Adolfo Soto Pahua

Expediente 535/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
535/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Soto Pahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Resolución incidental. Vistos los autos del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida, promovido por ***************, en representación de la menor de edad ***********; y Resultando. Primero. Antecedentes del juicio. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por ****************, en representación de la menor de edad ***************, en la que solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se trascriben: Autoridades responsables: a) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; b) Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; c) Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; d) Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; e) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; f) Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato; g) Secretario de Salud del Estado de Guanajuato; h) Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social; y i) Coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado de Guanajuato. Actos reclamados: a) La omisión de aplicar, de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, que inició el 30 de agosto de 2021, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19) en México, y dejar de ordenar que las niñas, niños y adolescentes de 5 a 11 años, entre los cuales se encuentran las menores directamente quejosas, se aplique la vacuna Pfizer/BionTech, con sus dos dosis (.); b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a la parte quejosa, de manera urgente e inmediata, el lugar horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante el inicio de clases presenciales que tuvo lugar el 30 de agosto de 2021; c) La discriminación sin sustento que ha provocado la política Nacional de Vacunación, en perjuicio de las menores de edad (.); d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la parte quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID 19 ." II. Mediante auto de tres de febrero del año en curso, se concedió la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Las autoridades sanitarias, en el ámbito de su competencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que sean notificadas de este auto, dictaminen la viabilidad, seguridad, condiciones y dosis aplicable a la menor de la vacuna PfizerBioNTech, en el entendido de que deberán hacer saber del conocimiento de esta Potestad, la conclusión médica adoptada. En el caso de que se concluya que la inoculación con la ya referida vacuna Pfizer-BioNtech, no es dañina para la salud de la menor quejosa, deberán tomar las medidas necesarias a fin de que se efectúe la valoración médica de la citada infante y, atendiendo al resultado de aquélla, así como de su historial clínico (en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud y edad, es candidata a la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, en las modalidades que correspondan) se le aplique -en su caso- a la brevedad posible la dosis, o bien, las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19, siempre y cuando no exista impedimento físico o médico alguno. Asimismo, en caso de ser procedente la aplicación de la vacuna, las autoridades atendiendo al principio de consentimiento informado en materia de salud, deberán informar a los padres de la directa quejosa, los riesgos que consideren puede provocarle a ésta la vacuna y solicitar su consentimiento, el cual deberán asentar de acuerdo a los protocolos de salud que estimen procedentes para la inoculación de dicha menor de edad; asimismo deberán fijar lugar, fecha y hora para su aplicación, ya sea directamente por las propias autoridades responsables, o bien, por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de las mismas, previa valoración médica o padecimiento de la menor de edad que lo impida. Suspensión que fue debidamente notificada a las autoridades responsables. Aunado a que, en atención a dicha determinación, informaron los actos tendentes a cumplir con la medida cautelar decretada en autos. III. Inconforme con esa determinación, mediante oficio recibido en este juzgado el veintitrés de marzo pasado, las autoridades responsables Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología, promovieron recurso de queja en su contra (foja 145 ídem); IV. De ese medio de impugnación conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien lo radicó con el número *************; el cual, mediante resolución de veintiuno de abril del año en curso (fojas 228 a 243), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma el acuerdo pronunciado el tres de febrero de dos mil veintidós, por la Jueza Octava de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 110/2022, donde concedió la suspensión de plano de los actos reclamados por la infante de iniciales *************". Segundo. Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Mediante escrito recibido en este juzgado el seis de abril de dos mil veintidós (fojas 173 a 176), *************, en representación de la menor de edad *************, interpuso incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, respecto de las siguientes autoridades: 1. Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; 3. Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; 4. Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; 5. Secretario de Salud del Estado de Guanajuato; 6. Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social; y 7. Coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado de Guanajuato. Así, el siete de abril de dos mil veintidós, se ordenó la tramitación de la presente incidencia, se requirió a las responsables su respectivo informe, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere la fracción II, del artículo 208, de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 206 a 209 de la Ley de Amparo, toda vez que fue concedida a la parte lujosa dentro del juicio de amparo del que emana la presente. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 747 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia(s): Común, página: 829, registro: 1002813, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven". Segundo. Procedencia de la incidencia. Es procedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, de conformidad con los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa alega que se incumplió con esa medida cautelar; aunado a que dicha incidencia puede interponerse hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en el cuaderno principal, lo que en el caso no ha acontecido. Al respecto, conviene destacar que de conformidad con lo dispuesto en el referido numeral, así como en diversos criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, el cual puede ser promovido por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de esa medida cautelar, sea de plano, provisional o definitiva, por el exceso o defecto en su ejecución. Resulta aplicable el criterio I.9o.A.16 K (10a.), con número de registro digital IUS 2020252 sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. El precepto citado prevé que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de plano o definitiva, procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por ese incumplimiento; sin embargo, no puede excluirse de su procedencia a la suspensión provisional, en virtud de que ésta comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano o definitiva, al constituir ambas medidas cautelares cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional, por lo cual, al ser susceptibles de ejecutarse por la autoridad, quien puede incurrir en exceso o defecto en su acatamiento, es evidente que esa circunstancia debe ser valorada en la vía incidental. Lo anterior guarda armonía con el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo que concedió al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado." Tercero. Fijación de la litis. En este contexto, del análisis integral del escrito en que se planteó el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se desprende que la materia de este asunto se constriñe a determinar si las autoridades responsables, a que se refiere esta incidencia, incumplieron con la suspensión de plano, bajo los siguientes parámetros que alude la solicitante: a) Porque la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato determinó que la menor de edad quejosa no es apta para recibir la vacuna en razón de su rango de edad y no tener el biológico indispensable para ello (8 años); b) Porque las diversas autoridades a que se refiere esta incidencia manifestaron que la vacunación y adquisición del biológico no está dentro de sus competencias. Cuarto. Informes respecto a la presente incidencia. El Secretario de Salud del estado de Guanajuato (foja 195) y el Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social (foja 204), ambos del estado de Guanajuato, al rendir su informe realizaron diversas manifestaciones de las que se advierte que son ciertos los hechos narrados por la parte quejosa. Además, con apego en la última parte de la fracción II del artículo 208 de la Ley de Amparo, se presume cierta la conducta reclamada en esta incidencia a las siguientes autoridades responsables: Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; y Coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado de Guanajuato. Ello es así, pues no obstante estar notificadas del auto en el que se les requirió el respectivo informe (desde el diecinueve y veintinueve de abril, dos de marzo, tres de mayo y seis de junio, todos de dos mil veintidós, respectivamente), fueron omisas en rendirlo. Quinto. Estudio del fondo de la incidencia. El incidente que nos ocupa se encuentra regulado en el artículo 206, de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo" Asimismo, para el caso de que resulte fundado el incidente planteado, el artículo 209 de la ley de materia, establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se obtiene que para la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión se requieren los siguientes presupuestos procesales: 1. La existencia de una resolución que haya concedido la suspensión del acto reclamado; 2. Un sujeto pasivo sin calidad específica -cualquier persona- que resulte agraviada por: El incumplimiento de la suspensión; o, Por exceso o defecto en su ejecución; o, Porque se haya admitido, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. 3. Un sujeto activo con calidad específica -autoridad responsable- a quien se le atribuya la violación; y 4. Que no haya causado ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Mientras que del segundo de los numerales transcritos se desprende que si se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al ministerio público de la federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Adminiculado con lo anterior, resulta oportuno precisar cuándo se da un exceso, y en qué supuesto se está frente a un defecto en el cumplimiento de la suspensión. Hay exceso, cuando la autoridad responsable va más allá del alcance del auto o resolución que concede la suspensión provisional o definitiva, y que no está vinculado al efecto de la concesión de la medida cautelar; empero, hay defecto cuando la autoridad responsable no realiza todas las conductas impuestas en el auto o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente . Bajo esas consideraciones, se trae a contexto lo siguiente: La parte quejosa sostiene en su escrito incidental lo siguiente: "Fui notificada por parte de esta autoridad la cita que fue hecha en favor de mi menor hija por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, para que compareciera mi menor hija el día 9 de febrero, en punto de las 9:00 horas en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a fin de llevar a cabo una evaluación médica para determinar la viabilidad de la aplicación de la vacuna solicitada". Al efectuar la revisión médica de manera verbal me fue informado que mi menor hijo era apto para recibir la vacuna, por lo que me fueron entregadas las cartas de consentimiento informado para la autorización de aplicación de vacuna a mi menor hija, así como el comprobante de vacunación contra el virus sars-cov2, para recibir primera dosis, documentos que me fueron solicitados llenara para posterior ser entregados; sin embargo, de manera inexplicable el personal del Hospital materno infantil se negó a recibirme dichos documentos y a vacunar a mi menor hija, e inmediatamente me fue entregada la constancia médica de evaluación en la cual se determinó que mi menor hijo "no es apto para vacunación debido al rango de edad (8 años). Pese a que el tres de marzo de dos mil veintidós la COFEPRIS, emitió la AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH VACCINE, PARA LA APLICACIÓN EN EL GRUPO DE PERSONAS MENORES DE EDAD DE 5 AÑOS EN ADELANTE, Y QUE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA VACUNA DE REFERENCIA, ES DE 10 MICROGRAMOS ADMINISTRADA EN UN ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE DOS DOSIS CON UN INTERVALO NO MAYOR O IGUAL A 21 DÍAS ., LAS RESPONSABLES HAN SIDO OMISAS EN CITAR A MI MENOR HIJO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA SOLICITADA, sin que se tome como justificación el rango de edad para no aplicársela. Las autoridades responsables se han negado a dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada, argumentando que por el rango de edad de mi menor hija no es susceptible de recibir la vacuna, y agregando que no está dentro del ámbito de sus competencias, lo cual no es cierto. No existe causa justificada por la cual las autoridades responsables no hayan cumplido con el mandato judicial concedido en favor de mi menor hija, puesto que al expedir la valoración médica de fecha nueve de febrero de 2022, en la que no se establece que por motivos médicos específicos mi menor hija no sea apto para recibir el biológico contra el virus SARS-COV-2 (COVID 19) y simplemente es excluido por contar con una edad de 8 años". Atento a ello, y en uso de la suplencia de la queja deficiente al tratarse de una menor de edad; se determina que la presente incidencia es fundada al surtirse los extremos previamente citados y acreditarse el incumplimiento de la suspensión de plano por parte de las responsables a que se refiere esta incidencia. Se explica: El requisito señalado bajo el número 1, se actualiza en razón de que en autos se otorgó la suspensión de plano para que las autoridades señaladas como responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, en esencia, realizaran lo siguiente: A) Dictaminar la viabilidad, seguridad, condiciones y dosis aplicable a la menor de edad de la vacuna; B) Tomar las medidas necesarias para que se efectúe la valoración médica a la infante y, atendiendo al resultado, así como de su historial clínico (en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud y edad, es candidata a la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, en las modalidades que correspondan) se le apliquen -en su caso- a la brevedad posible las dosis que correspondan. C) En caso de ser procedente la aplicación de la vacuna, las autoridades atendiendo al principio de consentimiento informado en materia de salud, deberán informar a los padres de la directa quejosa, los riesgos que consideren puede provocarle a ésta la vacuna y solicitar su consentimiento, el cual deberán asentar de acuerdo a los protocolos de salud que estimen procedentes para la inoculación de dicha menor de edad; asimismo deberán fijar lugar, fecha y hora para su aplicación, ya sea directamente por las propias autoridades responsables, o bien, por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de las mismas. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja *************, interpuesto por las autoridades responsables sanitarias contra la suspensión de plano, mediante resolución de veintiuno de abril del año en curso (fojas 228 a 243), confirmó la medida decretada, bajo los siguientes argumentos: "Es procedente el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para prevenir la COVID-19, a menores del rango de cinco a once y doce a dieciséis años, respectivamente al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 126 de la ley de la materia". "Bajo tal contexto, deviene irrelevante el hecho que de las constancias obrantes en autos, se advierta que a virtud de los efectos de la medida cautelar de trato, la menor quejosa haya sido valorada mediamente el nueve de febrero de dos mil veintidós, en el Hospital Materno Infantil Irapuato, concluyéndose que: "PACIENTE NO APTO PARA LA VACUNA POR RANGO DE EDAD", dado que como se viene sosteniendo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya autorizó la inoculación para los menores de cinco años en adelante; de ahí que, tal rango de edad ya no debe ser un impedimento médico válido que imposibilite que la infante pueda ser inmunizada". Respecto al segundo de los extremos, consistente en la existencia de un sujeto pasivo sin calidad específica que resulte agraviado por el incumplimiento o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de igual modo se surte en la especie, pues quien resulta directamente agraviada es la menor de edad de identidad reservada *************L Ello es así, pues con la conducta omisiva de las responsables relativas a este incidente, es la infante quien directamente resiente su actuar reticente, en virtud de que, en su caso, no se encuentran en posibilidades mediatas de ser inoculada contra el virus comúnmente conocido como COVID-19, no obstante contar con una determinación que les otorga esa posibilidad. En lo que toca al tercero de los requisitos , también se actualiza, pues recae esa calidad específica de sujetos activos en las autoridades responsables: 1. Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; 3. Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; 4. Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; 5. Secretario de Salud del Estado de Guanajuato; 6. Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social; y 7. Coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado de Guanajuato. Quienes a la fecha, no obstante habérseles concedido el plazo de cuarenta y ocho horas para acatar la suspensión de plano, han sido omisas en dar cumplimiento cabal y correcto a la medida cautelar de que se trata, aún y cuando ha transcurrido en exceso el término. Por lo que ve al último de los extremos se tiene por actualizado en virtud de que en el cuaderno principal de que deriva la presente incidencia, no se ha emitido sentencia definitiva, y por ende, no existe ninguna declaratoria de firmeza. En ese sentido, conviene precisar las actuaciones y manifestaciones que han realizado las citadas autoridades, para evidenciar si ha incumplido o no con la suspensión de plano. La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, mediante oficio recibido en este juzgado el ocho de febrero de dos mil veintidós , señaló fecha y hora para la valoración de la menor de edad, a saber, nueve de febrero del año en curso. Además, por diverso oficio recibido el veintidós de febrero del año en curso , la citada autoridad exhibió la constancia de valoración de la infante, en la que se determinó por personal médico del Hospital Materno Infantil Irapuato, que no es apta para la aplicación de la vacuna por su rango de edad (8 años), como se advierte de la siguiente imagen: Asimismo, informó que debido al resultado de la valoración y la falta del biológico, no le es posible vacunar a la menor de edad. Por su parte, las autoridades responsables Coordinador de las Brigadas Correcaminos del estado de Guanajuato (foja 68) y el Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social (fojas 70 y 204), manifestaron en autos la incompetencia que tienen para acatar en sus términos la suspensión de plano, dado que no es parte de las atribuciones que les son conferidas. Por cuanto a las diversas autoridades a que se refiere esta incidencia (Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud), debe tenerse por cierta la omisión de cumplir con la suspensión de plano, dado que fueron omisas en rendir su informe y en autos no obra constancia que desvirtúe esa negativa. En contexto con todo lo anterior, se tiene que, efectivamente, las autoridades responsables han sido omisas en cumplir con la medida cautelar, por las siguientes consideraciones: Por lo que ve a la actuación de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, se advierte que incumple con la suspensión de plano, pues el motivo por el que no ha vacunado a la menor de edad radica en que la valoración médica que le fue practicada arrojó como resultado: "paciente no apto para vacuna por rango de edad", así como la falta de biológico. Sin embargo, en la medida cautelar se especificó que la evaluación científica que a continuación se precisa, puso en evidencia que la edad de la infante no es un impedimento para que sea vacunada, debido a que existe suficiente razonabilidad y conveniencia para que le sea aplicada, como se observa: "Es destacable lo anunciado por la propia Organización Mundial de la Salud el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el sentido de avalar conforme a la autorización recomendada por el Comité de expertos que la asesora, el uso de la vacuna PfizerBioNTech para niños de cinco a once años de edad (5- 11), en una dosis reducida para los infantes de dicha edad, esto es, inocular a dichos infantes con el uso de diez microgramos en lugar de los treinta usados para adultos, administrados con veintiún días de diferencia. Además, es un hecho notorio que no sólo la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de PfizerBioNTech, para incluir a los niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la Covid-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años de edad, lo que a su vez fue retomado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Datos que, en el momento en que se emite la presente determinación, redundan en el conceso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario (5-11 años de edad). Adicionalmente, debe decirse que en autos no hay evidencia de que la COFEPRIS, haya descalificado o prohibido la aplicación de la vacuna para las personas menores de doce años de edad; de tal guisa que, este Juzgado de Distrito no advierte elementos suficientes que permitan cuestionar o poner en duda la aludida eficacia de la vacuna implementada en diversas partes del mundo". Aunado a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja *************, del que se ha dado noticia con anterioridad, enfatizó que es procedente el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano, para prevenir la COVID-19, a menores del rango de cinco a once años, dado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya autorizó su inoculación; de ahí que, tal rango de edad ya no debe ser un impedimento médico válido que imposibilite que la infante pueda ser inmunizada. Lo que se constata de la página oficial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (actualizada al tres de marzo del año en curso), de la que se advierte que el biofármaco BNT162b2 Pfizer, Inc./BioNTech, fue autorizado para uso de emergencia en el grupo etario de entre 5 a 11 años, con la salvedad siguiente: "La vacunación para el grupo etario de 5 a 11 años tiene una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años". Consecuentemente, es factible afirmar que a la fecha de la presentación del incidente que nos ocupa, la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, había incurrido y continúa en un defecto en el cumplimiento de la suspensión, pues la edad de la menor de edad no es un factor para impedir la vacunación de la misma. Además, por lo que ve a las diversas autoridades responsables sobre las que versa esta incidencia, también han sido omisas en acatar la suspensión de plano, sin justificación válida alguna, dado que en la medida cautelar se especificó que debían acatar la suspensión en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera que, si no es a ellas a quienes corresponde la acción encomendada, deben realizar las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para lograr que la menor de edad sea vacunada en los términos precisados en la misma. Circunstancia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el medio de impugnación de referencia. Todo lo anterior, pone de manifiesto que las autoridades responsables incumplieron injustificadamente la suspensión de plano concedida el tres de febrero de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, a fin de determinar los efectos del incumplimiento advertido, cabe mencionar que por cuanto a la adquisición del biológico, en términos del artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de junio pasado, en donde el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se adquirió un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ comenzó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo cual ya se incorporó a un boletín publicado por Presidencia de la República . Además, el día de la data fue publicado un boletín en la página oficial del Gobierno del estado de Guanajuato, https://boletines.guanajuato.gob.mx/2022/06/27/llegan-a-guanajuato-112-mil-dosis-para-vacunar-a-menores-de-5-a-11-anos-de-edad/, de la que se sigue que el Secretario de Salud anunció que se iniciará con la vacunación de menores de 5 a 11 años de edad, en función de las 102 mil dosis Pfizer que el pasado sábado llegaron a la entidad. Incluso, con esta data se recibe el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano, la menor de edad V.G.L, deberá acudir a las trece horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Por ende, el cumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a la fecha, no se encuentra justificada, en virtud de que ya se ha adquirido un determinado número de dosis para inocular a los menores del rango de edad de la infante quejosa. En consecuencia, se requiere a la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, para que en la fecha referida aplique la primera dosis de vacuna a la menor de edad quejosa. Además, se le requiere para que, una vez que se lleve a cabo la inoculación, informe la fecha que se fije para la segunda aplicación del fármaco en comento. Para tal efecto, hágase del conocimiento de la parte promovente del amparo que deberá acudir a la cita en compañía de la menor de edad, y exhibir los siguientes documentos: 1. CURP de los menores. 2. Identificación oficial vigente de los padres. 3. Auto donde se concedió la suspensión de plano. Apercíbase a la promovente que transcurrida la fecha de señalada, cuenta con el plazo genérico de tres días para hacer del conocimiento de este Tribunal sobre el resultado de la cita. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que la menor sea inoculada por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Sin perjuicio de la notificación personal -corriéndose traslado con copia del oficio de mérito- en el domicilio señalado para tal efecto que deberá hacerse de forma inmediata, dada la urgencia del asunto y la premura con que fue remitida la información, se ordena a la sección de Actuaría que, en caso de que en la demanda se haya proporcionado un correo electrónico o número telefónico (whatsapp) para entablar comunicación, también lo haga por estos medios al promovente o a sus autorizados (deberá realizar todos los actos necesarios para que se practique con la mayor premura posible). Lo anterior, en el entendido de que deberá levantar constancia del resultado de la encomienda. Además de ello, se comisiona al actuario de la adscripción para que, vía correo electrónico, haga entrega de la misiva que derive de este auto al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG" para que una vez transcurrida la data que proporcionó, informe lo que haya acontecido. En el entendido de que, de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a las sanciones precisadas en el auto en el que se concedió la suspensión de plano. Finalmente, se destaca que el oficio recibido el día de hoy fue ingresado a través del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Resultó procedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano que hizo valer *************, en representación de la menor de edad *************. Segundo. Se declara fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano promovido en contra de las autoridades responsables, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución interlocutoria.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *********, atento a su contenido se le tiene realizando diversas manifestaciones en torno a la improcedencia de su demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en atención a su solicitud relativa a que se agregue en este asunto copia certificada del ocurso que depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya con número de folio 1409835; al respecto, indíquese al promovente que el original de ese ocurso obra agregado en autos a fojas 63 a 66.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, particularmente la constancia de notificación que antecede, se desprende que la actuaria de la adscripción se constituyó en el domicilio ubicado en calle *********, número *********, colonia ********* de esta ciudad, a fin de notificar a la parte quejosa el auto de dieciocho de mayo del año en curso; sin embargo, este no corresponde al proporcionado en la demanda de amparo. En tal virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente del amparo, comisiónese de nueva cuenta a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado federal a fin de que notifiquen a la parte quejosa el proveído de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en el domicilio proporcionado para tal efecto, esto es, calle *********, número *********, colonia Residencial Tecnológico de esta ciudad. En el entendido que el fedatario que realice la diligencia respectiva deberá cerciorarse que el domicilio en el cual se constituya sea el señalado por el promovente, de lo cual deberá levantar el acta respectiva.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, que establece: "Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ************ atento a su solicitud, hágase de su conocimiento lo siguiente: ? La demanda que promovió fue turnada a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. ? Esta Juzgadora mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recibió la demanda de amparo y la registró bajo el número 535/2022. ? En la misma fecha, se desechó la demanda de amparo de mérito, por los motivos y fundamentos ahí expuestos; Por otra parte, vista la constancia de notificación que antecede se desprende que la actuaria de la adscripción se constituyó en el domicilio ubicado en calle ************, número **********, colonia *********** de esta ciudad; sin embargo, este no corresponde al proporcionado en la demanda de amparo. En tal virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente del amparo, comisiónese de nueva cuenta a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado federal a fin de que notifiquen a la parte quejosa el proveído de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en el domicilio proporcionado para tal efecto, esto es, calle ***********, número ********, colonia***********de esta ciudad. En el entendido que el fedatario que realice la diligencia respectiva deberá cerciorarse que el domicilio en el cual se constituya sea el señalado por el promovente, de lo cual deberá levantar el acta respectiva."

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