Adrian Deloya Álvarez
Expediente 484/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adrian Deloya Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por tanto, se ordena valorar el presente expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó sobre todos los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación personal del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, realizada a la parte quejosa; notificación que resulta necesaria a fin de estar en condiciones de realizar el pronunciamiento respectivo, sobre el estado de dicho proveído. Por tanto, se ordena al actuario judicial, que a la brevedad posible notifique de manera personal a la parte quejosa el auto de auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; sin que haya lugar a proveer sobre las manifestaciones que vierte, en razón de que por auto de veintinueve de noviembre del año en curso, sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, por medio del sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, remitiendo para ello diversas copias fotostáticas certificadas relativas al juicio laboral 133/2013. Sin que haya lugar a otorgar vista en razón de las consideraciones que a continuación se expresan. Dichas constancias este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, del contenido de la demanda de amparo, de su anexo y de las documentales que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que la quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de declarar cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen 133/2013 y turnar los autos del mismo para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Luego, entre las constancias con que acompaña la responsable a su informe justificado, remite copia certificada del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 133/2013, en el que determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Tener por perdido el derecho de la partes para formular alegatos. Ordenó al Secretario de Acuerdos, previo estudio de los autos, certificar que no existen pruebas pendientes por desahogar y; Proceder a la elaboración del laudo correspondiente. Asimismo, de la certificación secretarial de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral de origen 133/2013, el Secretario de Acuerdos del Tribunal responsable, previo estudio que realizó de los autos del citado juicio, hizo constar que no existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que de conformidad con la legislación que regula sus actuaciones, declaró cerrada la instrucción del procedimiento y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Así, del análisis comparativo entre el acto que reclama la parte quejosa y lo determinado por la responsable en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 133/2013, se concluye que la afectación reclamada en el presente juicio ha cesado sus efectos en su totalidad, De ahí que, se ve actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio de las constancias remitidas por la responsable, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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