Adolfo Segura Vega

Expediente 89/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
89/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Adolfo Segura Vega
  • Adolfo Segura Vega y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por dicho tribunal; con motivo del conflicto competencial 4/2017. Consecuentemente, acúsese recibo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria de cuenta al tenor del siguiente punto resolutivo: "(.) PRIMERO. Se declaran legalmente competentes para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por Adolfo Segura Vega, los juzgados Primero o Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, según turno, con residencia en la Ciudad de México.(.)" Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En el mismo sentido, se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió a trámite al conflicto competencial, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, del cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida que origino el presente asunto, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por las razones que se exponen en el proveído trascrito de la comunicación de cuenta. Acúsese recibo al Homólogo Federal. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. (.)" Así las cosas, de autos se advierte que este juzgado federal, mediante determinación de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo en que se actúa, contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y determinó que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, al estimar que los actos reclamados se encuentran vinculados con el acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, estos es, deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el país. Por su parte, el Homólogo Federal no aceptó la competencia declinada en su favor, ya que al efecto argumentó en esencia que la naturaleza del acto reclamado se circunscribe a la materia administrativa genérica, y no al ámbito de ese juzgado especializado, pues no se está en presencia de aquellos casos en que se deba dirimir una controversia en la que esté involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, entendida como la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender bienes o servicios y el libre acceso de consumidores y productos en un mercado, y por ello corresponde conocer a este Juzgado de Distrito. Criterio que no comparte este Juzgado de Distrito; de ahí que, se insiste en declinar competencia en favor del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para conocer y resolver la demanda de amparo multicitada. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para que tenga a bien resolver lo conducente, respecto del conflicto competencial que se plantea. Obténgase copia certificada del oficio de cuenta a efecto de integrar el cuaderno de antecedentes respectivo, y comuníquese la presente determinación al Homólogo Federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente. Así lo provee y firma la licenciada Cecilia Aguilera Ríos, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con la licenciada Gabriela Capetillo Piña, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. Vista la demanda de cuenta, con apoyo en el numeral 48, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve determina que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de MATERIA, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones de competencia económica, siendo así que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra, compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, y no así a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo 22/2013, así como del artículo 6 apartado b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se reúnan o no los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley en cita, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.", pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, en razón de la notoria incompetencia decretada con antelación, y al no reclamarse actos del artículo 15 de la ley de la materia, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental, por tanto, remítase de plano la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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