Adolfo Huerta Velazquez
Expediente 343/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adolfo Huerta Velazquez
- Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos, los oficios de las autoridades Juez Quinto Penal de la ciudad de Puebla y Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se les tiene acusando recibo de los oficios E-691-1 y E-691-2, mediante los cuales se ordenó notificar lo actuado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, y se les devolvieron respectivamente los duplicados de los procesos penales 126/2016 (en dos tomos) y 161/2016 de su índice, con los que se formaron los anexos I al III. Cúmplase.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve el expediente de amparo 343/2018-E en que se actúa y tres tomos de pruebas, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veinte de septiembre del año en curso, en el toca de revisión 188/2018 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a Adolfo Huerta Velázquez, contra los actos y autoridades mencionados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por otra parte, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por tanto, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto al haberse negado el amparo solicitado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvanse las documentales exhibidas por las autoridades Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (anexos I al III); requiriéndolas para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acusen el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a las autoridades citadas, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se les impondrá por separado una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; por tanto, devuélvase el billete de depósito N 836226, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional), debidamente endosado a favor del quejoso, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve el expediente de amparo 343/2018-E en que se actúa y tres tomos de pruebas, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veinte de septiembre del año en curso, en el toca de revisión 188/2018 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a Adolfo Huerta Velázquez, contra los actos y autoridades mencionados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por otra parte, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por tanto, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto al haberse negado el amparo solicitado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvanse las documentales exhibidas por las autoridades Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (anexos I al III); requiriéndolas para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acusen el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a las autoridades citadas, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se les impondrá por separado una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; por tanto, devuélvase el billete de depósito N 836226, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional), debidamente endosado a favor del quejoso, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, comunica que por auto dictado el trece de julio pasado, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Adolfo Huerta Velázquez, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 343/2018-E, del que deriva este cuaderno, para los efectos legales a que haya lugar.
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