Adolfo Segura Vega
Expediente 1708/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1708/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/01/2018
Partes del expediente
- Adolfo Segura Vega
Actuaciones
- Principal
a sus autos el escrito de cuenta signado por los agraviados Adolfo Segura Vega y Juan Carlos Ugalde Hernández; mediante el cual, pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintinueve de diciembre del año dos mil diecisiete; en consecuencia, se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se extrae como acto reclamado el siguiente: La resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, dentro de los autos que integran el toca 1370/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí disidentes, en el juicio ordinario mercantil 1119/2009, contra el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, que admitió el incidente de inejecución de sentencia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la ley reglamentaria en cita, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se advierte que en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio constitucional, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Ahora bien, se advierte que los promoventes, solicitan el amparo contra la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, dentro de los autos que integran el toca 1370/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí disidentes, en el juicio ordinario mercantil 1119/2009, contra el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, que admitió el incidente de inejecución de sentencia Así, conviene señalar que conforme al artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 Constitucionales, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataría de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la práctica judicial se desarrollaron criterios que interpretaron la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación de grado predominante o superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antiguamente interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. Tomando como base lo expuesto, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, esto es, la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Salas Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, dentro de los autos que integran el toca 1370/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los aquí disidentes, en el juicio ordinario mercantil 1119/2009, contra el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, que admitió el incidente de inejecución de sentencia; pues se clarifica que se trata de actos con efectos meramente adjetivos, y aun cuando pueda considerarse una violación procesal relevante, no ocasiona una afectación a derechos sustantivos como la vida, la salud, la propiedad, la libertad, etcétera; sino de procesales adjetivos que sólo trasciende a la posición de las partes en la tramitación del juicio. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 37/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del Libro 7, de junio de dos mil cuatro, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Se suma al anterior criterio la jurisprudencia J/2 (10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada el viernes dos de mayo de dos mil catorce, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Asimismo, sirve de apoyo por identidad de razones la tesis 1a./J. 4/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 942, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001820, cuyo rubro y texto son: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó". Entonces, al tenor de los criterios jurisprudenciales precedentes, cuya aplicación es obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertieron los justiciables en sus escritos inicial de demanda y aclaratorio; de cuyo contenido se destaca: Que los disidentes fueron socios de la persona moral denominada "Clínica Médica Quirúrgica, Sociedad Anónima de Capital Variable"; quienes demandaron el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones de rendir cuentas por parte del Consejo de Administración del ente moral antes señalado. Dicho procedimiento se radicó bajo el expediente 1119/2009 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro. Una vez resuelto el procedimiento aludido, se requirió el cumplimiento de la sentencia de mérito; sin embargo, la parte demandada alegó una causa superveniente que hace imposible llevar a cabo el acatamiento de dicha sentencia, promoviendo incidente de inejecución de sentencia. En razón de ello, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, admitió a trámite el incidente en cuestión, inconformes con tal determinación, los promoventes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, dentro de los autos que integran el toca 1370/2017. Punto inmediato que constituye el acto aquí reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por los agraviados adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierten los promoventes, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." A la luz del marco transcrito, este juzgador sostiene que la ya precisada determinación asumida por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a través de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por los aquí disidentes, en el juicio ordinario mercantil 1119/2009, contra el auto dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, que admitió el incidente de inejecución de sentencia, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental. Lo anterior es así, pues en la medida en que una vez se resuelva el incidente de inejecución de sentencia, dicha interlocutoria podría ser favorable a los intereses de la parte disidente y en caso contrario tendrán expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estimen se les ocasionaron. En síntesis, la resolución de la que se duele la parte promovente del amparo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, de ahí que no sea dable su reclamo en esta vía, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución de la que se duele los promoventes no afectan los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a los agraviados, pues como ya se dijo, en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el incidente de inejecución de sentencia, de donde deriva el acto reclamado, los hoy solicitantes del amparo pueden reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en cita, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
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