Adolfo Huerta Velazquez

Expediente 1274/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1274/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Adolfo Huerta Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de marzo al siete de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 100 a 120), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra del ahora quejoso; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar de manera clara cómo se acredita el elemento engaño, y además las circunstancias de tiempo y modo en que se llevó a cabo el delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. Es decir, cómo es que el activo engañó a los aludidos pasivos, ya que si bien hace alusión a los testimonios de cargo lo cierto es que de esas declaraciones se desprende que en todo momento quien trató con los pasivos y recibió el dinero fueron ******************** y ********************, más no el inculpado ********************; luego, si la responsable dice que el inculpado fue quien engañó a los agraviados debe precisar de manera clara y precisa de donde se desprende ese elemento "engaño", dado que la manera en cómo lo abordó en la resolución reclamada no es suficiente para tenerlo por demostrado, ya que, se insiste de las pruebas que menciona se advierte que quien engañaron a los pasivos fueron otras personas y no el aquí quejoso. b) Al establecer que el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era la unidad de medida actualizada (antes salario mínimo), vigente en el lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta de los quejosos en el supuesto legal citado. c) Por cuanto hace a la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en su comisión, deberá establecer de manera individualizada la conducta que desplegó, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude." Sentencia de amparo que el dos de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 186 y 187). Ahora bien, mediante oficios 698 y 908 de nueve y dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 198 a 215, 220 y 221), el juez responsable remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en los autos de la causa penal ******************** de su índice, de las cuales, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (foja 221). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso ********************, decretándole auto de formal prisión por el delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Andrés Hoyos Martínez y Maximino Toledano Lira. Resolución en la cual, precisó de manera clara cómo se acredita el elemento engaño, además de establecer las circunstancias de tiempo y modo en que se llevó a cabo el delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias; al referir lo siguiente: "Como es de observarse si bien es cierto el inculpado ******************** aun cuando no haya sido el que directamente realizó tratos con los agraviados de la supuesta compra venta de unos tractores, sin embargo si se hace pasar como funcionario de sagarpa, toda vez que los agraviados refieren que el mismo al momento de las entrevistas con ********************, este se encontraba presente y que incluso la misma inculpada de referencia les hace saber que son sus colaboradores, y no menos es cierto, que si intervino en otra fase de la comisión de ese delito que previamente había sido concertado entre varios coacusados, por haber cooperado de consuno (sic) con los demás al resultado delictivo. Ahora bien el engaño, como el segundo elemento de fraude, lo configuran los medios empleados por el agente delictivo del delito al engañar a su víctima haciéndole creer que eran funcionarios de sagarpa y que al aportar el veinte por ciento del valor total de tractor es como lo iban a adquirir, para lo cual solamente le hacían falta momentáneamente diversas cantidades de dinero que se solicitaba del ofendido, que le entregó, y que como requisito era que fuera campesino y como propietario o arrendatarios de treinta hectáreas, además de que a los agraviados le fueron entregados los documentos tales como 1.- la copia fotostática del presupuesto número 58987 de fecha 18 de enero de 2016 por un total general de un millón trescientos noventa y ocho mil trescientos veintisiete pesos a nombre de Maximino Toledano Lira y expedido por Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. DE C.V., 2.- la copia fotostática de recibo de caja número 31461 de fecha 19 de enero del año 2016 por la cantidad de ciento treinta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos, a nombre de Maximino Toledano Lira y expedido por Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. DE C.V., y 3. el original del recibo que expedido el señor Sergio Rosete r (sic) por la cantidad de ciento treinta y siete mil pesos por concepto de proyecto de tractor de fecha 28 de marzo del 2016, y sin ser verdad que trabajan en sagarpa a sabiendas de que no podrían entregar el tractor ofrecido, con lo cual menoscabó el patrimonio de los agraviados. Por lo que el acreditamiento relativo a el engaño, se satisface con lo manifestado por los agraviados Andrés Hoyos Martínez y Maximino Toledano Lira, valoradas en términos del artículo 201 del Código Adjetivo Penal, las que se corroboran con el testimonio de Víctor Toledano Pérez valorada en términos del artículo 178 fracción I del Código Procesal de la Materia, así como la declaración de los sujetos activos Lilia Flores Hernández y Antonio Porras Morales, las que son eficaces para conocer que el activo, junto con otras personas hizo creer a los pasivos, que si aportaban el vente por ciento del costo total de la maquinaria que adquirieran SAGARPA aportaría el ochenta por ciento, siendo como requisito indispensable que los agraviados fueran titulares o arrendatarios de treinta hectáreas de terreno para poder recibir el apoyo; por lo que el día 16 de enero del año en curso, se constituyeron en las instalaciones de la agencia de tractores agrícolas lugar donde conocieron a ********************, quien se identificó con un gafete como funcionaria proyectista SAGARPA, posteriormente el día lunes 18 de enero se presentó el agraviado Andrés Hoyos Morales y Víctor Toledano Pérez (hijo del agraviado Maximino Toledano Lira), entregándole ********************, la documentación necesaria para dar inicio al proyecto, siendo el día 19 diecinueve de enero del año en curso, que acudieron a la Agencia de Tractores Agrícolas y le entregó cada uno una suma de dinero correspondiente al diez por ciento del costo del tractor que adquirirán, entregando Andrés Hoyos Morales, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos; y a nombre de Maximino Toledano Lira, la cantidad de $139,837.00 ciento treinta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional; al haberse entregado el dinero en la agencia a los sujetos pasivos les generó confianza, así las cosas el día 21 de marzo del año en curso fueron citados en Boulevard 16 de Septiembre para que hicieran la segunda entrega de dinero que correspondía al otro diez por ciento del costo del tractor a comprar, entregando Andrés Hoyos Morales, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos cero centavos moneda nacional; en tanto el 28 de marzo del año en curso, a nombre de Maximino Toledano Lira, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos, los cuales fueron entregados en Boulevard 16 de Septiembre Huixcolotla (sic); sin embargo, esta ocasión quien recibió esas cantidades de dinero fue un señor como de 60 años de edad canoso ******************** quien les entregó un recibo elaborado de su puño y letra manifestándoles que con posterioridad les haría llegar el recibo de depósito original; habiendo entregado en total el agraviado Andrés Hoyos Martínez, la cantidad de $252,832.00 ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos cero centavos moneda nacional, en tanto el agraviado Maximino Toledano Lira $269,837.00 doscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional, sin embargo, los sujetos activos no realizaron ninguna gestión para que los agraviados pudieran adquirir un tractor, ya que lo que ofrecían no era cierto. Por lo que siendo el fraude delito de orden técnico y evidenciado en la especie el mecanismo por el cual la agente logró hacerse del numerario del ofendido mediante la realización de maniobras engañosas que hicieron nacer en el pasivo una creencia falsa al suponer que los inculpados trabajan en sagarpa y quienes ofrecieron unos tractores, los cuales constarían el veinte por ciento de su valor, sea por ideación propia o prestándose a las fraguadas por otro individuo, lo cierto es que le resultado alcanzado con esos engaños, dañó el patrimonio de los citados ofendidos, por lo que, los temas del cuerpo de la figura quedó comprobado mediante la vinculación de las diversas probanzas antes referidas, incluso, el inculpado ******************** haberse prestado a llenar un documento que le entregó al agraviado, precisamente para asegurar el éxito de la defraudación, prestándose a la objetividad de los actos propios del tipo, sin revelar al ofendido no se trabajador de sagarpa ni de ********************, sino deliberadamente hizo persistir en su error a éste." (fojas 208 y 209). Por otra parte, el juez de la causa establece que el delito de fraude genérico, se ubica en la fracción IV del artículo 403, del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual señala el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, explicando las operaciones aritméticas necesarias, al referir lo siguiente: "Ahora bien la conducta delictiva de fraude se ubica en el artículo 403 fracción IV, del Código Penal, en el cual establece: (.) IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario. Por lo que si se atiende a que el salario en el año dos mil dieciséis y de Acuerdo a la Comisión de Salarios Mínimos, estaba en $73.04 que multiplicados por mil nos da la cantidad de $73,040.00 y si se atiende a que los agraviados Andrés Hoyos Martínez, entregó la cantidad de $252,832.00 doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos cero centavos moneda nacional, en tanto el agraviado Maximino Toledano Lira $269,837.00 doscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional, como puede apreciarse el valor de lo defraudado excede de mil días de salario." (foja 210). Y, finalmente el juez del proceso, por cuanto hace a la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito imputado, estableció la conducta que desplegó, así como su grado de participación o forma de intervención (coautoría) y la manera en que produjeron el delito de fraude, al exponer: "En relación a los alegatos que hace la abogada Nora Mora Arroyo, deviene inoperantes en virtud de que como a lo largo del presente proveído se ha citado, y como lo citan los agraviados y atestes si tuvo participación directa el inculpado ********************, ya que cuando los agraviados realizaron la entrevista con ********************, el mismo estuvo presente e inclusive la coinculpada manifestó que eran parte de sus colaboradores, aunado a que en una de las citas que realizan a los agraviados y en específico en un restaurante llegó el inculpado Adolfo Huerta Venezuela (sic) a quien conocían de vista porque en anteriores reuniones con la Lic. ******************** se encontraba presente y les refiere que la Lic. Sandra se encontraba en el área de estacionamiento por lo que acuden hasta donde se encontraba en compañía de una persona que al parecer era su chofer y Francisco Javier Fuentes Sánchez le entregó los cincuenta mil pesos con los cuales les empezó a contar mientras que ******************** se encontraba realizando un recibo por dicha cantidad cuando pasó un carro de color blanco y la Lic. ******************** le entrega los cincuenta mil pesos al conductor retirándose del lugar mientras ******************** le entregaba el recibo. En esas condiciones, poco interesa que el inculpado no haya sido la persona que se entrevistó inicialmente con los agraviados, ya que el ilícito se agotó, desde el momento en que uno de los participantes recibió el numerario de manos del pasivo, teniendo lo anterior importancia únicamente por lo que se refiere al grado de participación en la empresa criminal. Precisamente por haber participado el inculpado en la realización del ilícito al realizar un documento de una cantidad recibida, prestándose a la objetividad de los actos propios del tipo, sin revelar al ofendido que no eran trabajadores de sagarpa, sino deliberadamente hizo persistir en su error a éste, la presunción juris tantum del artículo 21 fracción I del Código Penal le reportó perjuicio, aun cuando creyera en la legitimidad de la finalidad perseguida por aquél ubicándose en una de las formas de la participación delictuosa prevista en el numeral 13 del mismo cuerpo de leyes. De ahí que la participación de ********************, es la de COAUTOR EN CONDOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL MEDIO COMISIVO, ES DECIR, TODOS AQUELLOS RELACIONADOS CON EL ENGAÑO DE QUE FUERON VÍCTIMAS LOS QUERELLANTES, esto en términos de los artículos 13 y 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, ya que el indiciado era parte de la organización creada para engañar a la gente y obtener un lucro indebido, siendo los actos realizados por el sujeto activo, acompañar a ******************** y/o Sandy Pérez Morales cuando recibió parte del dinero de los sujetos pasivos; de esta forma concibió, preparó y ejecutó, su acción delictiva." (fojas 213 y 213 vuelta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito del quejoso con el que se da cuanta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, y refiere que la sentencia de amparo no está cumplida, ya que el juez responsable no observó los lineamientos establecidos en la misma, pues no precisa cómo es que el quejoso engañó a los pasivos del delito, ya que según se advierte de las declaraciones de los agraviados quien trató con ellos fueron distintas personas y no el quejoso; aunado a que la responsable afirma de manera subjetiva que el amparista se hace pasar por funcionario de SAGARPA, sin que en el sumario exista algún procedimiento en su contra por ese delito. Agrega que la responsable no especifica las circunstancias de tiempo y modo del delito que le imputa, además de no establecer razonamientos lógico-jurídicos con los cuales concluya que la acción delictiva que se le atribuye la haya cometido. Y, por cuanto hace a la probable responsabilidad en la comisión del ilícito atribuido, el juez de origen no establece la conducta que supuestamente desplegó y que tampoco individualiza su grado de participación; además de que la responsable atrae circunstancias ajenas a la causa, ya que el argumento de que el quejoso elaboró un recibo y lo entregó a los agraviados, es indebido, pues esa circunstancia corresponde a actuaciones practicadas en la averiguación previa 1922/2016/SACHO, que corre agregada a la causa penal del origen, mas no acumulada, que se refiere a hechos totalmente ajenos a la causa penal de origen, además de que la responsable confunde los testimonios de Andrés Hoyos Martínez y Víctor Toledano Pérez, teniéndolos como una imputación en su contra. Alegaciones que son infundadas, ya que como se estableció anteriormente, el juez responsable en la resolución de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la cual resuelve nuevamente la situación jurídica del quejoso, sí se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues sí precisa cómo es que el quejoso engañó a los pasivos del delito, así como especifica las circunstancias de tiempo y modo del delito que le imputa, así como establece la conducta que desplegó el amparista y su grado de participación en el delito de fraude imputado, al establecer que si bien el quejoso ******************** no fue directamente quien realizó tratos con los agraviados de la supuesta compra de los tractores; sin embargo, se hizo pasar como funcionario de SAGARPA, ya que los agraviados al entrevistarse con la coinculpada ********************, el quejoso se encontraba presente y la misma les manifestó que era su colaborador. Aunado a que, el juez de la causa agrega que dicho quejoso el día dieciocho de abril (de dos mil dieciséis), en el área de estacionamiento del plaza San Diego de Cholula, Puebla, el agraviado Francisco Javier Fuentes Sánchez le hizo entrega a la coinculpada ******************** de la cantidad de cincuenta mil pesos y que el quejoso Rodolfo Huerta Velázquez realizó un recibo por dicha cantidad y se le entrega al referido agraviado (foja 208). Por lo que el juez A Quo concluye que la intervención del quejoso ******************** es la de coautor en condominio funcional del hecho, durante la ejecución de los actos que constituyen el medio comisivo, es decir, todos aquellos relacionados con el engaño de que fueron víctimas los querellantes, en términos de los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, ya que el indiciado era parte de la organización creada para engañar a la gente y obtener un lucro indebido (foja 213 vuelta). Y, respecto de la alegación de que en la causa no existe un procedimiento contra el quejoso por supuestamente hacerse pasar por funcionario de SAGARPA, resulta inoperante ya que el delito imputado es de fraude más no por diversa tipo penal (como podría ser usurpación de funciones públicas). Y, finalmente por cuanto hace a la alegación de que el juez de la causa toma en consideración actuaciones practicadas en la averiguación previa 1922/2016/SACHO, que corre agregada a la causa penal del origen, misma que no está acumulada y que se refiere a hechos totalmente ajenos a la causa penal de origen; hágase saber al ocursante que sus manifestaciones son infundadas, ya que en la sentencia de amparo de seis de enero de dos mil diecisiete, se le concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones se refiere a cuestiones de fondo del acto reclamado, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 100 a 120), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra del ahora quejoso; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar de manera clara cómo se acredita el elemento engaño, y además las circunstancias de tiempo y modo en que se llevó a cabo el delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. Es decir, cómo es que el activo engañó a los aludidos pasivos, ya que si bien hace alusión a los testimonios de cargo lo cierto es que de esas declaraciones se desprende que en todo momento quien trató con los pasivos y recibió el dinero fueron ******************** y ********************, más no el inculpado ********************; luego, si la responsable dice que el inculpado fue quien engañó a los agraviados debe precisar de manera clara y precisa de donde se desprende ese elemento "engaño", dado que la manera en cómo lo abordó en la resolución reclamada no es suficiente para tenerlo por demostrado, ya que, se insiste de las pruebas que menciona se advierte que quien engañaron a los pasivos fueron otras personas y no el aquí quejoso. b) Al establecer que el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era la unidad de medida actualizada (antes salario mínimo), vigente en el lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta de los quejosos en el supuesto legal citado. c) Por cuanto hace a la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en su comisión, deberá establecer de manera individualizada la conducta que desplegó, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude." Sentencia de amparo que el dos de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 186 y 187). Ahora bien, mediante oficios 698 y 908 de nueve y dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 198 a 215, 220 y 221), el juez responsable remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en los autos de la causa penal ******************** de su índice, de las cuales, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (foja 221). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso ********************, decretándole auto de formal prisión por el delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Andrés Hoyos Martínez y Maximino Toledano Lira. Resolución en la cual, precisó de manera clara cómo se acredita el elemento engaño, además de establecer las circunstancias de tiempo y modo en que se llevó a cabo el delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias; al referir lo siguiente: "Como es de observarse si bien es cierto el inculpado ******************** aun cuando no haya sido el que directamente realizó tratos con los agraviados de la supuesta compra venta de unos tractores, sin embargo si se hace pasar como funcionario de sagarpa, toda vez que los agraviados refieren que el mismo al momento de las entrevistas con ********************, este se encontraba presente y que incluso la misma inculpada de referencia les hace saber que son sus colaboradores, y no menos es cierto, que si intervino en otra fase de la comisión de ese delito que previamente había sido concertado entre varios coacusados, por haber cooperado de consuno (sic) con los demás al resultado delictivo. Ahora bien el engaño, como el segundo elemento de fraude, lo configuran los medios empleados por el agente delictivo del delito al engañar a su víctima haciéndole creer que eran funcionarios de sagarpa y que al aportar el veinte por ciento del valor total de tractor es como lo iban a adquirir, para lo cual solamente le hacían falta momentáneamente diversas cantidades de dinero que se solicitaba del ofendido, que le entregó, y que como requisito era que fuera campesino y como propietario o arrendatarios de treinta hectáreas, además de que a los agraviados le fueron entregados los documentos tales como 1.- la copia fotostática del presupuesto número 58987 de fecha 18 de enero de 2016 por un total general de un millón trescientos noventa y ocho mil trescientos veintisiete pesos a nombre de Maximino Toledano Lira y expedido por Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. DE C.V., 2.- la copia fotostática de recibo de caja número 31461 de fecha 19 de enero del año 2016 por la cantidad de ciento treinta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos, a nombre de Maximino Toledano Lira y expedido por Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. DE C.V., y 3. el original del recibo que expedido el señor Sergio Rosete r (sic) por la cantidad de ciento treinta y siete mil pesos por concepto de proyecto de tractor de fecha 28 de marzo del 2016, y sin ser verdad que trabajan en sagarpa a sabiendas de que no podrían entregar el tractor ofrecido, con lo cual menoscabó el patrimonio de los agraviados. Por lo que el acreditamiento relativo a el engaño, se satisface con lo manifestado por los agraviados Andrés Hoyos Martínez y Maximino Toledano Lira, valoradas en términos del artículo 201 del Código Adjetivo Penal, las que se corroboran con el testimonio de Víctor Toledano Pérez valorada en términos del artículo 178 fracción I del Código Procesal de la Materia, así como la declaración de los sujetos activos Lilia Flores Hernández y Antonio Porras Morales, las que son eficaces para conocer que el activo, junto con otras personas hizo creer a los pasivos, que si aportaban el vente por ciento del costo total de la maquinaria que adquirieran SAGARPA aportaría el ochenta por ciento, siendo como requisito indispensable que los agraviados fueran titulares o arrendatarios de treinta hectáreas de terreno para poder recibir el apoyo; por lo que el día 16 de enero del año en curso, se constituyeron en las instalaciones de la agencia de tractores agrícolas lugar donde conocieron a ********************, quien se identificó con un gafete como funcionaria proyectista SAGARPA, posteriormente el día lunes 18 de enero se presentó el agraviado Andrés Hoyos Morales y Víctor Toledano Pérez (hijo del agraviado Maximino Toledano Lira), entregándole ********************, la documentación necesaria para dar inicio al proyecto, siendo el día 19 diecinueve de enero del año en curso, que acudieron a la Agencia de Tractores Agrícolas y le entregó cada uno una suma de dinero correspondiente al diez por ciento del costo del tractor que adquirirán, entregando Andrés Hoyos Morales, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos; y a nombre de Maximino Toledano Lira, la cantidad de $139,837.00 ciento treinta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional; al haberse entregado el dinero en la agencia a los sujetos pasivos les generó confianza, así las cosas el día 21 de marzo del año en curso fueron citados en Boulevard 16 de Septiembre para que hicieran la segunda entrega de dinero que correspondía al otro diez por ciento del costo del tractor a comprar, entregando Andrés Hoyos Morales, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos cero centavos moneda nacional; en tanto el 28 de marzo del año en curso, a nombre de Maximino Toledano Lira, la cantidad de $130,000.00 ciento treinta mil pesos, los cuales fueron entregados en Boulevard 16 de Septiembre Huixcolotla (sic); sin embargo, esta ocasión quien recibió esas cantidades de dinero fue un señor como de 60 años de edad canoso ******************** quien les entregó un recibo elaborado de su puño y letra manifestándoles que con posterioridad les haría llegar el recibo de depósito original; habiendo entregado en total el agraviado Andrés Hoyos Martínez, la cantidad de $252,832.00 ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos cero centavos moneda nacional, en tanto el agraviado Maximino Toledano Lira $269,837.00 doscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional, sin embargo, los sujetos activos no realizaron ninguna gestión para que los agraviados pudieran adquirir un tractor, ya que lo que ofrecían no era cierto. Por lo que siendo el fraude delito de orden técnico y evidenciado en la especie el mecanismo por el cual la agente logró hacerse del numerario del ofendido mediante la realización de maniobras engañosas que hicieron nacer en el pasivo una creencia falsa al suponer que los inculpados trabajan en sagarpa y quienes ofrecieron unos tractores, los cuales constarían el veinte por ciento de su valor, sea por ideación propia o prestándose a las fraguadas por otro individuo, lo cierto es que le resultado alcanzado con esos engaños, dañó el patrimonio de los citados ofendidos, por lo que, los temas del cuerpo de la figura quedó comprobado mediante la vinculación de las diversas probanzas antes referidas, incluso, el inculpado ******************** haberse prestado a llenar un documento que le entregó al agraviado, precisamente para asegurar el éxito de la defraudación, prestándose a la objetividad de los actos propios del tipo, sin revelar al ofendido no se trabajador de sagarpa ni de ********************, sino deliberadamente hizo persistir en su error a éste." (fojas 208 y 209). Por otra parte, el juez de la causa establece que el delito de fraude genérico, se ubica en la fracción IV del artículo 403, del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual señala el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, explicando las operaciones aritméticas necesarias, al referir lo siguiente: "Ahora bien la conducta delictiva de fraude se ubica en el artículo 403 fracción IV, del Código Penal, en el cual establece: (.) IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario. Por lo que si se atiende a que el salario en el año dos mil dieciséis y de Acuerdo a la Comisión de Salarios Mínimos, estaba en $73.04 que multiplicados por mil nos da la cantidad de $73,040.00 y si se atiende a que los agraviados Andrés Hoyos Martínez, entregó la cantidad de $252,832.00 doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos cero centavos moneda nacional, en tanto el agraviado Maximino Toledano Lira $269,837.00 doscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos cero centavos moneda nacional, como puede apreciarse el valor de lo defraudado excede de mil días de salario." (foja 210). Y, finalmente el juez del proceso, por cuanto hace a la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito imputado, estableció la conducta que desplegó, así como su grado de participación o forma de intervención (coautoría) y la manera en que produjeron el delito de fraude, al exponer: "En relación a los alegatos que hace la abogada Nora Mora Arroyo, deviene inoperantes en virtud de que como a lo largo del presente proveído se ha citado, y como lo citan los agraviados y atestes si tuvo participación directa el inculpado ********************, ya que cuando los agraviados realizaron la entrevista con ********************, el mismo estuvo presente e inclusive la coinculpada manifestó que eran parte de sus colaboradores, aunado a que en una de las citas que realizan a los agraviados y en específico en un restaurante llegó el inculpado Adolfo Huerta Venezuela (sic) a quien conocían de vista porque en anteriores reuniones con la Lic. ******************** se encontraba presente y les refiere que la Lic. Sandra se encontraba en el área de estacionamiento por lo que acuden hasta donde se encontraba en compañía de una persona que al parecer era su chofer y Francisco Javier Fuentes Sánchez le entregó los cincuenta mil pesos con los cuales les empezó a contar mientras que ******************** se encontraba realizando un recibo por dicha cantidad cuando pasó un carro de color blanco y la Lic. ******************** le entrega los cincuenta mil pesos al conductor retirándose del lugar mientras ******************** le entregaba el recibo. En esas condiciones, poco interesa que el inculpado no haya sido la persona que se entrevistó inicialmente con los agraviados, ya que el ilícito se agotó, desde el momento en que uno de los participantes recibió el numerario de manos del pasivo, teniendo lo anterior importancia únicamente por lo que se refiere al grado de participación en la empresa criminal. Precisamente por haber participado el inculpado en la realización del ilícito al realizar un documento de una cantidad recibida, prestándose a la objetividad de los actos propios del tipo, sin revelar al ofendido que no eran trabajadores de sagarpa, sino deliberadamente hizo persistir en su error a éste, la presunción juris tantum del artículo 21 fracción I del Código Penal le reportó perjuicio, aun cuando creyera en la legitimidad de la finalidad perseguida por aquél ubicándose en una de las formas de la participación delictuosa prevista en el numeral 13 del mismo cuerpo de leyes. De ahí que la participación de ********************, es la de COAUTOR EN CONDOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL MEDIO COMISIVO, ES DECIR, TODOS AQUELLOS RELACIONADOS CON EL ENGAÑO DE QUE FUERON VÍCTIMAS LOS QUERELLANTES, esto en términos de los artículos 13 y 21 fracción I del Código Sustantivo Penal, ya que el indiciado era parte de la organización creada para engañar a la gente y obtener un lucro indebido, siendo los actos realizados por el sujeto activo, acompañar a ******************** y/o Sandy Pérez Morales cuando recibió parte del dinero de los sujetos pasivos; de esta forma concibió, preparó y ejecutó, su acción delictiva." (fojas 213 y 213 vuelta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito del quejoso con el que se da cuanta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, y refiere que la sentencia de amparo no está cumplida, ya que el juez responsable no observó los lineamientos establecidos en la misma, pues no precisa cómo es que el quejoso engañó a los pasivos del delito, ya que según se advierte de las declaraciones de los agraviados quien trató con ellos fueron distintas personas y no el quejoso; aunado a que la responsable afirma de manera subjetiva que el amparista se hace pasar por funcionario de SAGARPA, sin que en el sumario exista algún procedimiento en su contra por ese delito. Agrega que la responsable no especifica las circunstancias de tiempo y modo del delito que le imputa, además de no establecer razonamientos lógico-jurídicos con los cuales concluya que la acción delictiva que se le atribuye la haya cometido. Y, por cuanto hace a la probable responsabilidad en la comisión del ilícito atribuido, el juez de origen no establece la conducta que supuestamente desplegó y que tampoco individualiza su grado de participación; además de que la responsable atrae circunstancias ajenas a la causa, ya que el argumento de que el quejoso elaboró un recibo y lo entregó a los agraviados, es indebido, pues esa circunstancia corresponde a actuaciones practicadas en la averiguación previa 1922/2016/SACHO, que corre agregada a la causa penal del origen, mas no acumulada, que se refiere a hechos totalmente ajenos a la causa penal de origen, además de que la responsable confunde los testimonios de Andrés Hoyos Martínez y Víctor Toledano Pérez, teniéndolos como una imputación en su contra. Alegaciones que son infundadas, ya que como se estableció anteriormente, el juez responsable en la resolución de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la cual resuelve nuevamente la situación jurídica del quejoso, sí se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues sí precisa cómo es que el quejoso engañó a los pasivos del delito, así como especifica las circunstancias de tiempo y modo del delito que le imputa, así como establece la conducta que desplegó el amparista y su grado de participación en el delito de fraude imputado, al establecer que si bien el quejoso ******************** no fue directamente quien realizó tratos con los agraviados de la supuesta compra de los tractores; sin embargo, se hizo pasar como funcionario de SAGARPA, ya que los agraviados al entrevistarse con la coinculpada ********************, el quejoso se encontraba presente y la misma les manifestó que era su colaborador. Aunado a que, el juez de la causa agrega que dicho quejoso el día dieciocho de abril (de dos mil dieciséis), en el área de estacionamiento del plaza San Diego de Cholula, Puebla, el agraviado Francisco Javier Fuentes Sánchez le hizo entrega a la coinculpada ******************** de la cantidad de cincuenta mil pesos y que el quejoso Rodolfo Huerta Velázquez realizó un recibo por dicha cantidad y se le entrega al referido agraviado (foja 208). Por lo que el juez A Quo concluye que la intervención del quejoso ******************** es la de coautor en condominio funcional del hecho, durante la ejecución de los actos que constituyen el medio comisivo, es decir, todos aquellos relacionados con el engaño de que fueron víctimas los querellantes, en términos de los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, ya que el indiciado era parte de la organización creada para engañar a la gente y obtener un lucro indebido (foja 213 vuelta). Y, respecto de la alegación de que en la causa no existe un procedimiento contra el quejoso por supuestamente hacerse pasar por funcionario de SAGARPA, resulta inoperante ya que el delito imputado es de fraude más no por diversa tipo penal (como podría ser usurpación de funciones públicas). Y, finalmente por cuanto hace a la alegación de que el juez de la causa toma en consideración actuaciones practicadas en la averiguación previa 1922/2016/SACHO, que corre agregada a la causa penal del origen, misma que no está acumulada y que se refiere a hechos totalmente ajenos a la causa penal de origen; hágase saber al ocursante que sus manifestaciones son infundadas, ya que en la sentencia de amparo de seis de enero de dos mil diecisiete, se le concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez de la causa, y dichas manifestaciones se refiere a cuestiones de fondo del acto reclamado, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de trece de febrero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo incorporado en el proveído antes citado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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