Adolfo Salazar Palma

Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
684/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Salazar Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, así como del incidente de suspensión correspondiente, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negaron la suspensión provisional y la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Magistrada Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado Tlaxcala, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, las gestiones que se encuentran realizando para dar cumplimiento total al fallo protector concedido en el presente juicio de amparo; haciendo del conocimiento que mediante auto de veinte de junio actual, desahogó la audiencia de audiencia de alegatos aclaratorios, y señaló las ocho horas con quince minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, para la audiencia de emisión de fallo; para justificar lo anterior, remite un disco que contiene la citada audiencia de veinte de junio actual; consecuentemente, estese en espera del total cumplimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.En esta fecha, la Secretaria da fe de que fue incorporado el presente proveído, al expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad con el impreso, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Conste.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido con la sentencia protectora, este Juzgado de Distrito procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio constitucional, se advierte que en sentencia con engrose de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Jorge Portilla Alba, determinación que fue recurrida por la autoridad tercera interesada, Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala, siendo confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo en el recurso de revisión 222/2021 y en ese sentido, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de mérito. Conforme a ello, en acuerdos de seis y veintiuno de abril de dos mil veintidós se agregaron los oficios por los cuales la responsable remitió las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las mismas se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran lo que su derecho conviniera. Cabe destacar que la autoridad tercera interesada, Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala, desahogó la vista ordenada mediante escrito acordado el dos de mayo del año en curso. Ahora bien, para calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria protectora, debe destacarse que la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1.- Deje sin efectos la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión contra actos del Presidente ejecutor, interpuesto dentro del expediente laboral 277/2008, promovido por Jorge Portilla Alba, en contra de la Procuraduría Agraria y otras. "2.- Emita una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta a cada uno de los cinco agravios que formuló el quejoso, dando respuesta a todos los planteamientos ahí vertidos; lo que conlleva a examinar lo vertido por el justiciable durante el trámite de ejecución del laudo a través de sus escritos de ocho y veinte de marzo, así como cinco de abril de dos mil dieciocho." Precisado lo anterior, cabe decir que la autoridad responsable, Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió a este Juzgado de Distrito copia certificada de la resolución de uno de abril de dos mil veintidós en el expediente laboral 277/2008, la cual se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a emitir la resolución relativa a su calificación. Impuesta la suscrita de las constancias que remitió la autoridad responsable, se llega a la conclusión que ha sido reparado el derecho fundamental violado y que fue materia del reclamo del quejoso, pues la Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje acató el fallo protector, por lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión interpuesto contra actos del Presidente Ejecutor dentro del juicio laboral 277/2008, promovido por Jorge Portilla Alba contra la Procuraduría Agraria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaria de Egresos. 2.- Al resolver el indicado recurso de revisión contra actos del Presidente Ejecutor, dio contestación a los cinco agravios formulados por el aquí quejoso, además de que examinó lo vertido en sus escritos de ocho, veinte de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho presentados en el juicio laboral de origen durante el trámite de ejecución de laudo. Se concluye lo anterior, pues los cinco agravios hechos valer en el recurso de revisión se sintetizan de la siguiente manera: Primero.- Respecto al acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho - en la que se tuvo por cumplido el auto de ejecución de diez de enero del mismo año y que, previo que el actor recogiera el billete de depósito otorgado a su favor, se decretaría el archivo del asunto - el recurrente adujo que conforme a la Ley Federal del Trabajo, el Presidente Ejecutor estaba obligado a verificar que la parte vencida en el juicio cumpla con la condena que le fue impuesta, que en el caso consistía en que se realizara el pago de la cantidad de $7´591,862.78 (siete millones quinientos noventa y un mil ochocientos sesenta y dos pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional). Sin embargo, en el caso la parte demandada solamente exhibió el billete de depósito S588951 por la cantidad de $558,488.29 (quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con veintinueve centavos moneda nacional) y adujo que ello se debía a diversas deducciones por concepto de impuesto sobre la renta y a que puso a disposición de Aida Elizabeth Cantellano Monge, y de las menores J.P.C. y X.P.C., un diverso billete por el importe de $4'606,007.71 (cuatro millones seiscientos seis mil siete pesos setenta y un centavos moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia. De igual forma, se continúa diciendo en el agravio que se omitió considerar que a través de los escritos de ocho y veinte de marzo, así como cinco de abril de dos mil dieciocho, el actor manifestó lo siguiente: El total de días sobre los que se calculó la condena fue incorrecto, dado que la parte demandada consideró tres mil novecientos cuarenta y cinco días y en realidad debían ser tres mil novecientos sesenta y cinco días, que comprende el periodo del veintinueve de abril de dos mil siete, al seis de marzo de dos mil dieciocho; por lo que existe un diferencial de cinco días. La parte demandada realizó una deducción por el equivalente a trece días que corresponden a la sanción impuesta por el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria; sin embargo, no se demostró dicha sanción, dado que la documental que se exhibió para tal efecto no contaba con nombre y firma del funcionario que la emitió y, además, se trata de una copia simple, que fue objetada. Por ello, el actor en el juicio de origen planteó como agravio que con ello se dejaron de analizar las documentales exhibidas con los referidos escritos y se dejó de atender a la objeción que se hizo valer respecto de las documentales exhibidas por la parte demandada, dado que estas se exhibieron en copia simple. Segundo.- El Presidente ejecutor no dio respuesta a la manifestación vertida en el escrito de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que se hizo valer que la condena correcta debía ser por el importe de $7´784,240.59 (siete millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional), y no de $7´591,862.78 (siete millones quinientos noventa y un mil ochocientos sesenta y dos pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional), como lo calculó la parte demandada. Tercero.- En el tercer agravio dice el recurrente que es incorrecto que se dejaran a salvo los derechos para inconformarse en contra de la deducción de la cantidad $4'606,007.71 (cuatro millones seiscientos seis mil siete pesos con setenta y un centavos moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia, dado que el Presidente Ejecutor sí tiene atribuciones para resolver sobre dicho tópico, con apoyo en lo previsto en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, pues estaba en aptitud de verificar si la deducción por concepto de alimentos estaba justificada, vigente y si había sido decretada por autoridad competente. Sobre todo que para acreditar esa deducción sólo se ofreció copia simple del oficio emitido por el Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal y dicha documental fue objetada, además de que el actor, para demostrar que la pensión alimentaria provisional había dejado de surtir efectos, ofreció como pruebas: La sentencia dictada en el juicio ordinario civil 1288/2008-IV del registro del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que se absolvió de cubrir alimentos respecto a Aida Elizabeth Cantellano Monge, y en relación con sus menores hijas J.P.C. y X.P.C., se estableció una pensión por el importe de un salario mínimo general; en el entendido de que las citadas menores ya adquirieron la mayoría de edad (veintiséis y diecinueve años), lo que se comprueba con las actas de nacimiento que también se ofrecieron como pruebas. Acta de divorcio de tres de diciembre de dos mil quince. La pensión alimentaria provisional recayó únicamente sobre el sueldo correspondiente al cargo de "Sub. Delegado Estatal en Tlaxcala", con el puesto de "Sub. Director de Área" y "Sub. Delegado Operativo de la Sub. Delegación Tlaxcala de la Procuraduría Agraria en Tlaxcala"; mientras que en el juicio laboral, las prestaciones a que fue condenada la demandada se refieren al nivel MB2 del puesto de Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, así como nivel OA1 del puesto de Jefe de Departamento. Cuarto.- Por otra parte, en el cuatro agravio se sostuvo que es indebido que el Presidente Ejecutor haya manifestado que es incompetente para resolver sobre las deducciones relativas al impuesto sobre la renta, en razón de que sí cuenta con atribuciones previstas en los artículos 107, 110 y 112 de la Ley Federal del Trabajo, para verificar que los laudos y resoluciones sean cumplidos; sobre todo que dichas deducciones no fueron establecidas en el laudo ni en el incidente de liquidación. Además de que durante el trámite del incidente de liquidación, la demandada tuvo la oportunidad de plantear esas deducciones, lo cual no hizo en el momento procesal oportuno. Precisamente, porque en el incidente de liquidación la demandada estaba en posibilidad de exhibir su planilla de liquidación y de aportar las pruebas conducentes, a fin de que la parte actora pudiera objetarlas y aportar otras pruebas. Quinto.- En relación con la deducción de impuesto sobre la renta respecto al concepto de subsistencia, se expuso en el quinto agravio que la autoridad efectúa una doble deducción, dado que dicha retención la efectuó al entregar el cheque número 0004134 el catorce de agosto de dos mil catorce; por lo que no puede volver a deducirlo. Una vez que se han reseñado los agravios formulados por la parte actora, corresponde ahora señalar que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable dio contestación a cada uno de ellos, pues de la resolución de uno de abril de dos mil veintidós se advierte que el primero lo estimó fundado, para lo cual analizó dicho motivo de inconformidad de manera concatenada con los escritos presentados por el actor Jorge Portilla Alba en el período de ejecución de laudo, en los cuales se opuso a las deducciones que efectuó la parte demandada sobre el monto total de la condena. De esta manera, la autoridad responsable estimó que el Presidente Ejecutor debía ejecutar en sus términos el laudo y el incidente de liquidación y verificar que hayan sido cumplidos a cabalidad. En relación al segundo agravio, la responsable de igual forma lo analizó conjuntamente con el escrito de ocho de marzo de dos mil dieciocho, presentado por el actor en el expediente laboral de origen y declaró fundado tal motivo de inconformidad, para lo cual realizó la cuantificación de las prestaciones en cantidad líquida, como lo propuso el aquí quejoso. Por lo que se refiere al tercer agravio, en la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable lo declaró igualmente fundado, pues estimó que de acuerdo a lo alegado y a lo expuesto en sus escritos de ocho, veinte de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho, la parte demandada no estaba posibilitada para efectuar una deducción por pensión alimenticia, aunado a que no había elementos probatorios para establecerlo así. Relativo al cuarto agravio, la responsable otorgó razón a la parte actora dentro del recurso de que se trata, pues señaló que el Presidente Ejecutor sí tiene facultades para analizar y resolver las deducciones efectuadas por la demandada, Procuraduría Agraria, respecto de lo cual se estableció que no es dable dejar al arbitrio de las partes la inmutabilidad del laudo, además de que se determinó que las deducciones que pretendió hacer valer dicha Procuraduría, las debió formular en el incidente de liquidación. Finalmente, en relación al quinto agravio, la autoridad responsable lo analizó de forma conjunta con el escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho por el actor y estableció que el motivo de inconformidad es fundado, toda vez que respecto al impuesto sobre la renta, en el concepto de subsistencia, efectivamente se estableció una doble deducción. Todo ello llevó a que la Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje declarara fundado el recurso de revisión hecho valer por Jorge Portilla Alba contra actos del Presidente y se ordenó continuar con la ejecución del laudo, para lo cual giró oficio a la institución bancaria "Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" para que se materializara el embargo y pusiera a disposición la cantidad establecida en el período de ejecución del laudo. Ahora bien, la constancia relativa a la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, constituye un documental pública que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según el numeral 2°. Es así que del análisis que se hace de tal documental, se llega a la conclusión que la autoridad responsable ha observado todos los lineamientos expresados en la sentencia de amparo; razón por la que se tiene por cumplido el fallo protector. En efecto, de la resolución de uno de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión hecho valer contra actos del Presidente de la Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la sentencia constitucional, en razón que dejó sin efectos la diversa de once de noviembre de dos mil veinte. En dicha determinación también se pronunció con libertad de jurisdicción sobre los agravios planteados por la parte actora en el juicio laboral de origen, los cuales atendió de forma conjunta con los diversos escritos presentados durante el período de ejecución del laudo. De ello, se advierte que los efectos para los que se concedió la protección constitucional han sido acatados por la autoridad responsable vinculada a su cumplimiento. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, las manifestaciones realizadas por el autorizado de la tercera interesada, Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala, dentro del escrito acordado el dos de mayo del año en curso, en el que medularmente aduce que existe defecto y exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo porque la responsable ordenó continuar con la ejecución del laudo y no tomó en consideración que la parte demanda ya había exhibido un cheque por la cantidad de $558,488.29 (quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con veintinueve centavos moneda nacional), por lo cual lo procedente era requerir el pago de la diferencia de la condena. De igual forma, la tercera interesada realiza diversas manifestaciones en cuanto a la forma de cuantificar la condena que realizó la responsable y sobre el tema de las deducciones que estimó improcedentes. Lo anterior, es desestimado por la suscrita Juzgadora, pues basta dar lectura a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo para establecer que los efectos del fallo protector se especificaron de manera concreta en dejar insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte y se emitiera uno diverso con plenitud de jurisdicción en que se atendieran los agravios de la parte actora en el recurso de revisión contra actos del Presidente Ejecutor, ello de forma conjunta con los escritos presentados durante el trámite de ejecución del laudo. Todo ello fue acatado por la responsable, como se acredita con la copia certificada de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que asista la razón al autorizado de la parte tercera interesada al señalar que existe defecto y exceso en la nueva determinación, pues contrario a lo que asevera, este Juzgado de Distrito indicó en el fallo protector que se diera contestación a los agravios de la parte actora, sin que se señalara lineamiento alguno para la emisión de la resolución emitida en el recurso de revisión, es decir, se dejó a la autoridad libertad de jurisdicción para que resolviera lo que estimara pertinente. De esta manera, al margen de lo acertado o desacertado de esa nueva decisión, lo cierto es que la Junta Especial número cuarenta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje acató lo señalado en la sentencia que concedió el amparo, en la cual, se insiste, no se dio ningún lineamiento en el que se determinara el sentido de la resolución a dictar, es decir, la responsable mantuvo libertad de jurisdicción para resolver lo procedente, por lo que en todo caso, la parte tercera interesada está en posibilidad de combatir esa resolución a través de los medios legales que estime pertinentes. Y es que analizar si la decisión adoptada por la responsable es o no correcta, implicaría abordar cuestiones de fondo que no formaron parte de la litis constitucional en el presente asunto; de ahí, que deba desestimarse lo argumentado por el autorizado de la tercera interesada. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las actuaciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los Secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que se verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y a las terceras interesadas. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que hace del conocimiento de este juzgado, el acuerdo de presidencia de trece de junio del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo en revisión 172/2022 de su índice, por el acusa de recibo las constancias remitidas por este Juzgado y desecha el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, en contra de la resolución de diecisiete de febrero del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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