Adrián Cuamatzi Romero

Expediente 793/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
793/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Adrián Cuamatzi Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    ***V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo número 793/2017-II-A; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Adriana Cuamatzi Romero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- A).- EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DE MI PETICIÓN DE EMBARGO REALIZADA CON FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA NEGATIVA ANTICIPADA DE EMBARGAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES; B).- LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SEA PRONTA Y EXPEDITA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y , C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado emana de una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe dejarse precisado el acto que se reclamó de la autoridad señalada como responsable, y que es el siguiente: a) El acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada. b) La omisión de tomar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe de acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindió su informe justificado, negando la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, sin que la impetrante del amparo, desvirtuara tal negativa, consecuentemente, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción lV, de la Ley de Amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindió su informe justificado admitiendo la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada; certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitía dicha autoridad como justificante de sus actos, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. QUINTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia ". En efecto, los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendido el resultado de la resolución [.]" Esta disposición establece, entre otras cosas, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea contra la última resolución dictada dentro de ésta. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley [.]" Ahora bien, sobre el concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De lo que se sigue que, si el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa, al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada, es innegable que en el caso no se actualizan los elementos de la definición de última resolución, por lo siguiente: Dicho acto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, dado que, debe decirse que la resolución que constituye el acto reclamado no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, sino una determinación intermedia, por lo que en una correcta interpretación del ordinal 107 de la Ley de Amparo, persigue que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, razón por la cual las violaciones que se cometan durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios que se hagan valer contra el auto que determine el cumplimiento total de dicha sentencia o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y contra la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. Tienen aplicación a lo aquí señalado, los siguientes criterios: La tesis XVII.1o.C.T.6 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1705 del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio." La tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/96, consultable en la página 226, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." La tesis 2a. VII/98, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." La tesis de jurisprudencia, consultable en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." La tesis de jurisprudencia consultable en la página 85, del Tomo 68, Agosto de 1993, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es oportuno destacar, que en el presente caso, el acto reclamado no es un acto de imposible reparación en el periodo de ejecución de laudo, en razón que en el propio acto reclamado se establece con toda precisión que aún no se han agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo, por lo que no existe una negativa a continuar con el procedimiento de ejecución, de ahí que no tenga aplicación la jurisprudencia bajo el rubro "EMBARGO DE PARTIDAS O PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO. CONTRA LA DETERMINACIÓN POR LA QUE SE NIEGA ANTICIPADAMENTE AQUÉL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Adriana Cuamatzi Romero, respecto de los actos y autoridad precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo número 793/2017-II-A; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Adriana Cuamatzi Romero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- A).- EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DE MI PETICIÓN DE EMBARGO REALIZADA CON FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA NEGATIVA ANTICIPADA DE EMBARGAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES; B).- LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTOR DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SEA PRONTA Y EXPEDITA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y , C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado emana de una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe dejarse precisado el acto que se reclamó de la autoridad señalada como responsable, y que es el siguiente: a) El acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada. b) La omisión de tomar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe de acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindió su informe justificado, negando la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, sin que la impetrante del amparo, desvirtuara tal negativa, consecuentemente, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción lV, de la Ley de Amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindió su informe justificado admitiendo la existencia del acto reclamado, consistente en el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada; certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitía dicha autoridad como justificante de sus actos, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. QUINTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia ". En efecto, los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendido el resultado de la resolución [.]" Esta disposición establece, entre otras cosas, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea contra la última resolución dictada dentro de ésta. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley [.]" Ahora bien, sobre el concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De lo que se sigue que, si el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente laboral 6/2011-C, por el cual se estableció que no había lugar acordar de conformidad lo solicitado por la hoy quejosa, al no haberse agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo al que fue condenado la parte demandada actual tercero interesada, es innegable que en el caso no se actualizan los elementos de la definición de última resolución, por lo siguiente: Dicho acto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, dado que, debe decirse que la resolución que constituye el acto reclamado no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, sino una determinación intermedia, por lo que en una correcta interpretación del ordinal 107 de la Ley de Amparo, persigue que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, razón por la cual las violaciones que se cometan durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios que se hagan valer contra el auto que determine el cumplimiento total de dicha sentencia o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y contra la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. Tienen aplicación a lo aquí señalado, los siguientes criterios: La tesis XVII.1o.C.T.6 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1705 del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio." La tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/96, consultable en la página 226, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." La tesis 2a. VII/98, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." La tesis de jurisprudencia, consultable en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." La tesis de jurisprudencia consultable en la página 85, del Tomo 68, Agosto de 1993, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es oportuno destacar, que en el presente caso, el acto reclamado no es un acto de imposible reparación en el periodo de ejecución de laudo, en razón que en el propio acto reclamado se establece con toda precisión que aún no se han agotado todas las medidas de apremio para garantizar el pago del laudo, por lo que no existe una negativa a continuar con el procedimiento de ejecución, de ahí que no tenga aplicación la jurisprudencia bajo el rubro "EMBARGO DE PARTIDAS O PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO. CONTRA LA DETERMINACIÓN POR LA QUE SE NIEGA ANTICIPADAMENTE AQUÉL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Adriana Cuamatzi Romero, respecto de los actos y autoridad precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad señalada como responsable; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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