Adoración Ayala Sánchez
Expediente 1422/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adoración Ayala Sánchez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando el legajo de pruebas, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En principio, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1422/2019 y un legajo de pruebas, promovido por **************, por propio derecho y en su calidad de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral ***********; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto ************, promovido por**************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por las razones y para los efectos contenidos en el último considerando de esta ejecutoria." En atención a lo anterior, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, en el entendido que sólo se deberán agregar la carátula respectiva y las actuaciones originales que obren en el mismo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de la lectura integra del testimonio emitido por el Tribunal de Alzada, se advierte que ordenó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de que deje sin efectos la audiencia constitucional y sentencia impugnada. Además, dijo que era necesario emitir un acuerdo en el que se requiera a la autoridad responsable las constancias atinentes en la etapa de ejecución del juicio laboral ***********, de su índice, especialmente aquellas emitidas en cumplimiento al amparo **********, del índice de este órgano jurisdiccional y particularmente el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno y las que el suscrito considere necesarias para resolver el presente asunto. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de trato, se deja sin efectos la audiencia constitucional de dieciocho de febrero de dos mil veinte, así como la sentencia de siete de mayo de dos mil veinte, para lo efectos legales conducentes; además, en atención a lo expuesto por la superioridad, se estima necesario emitir el siguiente acuerdo. En atención, a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión laboral **********, en la parte en la que alude que se debieron recabar las pruebas necesarias para determinar si las actuaciones efectuadas por la autoridad responsable en cumplimiento al amparo 1054/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, y en especial lo resuelto en el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, transcendió o no a los efectos que la multa decretada en auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, ocasiona a la aquí quejosa, puesto que de ello, podría derivarse la actualización de alguna causal de improcedencia. Se estima innecesario requerir a la autoridad responsable, para que remita las constancias atinentes a la etapa de ejecución del juicio laboral ***********, de su índice, especialmente aquellas emitidas en cumplimiento al amparo *************, toda vez que dicho juicio se encuentra en este órgano jurisdiccional, aunado a que obra en éste, copia certificada del acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, emitido por la responsable en el mencionado juicio laboral; por tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio. Sentado lo anterior, se tiene que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En ese sentido, es dable señalar que por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Adoración Ayala Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otras autoridades, que hizo consistir en: "El acuerdo y/o auto de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, notificado el uno de octubre de este año, emitido dentro del expediente laboral número 981/2012, en el que la autoridad responsable ordenadora ilegalmente efectuó el apercibimiento decretado en autos y acordó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que haga efectiva la multa de $16,989.00 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/N), misma que se apoya atreves (sic) de la Dirección de Cobro Coactivo y Vigilancia y este a su vez con el Notificador Ejecutor, a la suscrita -representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero-, bajo el ilegal argumento de un supuesto incumplimiento de pago, hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve; todo lo anterior, se ha practicado de forma ilegal y al margen de una arbitrariedad cometida en perjuicio de mi representado, ya que la responsable ordenadora hace un indebido razonamiento de las constancias que obran en el expediente, y pretende cumplir indebidamente las medidas de apremio, a través del auto que por esta vía se combate, lo cual atenta contra lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no funda ni motiva adecuadamente su determinación, violando con ello los principios de, debida fundamentación y motivación, principio de legalidad, congruencia exhaustividad y certeza, principios fundamentales con las que deben conducirse todas las autoridades, al momento de ejercer sus funciones, más aun las autoridades jurisdiccionales encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen sus actos para brindar seguridad jurídica a los justiciables." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Adoración Ayala Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, reclama el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 981/2012, por medio del cual hizo efectiva la medida de apremio decretada en auto veintisiete de junio de dos mil diecinueve. En ese sentido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que conduce al sobreseimiento del presente juicio constitucional, en términos de la fracción V, del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del máximo tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia. Los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:". "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y"." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:". "V. Durante en el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior.". De acuerdo con la trascripción que precede, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Esto es, la causal de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho humano violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese precisado acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal del país al resolver el amparo en revisión 3044/98 (jurisprudencia 2a./J. 181/2006). Cabe precisar que ese criterio jurisprudencial se emitió con base en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto era sustancialmente similar a la actual fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa tesis aparece publicada en la página 189, diciembre de 2006, tomo XXIV, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, es evidente la existencia de una modificación del entorno en el cual el acto reclamado fue emitido, lo que produce que éste no pueda surtir efecto material o legal, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; de manera que aun cuando en el caso resultara fundado alguno de los conceptos de violación formulados, la protección constitucional no se podría concretar a favor de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el juicio de amparo *************, del índice de este órgano jurisdiccional, invocado como hecho notorio, se advierte lo siguiente: 1. *************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *************, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve. 2. Seguido el trámite del asunto, mediante sentencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, realizara lo siguiente. "Deje insubsistente la multa impuesta, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ************ a *************** en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Hecho lo anterior, con base en lo expuesto en esta sentencia, de insistir en la medida de apremio, debe valorar lo informado respecto de la solicitud de prórroga que le formuló la amparista, mediante manifestación realizada en la diligencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; y, en breve término lo haga de su conocimiento en forma personal." 3. Debido a que la sentencia precitada no fue recurrida, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, se declaró firme y se requirió su cumplimiento. 4. En cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio **************, de once de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diez de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, del que se advierte que dejó insubsistente la multa impuesta a ****************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y tomó en cuenta la prórroga solicitada por la parte demandada, aludiendo que vista la diligencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la cual solicitó una prórroga para cumplir con el laudo, consideraba que desde esa fecha a esa data había trascurrido en demasía la prórroga solicitada sin que cumpliera el laudo, por lo que requirió nuevamente al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, con apercibimiento de multa a la Sindica aludida en caso de desacato. 5. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo **************, dejó insubsistente la multa impuesta a ***************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, a más que no debe perderse de vista que la razón fundamental por la que se concedió el amparo **************** invocado como hecho notorio, fue que la autoridad responsable al determinar en el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, que el Ayuntamiento demandado no había cumplido el laudo mencionado que conllevó a la imposición de la multa decretada en el mismo acuerdo y al requerimiento que a su vez derivó en la multa decretada en auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, no había tomado en cuenta la prórroga que había solicitado la parte demandada para dar cumplimento al laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, lo resuelto respecto de dicha prorroga en el auto de diez de febrero de dos mil veinte, que sustituyó procesalmente el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, trascendió en el acto de ejecución, como lo es, el requerimiento efectuado en dicho auto, el cual motivó la multa impuesta en el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve; puesto que, en atención al cumplimiento dado al diverso amparo ************** la responsable en acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, no sólo dejó sin efectos la citada multa impuesta en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, sino que también se pronunció respecto de la prórroga solicitada por la Sindica del Ayuntamiento demandado y en atención a dicha solicitud determinó que al haber fenecido era procedente requerir nuevamente el cumplimiento del laudo. En consecuencia, si la materia del presente juicio deriva de la multa que se impuso a la parte quejosa mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, derivada del incumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y como quedó visto la responsable hizo nuevo pronunciamiento respecto de dicho requerimiento, esto es, tomó en consideración la prórroga solicitada por la parte demandada, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Lo anterior es así, ya que aunque exista el acto reclamado, dejó de existir el objeto material del mismo, motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la quejosa a fin de evidenciar el acto reclamado, ni de los conceptos de violación, pues su análisis no es permisible por el sentido del presente fallo; en razón de que ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una determinación que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto reclamado el que no dejó huella en la esfera del peticionario de amparo susceptible de reparación. Es aplicable la tesis sin número, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En principio, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1422/2019 y un legajo de pruebas, promovido por **************, por propio derecho y en su calidad de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral ***********; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto ************, promovido por**************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por las razones y para los efectos contenidos en el último considerando de esta ejecutoria." En atención a lo anterior, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, en el entendido que sólo se deberán agregar la carátula respectiva y las actuaciones originales que obren en el mismo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de la lectura integra del testimonio emitido por el Tribunal de Alzada, se advierte que ordenó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de que deje sin efectos la audiencia constitucional y sentencia impugnada. Además, dijo que era necesario emitir un acuerdo en el que se requiera a la autoridad responsable las constancias atinentes en la etapa de ejecución del juicio laboral ***********, de su índice, especialmente aquellas emitidas en cumplimiento al amparo **********, del índice de este órgano jurisdiccional y particularmente el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno y las que el suscrito considere necesarias para resolver el presente asunto. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de trato, se deja sin efectos la audiencia constitucional de dieciocho de febrero de dos mil veinte, así como la sentencia de siete de mayo de dos mil veinte, para lo efectos legales conducentes; además, en atención a lo expuesto por la superioridad, se estima necesario emitir el siguiente acuerdo. En atención, a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión laboral **********, en la parte en la que alude que se debieron recabar las pruebas necesarias para determinar si las actuaciones efectuadas por la autoridad responsable en cumplimiento al amparo 1054/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, y en especial lo resuelto en el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, transcendió o no a los efectos que la multa decretada en auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, ocasiona a la aquí quejosa, puesto que de ello, podría derivarse la actualización de alguna causal de improcedencia. Se estima innecesario requerir a la autoridad responsable, para que remita las constancias atinentes a la etapa de ejecución del juicio laboral ***********, de su índice, especialmente aquellas emitidas en cumplimiento al amparo *************, toda vez que dicho juicio se encuentra en este órgano jurisdiccional, aunado a que obra en éste, copia certificada del acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, emitido por la responsable en el mencionado juicio laboral; por tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio. Sentado lo anterior, se tiene que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia. En ese sentido, es dable señalar que por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Adoración Ayala Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otras autoridades, que hizo consistir en: "El acuerdo y/o auto de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, notificado el uno de octubre de este año, emitido dentro del expediente laboral número 981/2012, en el que la autoridad responsable ordenadora ilegalmente efectuó el apercibimiento decretado en autos y acordó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que haga efectiva la multa de $16,989.00 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/N), misma que se apoya atreves (sic) de la Dirección de Cobro Coactivo y Vigilancia y este a su vez con el Notificador Ejecutor, a la suscrita -representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero-, bajo el ilegal argumento de un supuesto incumplimiento de pago, hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve; todo lo anterior, se ha practicado de forma ilegal y al margen de una arbitrariedad cometida en perjuicio de mi representado, ya que la responsable ordenadora hace un indebido razonamiento de las constancias que obran en el expediente, y pretende cumplir indebidamente las medidas de apremio, a través del auto que por esta vía se combate, lo cual atenta contra lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no funda ni motiva adecuadamente su determinación, violando con ello los principios de, debida fundamentación y motivación, principio de legalidad, congruencia exhaustividad y certeza, principios fundamentales con las que deben conducirse todas las autoridades, al momento de ejercer sus funciones, más aun las autoridades jurisdiccionales encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen sus actos para brindar seguridad jurídica a los justiciables." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Adoración Ayala Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, reclama el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 981/2012, por medio del cual hizo efectiva la medida de apremio decretada en auto veintisiete de junio de dos mil diecinueve. En ese sentido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que conduce al sobreseimiento del presente juicio constitucional, en términos de la fracción V, del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del máximo tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia. Los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:". "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y"." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:". "V. Durante en el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior.". De acuerdo con la trascripción que precede, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Esto es, la causal de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho humano violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese precisado acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal del país al resolver el amparo en revisión 3044/98 (jurisprudencia 2a./J. 181/2006). Cabe precisar que ese criterio jurisprudencial se emitió con base en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto era sustancialmente similar a la actual fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa tesis aparece publicada en la página 189, diciembre de 2006, tomo XXIV, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, es evidente la existencia de una modificación del entorno en el cual el acto reclamado fue emitido, lo que produce que éste no pueda surtir efecto material o legal, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; de manera que aun cuando en el caso resultara fundado alguno de los conceptos de violación formulados, la protección constitucional no se podría concretar a favor de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el juicio de amparo *************, del índice de este órgano jurisdiccional, invocado como hecho notorio, se advierte lo siguiente: 1. *************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero, reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *************, por medio del cual se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve. 2. Seguido el trámite del asunto, mediante sentencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, realizara lo siguiente. "Deje insubsistente la multa impuesta, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ************ a *************** en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Hecho lo anterior, con base en lo expuesto en esta sentencia, de insistir en la medida de apremio, debe valorar lo informado respecto de la solicitud de prórroga que le formuló la amparista, mediante manifestación realizada en la diligencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; y, en breve término lo haga de su conocimiento en forma personal." 3. Debido a que la sentencia precitada no fue recurrida, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, se declaró firme y se requirió su cumplimiento. 4. En cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio **************, de once de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de diez de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, del que se advierte que dejó insubsistente la multa impuesta a ****************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y tomó en cuenta la prórroga solicitada por la parte demandada, aludiendo que vista la diligencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la cual solicitó una prórroga para cumplir con el laudo, consideraba que desde esa fecha a esa data había trascurrido en demasía la prórroga solicitada sin que cumpliera el laudo, por lo que requirió nuevamente al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, con apercibimiento de multa a la Sindica aludida en caso de desacato. 5. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo definitivo. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo **************, dejó insubsistente la multa impuesta a ***************, por propio derecho y en su calidad de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco, Guerrero mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, a más que no debe perderse de vista que la razón fundamental por la que se concedió el amparo **************** invocado como hecho notorio, fue que la autoridad responsable al determinar en el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, que el Ayuntamiento demandado no había cumplido el laudo mencionado que conllevó a la imposición de la multa decretada en el mismo acuerdo y al requerimiento que a su vez derivó en la multa decretada en auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, no había tomado en cuenta la prórroga que había solicitado la parte demandada para dar cumplimento al laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, lo resuelto respecto de dicha prorroga en el auto de diez de febrero de dos mil veinte, que sustituyó procesalmente el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, trascendió en el acto de ejecución, como lo es, el requerimiento efectuado en dicho auto, el cual motivó la multa impuesta en el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve; puesto que, en atención al cumplimiento dado al diverso amparo ************** la responsable en acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, no sólo dejó sin efectos la citada multa impuesta en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, sino que también se pronunció respecto de la prórroga solicitada por la Sindica del Ayuntamiento demandado y en atención a dicha solicitud determinó que al haber fenecido era procedente requerir nuevamente el cumplimiento del laudo. En consecuencia, si la materia del presente juicio deriva de la multa que se impuso a la parte quejosa mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, derivada del incumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y como quedó visto la responsable hizo nuevo pronunciamiento respecto de dicho requerimiento, esto es, tomó en consideración la prórroga solicitada por la parte demandada, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Lo anterior es así, ya que aunque exista el acto reclamado, dejó de existir el objeto material del mismo, motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la quejosa a fin de evidenciar el acto reclamado, ni de los conceptos de violación, pues su análisis no es permisible por el sentido del presente fallo; en razón de que ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una determinación que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto reclamado el que no dejó huella en la esfera del peticionario de amparo susceptible de reparación. Es aplicable la tesis sin número, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos la razón actuarial de ocho de julio de dos mil veintiuno, firmada por el Actuario Judicial Adscrito a este órgano Jurisdiccional, de la que se advierte que, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega de los oficios descritos en la misma, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Manuel García Palacios y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28 fracción l, de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir los oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlos fijados en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido de los mismos; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28 fracción, fracción l, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de los oficios que señala el actuario en su razón de cuenta y, por tanto, la misma surtió plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Adolfo de la Cruz Cruz242/2022
- Adolfo de la Cruz Cruz575/2019
- Adolfo Guevara Aguilar406/2017
- Adolfo Orduño Arteaga243/2018
- Adolfo Torres Pineda1186/2015
- Adolfo Torres Pineda1247/2014
- Adrian Agustín Navarrete Flores371/2022
- Adrian Deloya Álvarez484/2021
- Adrian Deloya Alvarez307/2022
- Adrian Enrique Díaz43/2022
- Adrían Isarel Nájera Suárez35/2021
- Adrían Israel Nájera Suárez67/2019