Adrián Fernández Miranda
Expediente 1160/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Adrián Fernández Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documento. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que acuda a este órgano por la devolución de documentos originales; toda vez que estos no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la presidenta y la actuaria de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa a su informe la citada autoridad responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las constancias probatorias remitidas por las autoridades, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En la especie, los actos reclamados a las autoridades responsables, consisten en: 1) La fecha señalada para el desahogo de las de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio********************; y 2) la omisión de emplazar a la parte demandada. En este punto versará respecto al primero de los actos reclamados señalados anteriormente; resulta pertinente mencionar que existen dos hipótesis en relación con la cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar del presidente de la Junta responsable, se sustituyó lo determinado pues de las documentales exhibidas, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que corrigió el procedimiento y señaló las diez horas del veinticinco de noviembre siguiente, para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral********************, pronunciamiento que incide en la vigencia y ejecutividad del acto combatido en sede constitucional, pues este quedó procesalmente sustituido. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Por otra parte, respecto al segundo de los actos señalados por la parte quejosa -omisión del actuario responsable, de emplazar a la parte demandada ********************; de las constancias remitidas, se advierte que las demandadas, quedaron emplazadas. Lo que denota que desapareció la causa de paralización del procedimiento laboral de origen. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las responsables, se restituyó a la quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). Visto lo de cuenta, se advierte que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señala para su celebración las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 1. Ampliación de demanda. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la parte quejosa, mediante el cual, amplía la demanda de derechos, y señala como autoridad responsable al actuario notificador de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En tal contexto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación propuesta. 2. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable -nueva autoridad- rinda su respectivo informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. A fin de que este en aptitud de cumplir con lo anterior, se ordena remitir copia del escrito inicial de demanda, auto de radicación, del escrito que se atiende y del presente proveído. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 3. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 4. Requerimiento a la autoridad. Requiérasele a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo haga saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 5. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 6. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 7. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la responsable para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 8. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente será notificada por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 9. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 10. audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable en vía de ampliación que se encuentran señaladas las diez horas con veintiséis minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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