo menos ya se hubiese presentado a la audiencia inicial de formulación de la imputación, lo que sucedió en el presente caso, pues el tribunal de apelación al revocar la resolución de primera instancia dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de fraude específico previsto y sancionado por los numerales 324, fracción XII y 325 fracción IV, ambos del Código Penal Federal del Estado, en vigor, y por tanto, ya se encuentra sujeto a un proceso, además, ese ilícito contempla una pena privativa de la libertad de cuando menos cinco años. Como consecuencia, el Ministerio público solicitó al Juez de Control responsable se librará la correspondiente orden de aprehensión en contra de Adrián García Aguilar, con fundamento en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por considerar que el imputado no tiene el ánimo de sujetarse al proceso, entorpeciendo su curso, al ser indispensable su presencia para la continuación del mismo. Posteriormente, considerando lo anterior el juez responsable por acuerdo del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en términos de los dispuesto en el numeral 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó la aprehensión del quejoso Adrián Aguilar García, para el efecto de continuar con el proceso penal 203/2018 (acto reclamado). En ese contexto, a criterio del que aquí resuelve, el Juez responsable cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación requeridos, y actuó conforme a los lineamientos que la ley adjetiva de la materia exige para emitir una orden de aprehensión, puesto que a petición del Ministerio Público y debido a que el quejoso no asistió a la audiencia intermedia (sin haber acreditado alguna causa que justificara su inasistencia a la misma), y previamente decretado la sustracción de la acción de la justicia, ordenó la restricción de su libertad (aprehensión) haciendo alusión al párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en el momento del pronunciamiento del acto reclamado, de tal modo que la orden de aprehensión emitida encuentra colmados los requisitos de fundamentación y motivación exigidos. Apoya lo anterior la tesis de la Décima Época, con número de registro 2018124, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia Penal, página 2408, que es del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez." Tiene sustento a lo anterior, la tesis 260, de la Segunda Sala, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, II, Diciembre de 1995, Jurisprudencia, Materia(s): Común. Común; Séptima Época, registro 394216, página 175, del rubro y texto siguientes. "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, el quejoso señala que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional. Es infundado. Esto es así, porque si bien todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia antes de la emisión de algún acto emitido por determinada autoridad; sin embargo, en el presente caso, dada que se le declaró sustraído de la acción de la justicia al no comparecer injustificadamente a la audiencia intermedia a la que previamente fue citado, denota que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, pues no comparecerá voluntariamente de acuerdo a lo analizado. En consecuencia, es evidente, como lo consideró el Juez responsable, que los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para el dictado de la orden de aprehensión reclamada, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se violan los derechos fundamentales del quejoso, ni el principio de presunción de inocencia de que goza el imputado. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras por no reclamarse el acto por vicios propios. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Adrián Aguilar García, respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido por la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de octubre de dos mil veinte, en que las labores lo permitieron.
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citatorio...Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1514/2019-VII, promovido por Adrián García Aguilar, contra actos que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otros, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se recibió de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo del quejoso, contra actos que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y otros. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a su homólogo adscrito al Juzgado responsable y a Vianey Torres Rodríguez, como tercera interesada, por proveídos del trece de enero de dos mil veinte y de 15 de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 99-100 y 50); se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo conforme al acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisa el acto reclamado en el presente juicio, el cual lo constituye: La orden de aprehensión solicitada en la etapa intermedia por el representante social en contra de Adrián García Aguilar y librada por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Yucatán, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 203/2018, que se le instruye por el delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 324, fracción XII, 325 fracción IV, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, denunciado por Vianey Torres Rodríguez; y que tratan de cumplir las ejecutoras. Tercero. Actos existentes. El Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, (foja 23), el Director Jurídico, Encargado del Departamento Jurídico y Comandante de Aprehensiones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Estatal, respectivamente (fojas 14, 15 y 16), todas del Estado de Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que sí es cierto el acto que se les reclama, por lo que se tienen por ciertos los actos ante la manifestación categórica que realizó las autoridades responsables. Lo que se corrobora con las diversas constancias relativas a la causa penal, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitidos por el Juez responsable como justificación de su informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, decretó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 324, fracción XII, 325 fracción IV, del Código Penal del Estado de Yucatán, en vigor, denunciado por Vianey Torres Rodríguez. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que este juzgado advierta de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a su transcripción. Previamente cabe precisar que en el presente asunto es necesario suplir la queja para realizar un estudio integral del acto reclamado, en virtud que el quejoso no controvierte en forma total las cuestiones que inciden en la orden de aprehensión y detención; por tanto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, este Juzgado examinará el acto en suplencia, atendiendo al mayor beneficio del impetrante de amparo, en atención a que afecta su libertad personal y es necesario verificar la seguridad jurídica de los gobernados en este tipo de actos. El solicitante de amparo argumenta medularmente que la orden de aprehensión dictada en su contra, es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, y que no se encuentra fundada y motivada, atentando con ello la seguridad jurídica que debe prevalecer en toda autoridad encargada de administrar justicia. Lo anterior resulta infundado. Para exponer las razones de ello, se toma en consideración que el acto reclamado es una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, por lo que cabe destacar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los antes citados principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en que las partes actúan en un plano de igualdad. La base normativa de la orden de aprehensión se sustenta en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, lo que implica satisfacer el derecho de debida fundamentación y motivación en la resolución. Al citado artículo 16 constitucional, establece: "Artículo 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el iniciado lo cometió o participó en su comisión." Es pertinente precisar que el análisis del presente asunto, se realizará al tenor de lo previsto por los artículos 141, 174 y 331, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del artículo 104 de este Código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar; siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio." "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o En los demás casos que la ley señale." Ahora bien, de manera medular el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa en sus fracciones lo siguiente: La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Ahora, el propio numeral prevé distintos supuestos para librar orden de aprehensión (los cuales son distintos al contenido en la fracción III) a saber: Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) no comparezca a una citación judicial, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción de la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Juzgado estima que al prever como supuesto que a) no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Se estima así, porque los siguientes supuestos -b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. Entonces, es necesario aclarar que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquélla a la inicial (audiencia intermedia) y lo incumple, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, y a petición de la autoridad competente se emita la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Una vez relatado lo anterior, el que resuelve considera que, contrario a lo que alega el quejoso, sí fue correcta la determinación emitida por la responsable, toda vez que para la audiencia intermedia del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, a la que fue citado, no compareció a pesar de estar debidamente notificado para ello. Lo que así consideró el juez responsable, toda vez que desde el catorce de agosto de dos mil diecisiete, fijó el diecisiete de septiembre de ese año, a las doce horas con treinta minutos, para la celebración de la audiencia intermedia; notificándose dicho acuerdo al imputado, haciéndosele saber su obligación de comparecer a la audiencia y apercibido de que de no hacerlo, podría ser declarado sustraído a la acción de la justicia; difiriéndose la misma en diversas ocasiones (dos, siete de octubre, ambas de dos mil diecinueve, con motivo de cambio de defensor público al particular del imputado, por inasistencia médica justificada de éste último) difiriéndose para el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, persistiendo en todas la obligación de asistir y el apercibimiento decretado al aquí quejoso. Además, al considerar que no quedó justificada su inasistencia para ese día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por resultar insuficientes los argumentos expuestos por el defensor particular del aquí quejoso, en esa propia audiencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, puesto que a dicho del defensor sí se presentó a las once horas de ese día (veintiuno de octubre de dos mil diecinueve) en las instalaciones de ese recinto judicial, a pesar de que la audiencia estaba fijada a las doce horas con treinta minutos; sin embargo, no se corroboró que recibió una llamada telefónica de la escuela a la que asiste su hijo para que fuera por él, por presentar un cuadro de influenza, tampoco que su esposa estuviera en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, atendiendo un asunto del contrato de construcción y suministro de materiales de fecha veintinueve de junio de dos mil diecinueve, firmado por su defenso y que en copia simple exhibió. En tal virtud, al estar obligado el imputado de comparecer en la fecha y hora a la audiencia intermedia y no justificar fehacientemente su inasistencia, con fundamento en los artículos 141 y 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó la sustracción de la justicia del imputado y suspendió el proceso. De tal suerte que, para declarar sustraído de la acción de la justicia al quejoso, conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del código adjetivo invocado, era necesario que ya se encontrara sometido al proceso adversarial; es decir, que por lo menos ya se hubiese presentado a la audiencia inicial de formulación de la imputación, lo que sucedió en el presente caso, pues el tribunal de apelación al revocar la resolución de primera instancia dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de fraude específico previsto y sancionado por los numerales 324, fracción XII y 325 fracción IV, ambos del Código Penal Federal del Estado, en vigor, y por tanto, ya se encuentra sujeto a un proceso, además, ese ilícito contempla una pena privativa de la libertad de cuando menos cinco años. Como consecuencia, el Ministerio público solicitó al Juez de Control responsable se librará la correspondiente orden de aprehensión en contra de Adrián García Aguilar, con fundamento en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por considerar que el imputado no tiene el ánimo de sujetarse al proceso, entorpeciendo su curso, al ser indispensable su presencia para la continuación del mismo. Posteriormente, considerando lo anterior el juez responsable por acuerdo del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en términos de los dispuesto en el numeral 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó la aprehensión del quejoso Adrián Aguilar García, para el efecto de continuar con el proceso penal 203/2018 (acto reclamado). En ese contexto, a criterio del que aquí resuelve, el Juez responsable cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación requeridos, y actuó conforme a los lineamientos que la ley adjetiva de la materia exige para emitir una orden de aprehensión, puesto que a petición del Ministerio Público y debido a que el quejoso no asistió a la audiencia intermedia (sin haber acreditado alguna causa que justificara su inasistencia a la misma), y previamente decretado la sustracción de la acción de la justicia, ordenó la restricción de su libertad (aprehensión) haciendo alusión al párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en el momento del pronunciamiento del acto reclamado, de tal modo que la orden de aprehensión emitida encuentra colmados los requisitos de fundamentación y motivación exigidos. Apoya lo anterior la tesis de la Décima Época, con número de registro 2018124, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia Penal, página 2408, que es del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez." Tiene sustento a lo anterior, la tesis 260, de la Segunda Sala, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, II, Diciembre de 1995, Jurisprudencia, Materia(s): Común. Común; Séptima Época, registro 394216, página 175, del rubro y texto siguientes. "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, el quejoso señala que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional. Es infundado. Esto es así, porque si bien todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia antes de la emisión de algún acto emitido por determinada autoridad; sin embargo, en el presente caso, dada que se le declaró sustraído de la acción de la justicia al no comparecer injustificadamente a la audiencia intermedia a la que previamente fue citado, denota que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, pues no comparecerá voluntariamente de acuerdo a lo analizado. En consecuencia, es evidente, como lo consideró el Juez responsable, que los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para el dictado de la orden de aprehensión reclamada, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se violan los derechos fundamentales del quejoso, ni el principio de presunción de inocencia de que goza el imputado. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras por no reclamarse el acto por vicios propios. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Adrián Aguilar García, respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido por la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de octubre de dos mil veinte, en que las labores lo permitieron.
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