Adolfo Miguel Martinez Jiménez
Expediente 134/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adolfo Miguel Martinez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2° se declara que ha causado estado. En atención al sentido del auto que concluyó el presente asunto, resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese definitivamente el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo quince del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado, puesto que se sobreseyó el presente asunto; asimismo, con apego en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió la suspensión provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el presidente de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Guanajuato, toda vez que el treinta de septiembre inmediato anterior, se proveyó lo conducente a su contenido al recibirse vía electrónica.
- Principal
A sus autos el oficio por el que el presidente de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Guanajuato, en atención a los requerimientos realizados en autos, remite las constancias restantes que integran el expediente laboral número 229/2019; documentales que, con vista a las partes, con apego en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogas dada su especial naturaleza. En tal virtud, de las constancias allegadas al sumario, se advierte que en la especie se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, los actos reclamados en esta instancia se hicieron consistir en: La falta de emplazamiento a la parte demandada DE ACERO SAPI, S.A. de C.V. e Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de quien legalmente los represente, dentro de los plazos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente laboral número 229/2019; y, La omisión o dilación para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado procedimiento laboral. Ahora, de las constancias agregadas al sumario, se desprende lo siguiente: En fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, compareció ante la responsable y fue emplazada al procedimiento laboral; El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la parte demandada DE ACERO SAPI, S.A. de C.V. fue emplazada a juicio, según constancia levantada por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: y, A las doce horas del veintinueve de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia denominada como de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del procedimiento laboral de origen, en la que se hicieron presentes los demandados, no así la parte actora; audiencia en la que seguida por su cauce legal, se proveyó lo conducente a los medios de convicción admitidos. De lo expuesto se considera, sin lugar a dudas, que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues si bien es cierto que cuando la parte quejosa presentó su demanda de amparo, se encontraba pendiente el llamamiento a juicio de los demandados y la celebración de la audiencia de que se trata; empero, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que dichas omisiones dejaron de existir, por lo que se concluye que cesaron en sus efectos. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por Adolfo Miguel Martínez Jiménez. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta y tres minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, que a la letra dice: A sus autos el oficio por el que el presidente de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Guanajuato, en atención a los requerimientos realizados en autos, remite las constancias restantes que integran el expediente laboral número 229/2019; documentales que, con vista a las partes, con apego en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogas dada su especial naturaleza. En tal virtud, de las constancias allegadas al sumario, se advierte que en la especie se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, los actos reclamados en esta instancia se hicieron consistir en: La falta de emplazamiento a la parte demandada DE ACERO SAPI, S.A. de C.V. e Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de quien legalmente los represente, dentro de los plazos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente laboral número 229/2019; y, La omisión o dilación para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado procedimiento laboral. Ahora, de las constancias agregadas al sumario, se desprende lo siguiente: En fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, compareció ante la responsable y fue emplazada al procedimiento laboral; El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la parte demandada DE ACERO SAPI, S.A. de C.V. fue emplazada a juicio, según constancia levantada por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: y, A las doce horas del veintinueve de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia denominada como de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del procedimiento laboral de origen, en la que se hicieron presentes los demandados, no así la parte actora; audiencia en la que seguida por su cauce legal, se proveyó lo conducente a los medios de convicción admitidos. De lo expuesto se considera, sin lugar a dudas, que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues si bien es cierto que cuando la parte quejosa presentó su demanda de amparo, se encontraba pendiente el llamamiento a juicio de los demandados y la celebración de la audiencia de que se trata; empero, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que dichas omisiones dejaron de existir, por lo que se concluye que cesaron en sus efectos. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio promovido por Adolfo Miguel Martínez Jiménez. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta y tres minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.
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