Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui

Expediente 2293/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2293/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui
  • Ismael Pérez Zetina y Otros.
  • Ismael Pérez Zetina
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diez de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. De conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós y por resolución interlocutoria de veintiocho de abril del mismo año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente acuerdo. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio CJPF/YUC/125/2022 remitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a los actos reclamados en este asunto y remite diversas constancias; oficio y documentales que se ordenan agregar a los presentes autos para que obren como correspondan. Ahora bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica, en torno a los actos reclamados por los quejosos Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui e Ismael Pérez Zetina. Se afirma lo anterior, ya que los actos reclamados por los citados quejosos consisten en: La aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en particular la adición del artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al disponer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa para diversos supuestos penalmente relevantes, en el caso el relativo a la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b) de la citada ley especial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. La resolución dictada en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que impuso prisión preventiva oficiosa, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, que actúa como Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en la causa penal 74/2021, que se sigue en contra de los quejosos como probables responsables de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el número 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que pretende ejecutar la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en funciones de Jueza de Ejecución, en los procedimientos de ejecución de números 82/2021 y 83/2021, respectivamente. Cuya existencia se corroboró con los informes justificados rendidos por las responsables y con las constancias remitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán. Sin embargo, del oficio CJPF/YUC/125/2022 de cuenta, del mencionado Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán y de las constancias remitidas y las que se consultan del expediente electrónico de la causa penal de origen, que se hizo disponible en el presente juicio de amparo, documentales públicas con pleno valor probatorio, se desprende que en audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en autos de la causa penal 74/2021 que se sigue contra los aquí quejosos Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui e Ismael Pérez Zetina, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el número 11, inciso a), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual se declaró firme ante la renuncia de las partes a los plazos para impugnación y se dejó sin efectos la medida cautelar decretada -prisión preventiva oficiosa- contra los ahora quejosos, quienes incluso se acogieron al beneficio de la condena condicional, por lo que ordenó su inmediata libertad en dicho proceso penal. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualizó un cambio de situación jurídica, el cual, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior, se determina que si en el presente juicio de amparo se combatió la resolución dictada en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que impuso prisión preventiva oficiosa en la causa penal 74/2021 de origen y su ejecución, y con posterioridad se dictó sentencia en procedimiento abreviado, la cual quedó firme en esa misma audiencia, dejándose sin efectos la medida cautelar impuesta, esto es, la prisión preventiva oficiosa y se ordenó la inmediata libertad de los quejosos; por lo tanto, es evidente que los actos atribuidos a las autoridades responsables quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica. Esto, porque es evidente que cambió la situación jurídica de los quejosos, que reclamaron la resolución, que impuso prisión preventiva oficiosa y su ejecución, siendo que ante las nuevas circunstancias, ahora ya no puede ser analizado aquel acto, al haber dejado de surtir efectos la citada medida cautelar, que fue la de prisión preventiva oficiosa, con motivo de declararse firme la sentencia dictada en el juicio de origen, además que al allanarse a la condena condicional, se ordenó la libertad de aquellos. En esas condiciones, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, y por tanto, se actualiza la causal prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis II.2o.P.44 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Común, Penal, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, registro digital 2013315, página 1702, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Énfasis añadido. Por consiguiente, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en relación con el acto concreto de aplicación reclamado impide jurídicamente examinar el tema de constitucionalidad del artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que dispone la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, porque no puede desvincularse el estudio de la ley, del que concierne a su acto de aplicación, que consistió en la resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual, como ya se expuso, dejó de surtir efectos. Apoya a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 221, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo I, Parte SCJN, página 210, Materia Constitucional, con registro electrónico 389674, que dice lo siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". De este contexto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega a los quejosos Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui e Ismael Pérez Zetina, la suspensión definitiva de los actos que reclaman del Presidente de la República y otras autoridades, por la razón expuesta en el considerando segundo de esta interlocutoria. Segundo. Se concede a los quejosos Adrián de Jesús Jiménez Gorrochotegui e Ismael Pérez Zetina, la suspensión definitiva de los actos que reclaman del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Carlos Arturo Cano Reed, actuando como Juez de Control, así como de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese (.)

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