Adolfo Dávila Payán

Expediente 414/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
414/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Dávila Payán
  • Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, en virtud de que se desechó la demanda relativa al presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias certificadas que sirvieron de apoyo para emitir el testimonio emitido en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que el referido órgano colegiado, en la materia del recurso de queja civil 64/2021, de su índice, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 414/2021." Acúsese el recibo de estilo de la copia certificada del testimonio pronunciado en la queja civil 64/2021 de su control. Destrúyanse las copias certificadas en comento, mismas que fueron devueltas por la oficiante. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere al promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación será destruida. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de mayo de dos mil veintiuno. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la parte quejosa, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, 98, 99, 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer, en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito que firma Adolfo Dávila Payán en su calidad de parte quejosa, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al efecto se provee: 2. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado tiene los datos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLEEXPEDIENTE DEL QUE DIMANA EL ACTO RECLAMADO Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito dependiente del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Toca Civil 85/2020 ACTO RECLAMADO Resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictada por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en los autos del Toca Civil 85/2020, en la que, en lo medular, confirmó la interlocutoria de excepción de incompetencia por declinatoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dentro del expediente 851/2019, relativo al juicio sumario civil (pago de honorarios), promovido por el quejoso en contra del Partido de la Revolución Democrática, en la que, en lo sustancial, se declaró incompetente para conocer del juicio y declinó la competencia al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en turno de la Ciudad de México para efecto de que conozca y resuelva la controversia planteada por las partes en el consabido juicio. Respecto de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto,..." De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales citados se observa que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, la parte promovente deberá aducir que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe referir que para determinar la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que se analicen temas de competencia, el legislador estableció en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo que éste procede en los supuestos en los que la autoridad determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014 precisó que era necesario indicar el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia de competencia, pues si bien éste procede contra los actos de autoridad que determinen declinarla o inhibirla, ello debe ser bajo la condición de que esas resoluciones tengan el carácter de definitivas. Lo anterior, a fin de fijar cuándo se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación destacó que aun cuando no se tiene certeza si el legislador tuvo, o no, la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, lo que verdaderamente era trascendente era que si bien existe disposición expresa, en la que el legislador estatuyó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaran la competencia, lo cierto era que ello debiera interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo será procedente, indefectiblemente cuando se reclamen cualquier tipo de actos relacionados con un pronunciamiento relacionado con la competencia. De ahí que en esa ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino sólo en el caso de que aquélla se tornara definitiva, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Ahora bien, tales consideraciones fueron retomadas por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la diversa contradicción de tesis 216/2014, en la que extendió el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que también procede el juicio de amparo bi-instancial contra las resoluciones que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, dado que se tratan de determinaciones definitivas, porque producen una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por lo que esos actos también son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, el Máximo Tribunal estimó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva a los supuestos en los que se deseche o desestime una excepción y/o incidente de incompetencia, al considerarse definitivos. Por tanto, atento a lo expuesto, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra resoluciones vinculadas con el tema de competencia es necesario que se trate de actos definitivos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es hasta ese momento en que se producen todas las consecuencias del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Libro 21, Agosto de 2015, Registro IUS 2009721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Así como, la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Registro IUS 2009912, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." En el caso en concreto, la parte quejosa reclama la determinación de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictada por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en los autos del Toca Civil 85/2020, en la que, en lo medular, confirmó la interlocutoria de excepción de incompetencia por declinatoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dentro del expediente 851/2019, relativo al juicio sumario civil (pago de honorarios), promovido por el quejoso en contra del Partido de la Revolución Democrática, en la que, en lo sustancial, se declaró incompetente para conocer del juicio y declinó la competencia al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en turno de la Ciudad de México para efecto de que conozca y resuelva la controversia planteada por las partes en el consabido juicio. Conforme a lo anterior, es evidente que dicha determinación no tiene el carácter de definitivo para la procedencia del juicio de amparo y, con ello, la actualización del agravio personal y directo que pretende la parte quejosa, pues ello, en su caso ocurrirá una vez que la autoridad a quien se le declinó la competencia la acepte, y será en ese momento cuando la parte quejosa se ubicará en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, procede desechar la presente demanda de amparo. No pasa inadvertido para este operador jurídico, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causas de improcedencia y sobreseimiento. De tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 3. Integración de escrito (folio. 5143). Agréguese a sus autos sin mayor determinación el escrito que firma la parte quejosa, mediante el cual exhibe seis copias de la demanda conjuntamente con sus anexos, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

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