Adolfo Gonzalez Lopez
Expediente 1568/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1568/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Congreso del Estado Libre Y Soberano de Morelos
- Adolfo Gonzalez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1568/2021-I, promovido por Adolfo González López, por su propio derecho y en su carácter de Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en Morelos, con sede en Cuautla; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veinticuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, Adolfo González López, por su propio derecho y en su carácter de Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en Morelos, con sede en Cuautla solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde radica la autoridad emisora del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos: A. El proceso legislativo, en la esfera de su competencia, del artículo 59, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, específicamente la porción normativa que establece "ningún interinato podrá ser mayor a tres meses". Del Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y de la referida Junta: B. La eventual aplicación de la norma reclamada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, negó el acto reclamado; sin que de autos se advierta prueba aportada por la parte quejosa para desvirtuar dicha negativa. Igual consideración respecto a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pues si bien en el informe justificado admitió la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, señaló que "hasta este momento no se ha aplicado en perjuicio del quejoso el artículo que tilda de inconstitucional", de lo que se desprende la inexistencia del acto que se le atribuye. Máxime que el quejoso reclama la norma como autoaplicativa, es decir, por su sola entrada en vigor le causó un perjuicio a su esfera jurídica. En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el presente considerando, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XXI. 1o. 102 K, con número de registro digital 210529, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, identificado con la letra A, consistente en el procedimiento legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, del artículo 59, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que así lo aceptaron al rendir el informe justificado. Lo cual se encuentra confirmado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión a las estatales, implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causal de improcedencia fundada. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a analizar si se actualiza alguna. El Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad, al rendir el informe justificado señalaron que respecto al refrendo y publicación de la norma impugnada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción III de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no los combate por vicios propios ya que no esgrimió conceptos de violación. Es fundada dicha causal de improcedencia, en virtud de que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa no enderezó conceptos de violación contra el refrendo y la publicación de la norma reclamada, es decir, no se esbozó algún argumento tendente a establecer la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causan dichos actos del proceso legislativo. Por otra parte, el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que no es procedente suplir la deficiencia de la queja. En ese orden de ideas, es claro que ante la ausencia no sólo de conceptos de violación, sino de causa de pedir y siendo improcedente la suplencia de la queja en beneficio del quejoso, resulta evidente que no existen los elementos necesarios para dar curso a la pretensión del estudio de la constitucionalidad de las normas reclamadas respecto al refrendo y la publicación, tornándose improcedente el presente juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito del rubro y texto: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada respecto al refrendo y publicación de la norma impugnada, que se reclamaron al Gobernador, Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, se sobresee en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Causal de improcedencia infundada. Las autoridades responsables Congreso del Estado y Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, manifestaron que la norma reclamada no afecta la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Se desestima dicha la causal de improcedencia, en virtud de que el quejoso demostró con las copias certificadas de los oficios de designación que desde el dieciocho de junio de dos mil catorce, se ha desempeñado como Juez interino ininterrumpidamente, incluso de la copia certificada del oficio RJD/JUNTA ADMON/3666/2021, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, se advierte la ampliación de la designación del quejoso como Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Cuautla, Morelos, temporal e interina, a partir de dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno, al diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, por tanto, dado que la porción normativa impugnada establece que "ningún interinato podrá ser mayor a tres meses", es claro que dicha norma afecta la esfera jurídica del quejoso, al establecer una temporalidad máxima al interinato; por tal motivo, son infundados los argumentos de las autoridades responsables. Al no advertirse alguna otra causa de improcedencia se procede al análisis de la norma reclamada. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Por una parte, son infundados y en otra, inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: 1. Argumenta el quejoso que la norma reclamada es transgresora de sus derechos adquiridos conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como el 87, de la Constitución Estatal como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial porque vulnera los principios fundamentales de autonomía e independencia judicial, ya que el Estado está obligado a asegurar la independencia judicial, aun en los jueces que se hayan designado de manera temporal e interina a fin de que sean independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional, y por ello debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a la libre remoción. Asimismo, aduce que la ejecución de la disposición reclamada daría pauta a que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, ejecute un acto con efectos retroactivos en su perjuicio a través de la remoción del cargo por la falta de renovación o ampliación del nombramiento del cargo que se encuentra ejerciendo como Juez de Primera Instancia, lo cual es violatorio del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el legislador dispuso que los nombramientos interinos de jueces no podrán ser mayores a tres meses. En la época de su designación la redacción del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no establecía temporalidad alguna y mucho menos expresamente como obligación que los jueces designados de manera interina o temporal no podrían durar más de tres meses y fue bajo la vigencia disposición normativa que el quejoso fue designado como Juez de Primera Instancia. Son infundados los referidos conceptos de violación por las consideraciones jurídicas siguientes: El quejoso exhibió copias certificadas de sus designaciones como Juez de Primera Instancia, documentos públicos a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por tanto, está acreditado que se ha desempeñado desde el diecisiete de junio de dos mil catorce, a la fecha de la presentación de la demanda, de manera ininterrumpida como Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones y actualmente como Juez Especializado de Control de Único Distrito Judicial del Estado con sede en Cuautla, Morelos, con designaciones interinas. La última consta en el oficio número RJD/JUNTA ADMON/3666/2021, en el que se amplió ampliación de su designación como Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Cuautla, Morelos, de manera temporal e interina, a partir de dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno al diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno. Ahora bien el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece: "ARTICULO 59.- Los nombramientos que expida el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ola (sic) Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, según el caso, tendrán el carácter de definitivos e interinos. Son definitivos los nombramientos que se otorguen para cubrir una plaza vacante en forma permanente; interinos, para cubrir una plaza vacante en virtud de una ausencia temporal. Los secretarios de acuerdos que sean nombrados interinamente Jueces, al término de su encargo serán restituidos al puesto que desempeñaban con anterioridad a su nombramiento. Los juzgados deberán contar con jueces definitivos y ningún interinato podrá ser mayor a tres meses." El quejoso reclama la última porción normativa del artículo transcrito que establece "ningún interinato podrá ser mayor a tres meses" Los artículos 17, párrafos segundo y séptimo, y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo. 17.- . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.." "Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. (.) III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo." De los preceptos trascritos se desprende el principio de independencia judicial como uno de los principios básicos de la administración de justicia. Como formas de garantizar esta independencia judicial en la administración de justicia local, se consagran diversos principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder público. Uno de esos principios básicos reside en la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta, entre otros aspectos, en la inamovilidad judicial para los Magistrados y Jueces que hayan sido ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser removidos "en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.". La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado o Juez inicia el ejercicio de su encargo. Lo anterior se desprende del segundo y cuarto párrafos de la propia fracción III del artículo 116 constitucional, porque conforme a ese dispositivo la designación de jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado debe sujetarse a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse los nombramientos de Magistrados y Jueces deberán hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o con merecimientos por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, siendo responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a dicha designación. Conforme al citado dispositivo constitucional, se consagra la carrera judicial al establecerse, por una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados señalarán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de los Consejos de la Judicatura o sus equivalentes. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo se manifiesta en la determinación prevista en las Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo. La seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protección del funcionario judicial, sino salvaguardar el derecho social de que se cuente con un cuerpo de Magistrados y Jueces que por reunir con excelencia los atributos que la Constitución exige, hagan efectiva, cotidianamente, el derecho humano de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal. Esa seguridad en el cargo debe ser garantizada desde el inicio del ejercicio del cargo de juez. Las consideraciones que anteceden tienen sustento en las jurisprudencias P./J. 101/2000 y P./J. 107/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros siguientes: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." El principio de independencia judicial, en su vertiente como garantía de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, no solamente es aplicable para los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino también para los Jueces de Primera Instancia, pues, dichos jueces son titulares de los juzgados que integran, como depositarios del propio Poder Judicial del Estado y gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Ahora, los Jueces interinos y temporales -cuyo nombramiento no lo obtuvieron por haber presentado y aprobado un examen de oposición ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado- les es aplicable el principio de independencia judicial y, por tanto, el de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo. De esas bases constitucionales válidamente se pueden desprender los siguientes parámetros: Los jueces con nombramientos provisionales -al igual que aquellos que son definitivos-, son sujetos del principio de independencia judicial y ameritan un cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre remoción. La destitución de jueces por la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina Local, antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón concreta alguna y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia judicial. La provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. La extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial. Esta situación de vulnerabilidad del Poder Judicial se acentúa si tampoco existen procesos de destitución respetuosos de las obligaciones internacionales de los Estados. Lo anterior conforme a la tesis XVIII.5o.1 CS (10a.), emitida por el otrora Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito del rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL." En ese orden de ideas, la norma reclamada no vulnera los principios de autonomía e independencia judicial; por el contrario el legislador estatal al determinar que los juzgados deben contar con jueces definitivos y que ningún interinato podrá ser mayor a tres meses, dotó de mayor estabilidad a los Jueces estatales en la permanencia del encargo, puesto que como se dijo, en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial, por ello, los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. Asimismo, la norma impugnada no conlleva per se a la remoción del cargo de Juez que ostentaba el quejoso al promover el juicio constitucional durante el tiempo por el cual había sido designado; y, por otra parte, el Presidente de la Junta de Administración responsable señaló que no se le ha aplicado. Por otra parte, debe establecerse que el quejoso cuenta con un nombramiento interino de Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla Morelos, a partir del dieciocho de septiembre al diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; por ello aduce que en aplicación retroactiva de la norma impugnada la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, lo removerá del cargo por la falta de renovación o ampliación del nombramiento del cargo que se encuentra ejerciendo, pues considera un derecho adquirido el que le sea renovada la designación de Juez hasta en tanto exista una designación de un Juez definitivo en la plaza que ocupa. Es Infundado dicho argumento porque no existe disposición legal que prevea la continuidad de la ampliación de la designación en los términos aducidos por el quejoso. Si bien los jueces con nombramientos temporales son sujetos del principio de independencia judicial y ameritan un cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, ello se cumple al respetarse la temporalidad especificada en la designación, es decir, los jueces interinos no pueden ser removidos libremente durante la vigencia de su designación, salvo alguna causa de responsabilidad o con motivo de la designación de un juez definitivo derivado de la celebración de un concurso. Por tanto, una vez concluido el plazo temporal de la designación el quejoso no goza de un derecho para que le sea otorgada nuevamente, pues, se reitera, no existe un marco normativo que así lo prevea. En ese orden de ideas, contrario a lo aducido por el quejoso no existe un derecho adquirido a su favor que la norma reclamada trastoque retroactivamente. 2. Por otra parte, argumenta el quejoso que el plazo fijado por el legislador en la disposición reclamada es inconstitucional, por quebrantar el principio de división de poderes, conforme al cual, se prevé un sistema de pesos y contrapesos que garantiza que un poder no coopte a los otros mediante la intromisión y subordinación, así con el referido acto -dice- se viola en su perjuicio los artículos 40 y 116, fracción III, de la Constitución Federal. Esto lo considera así, porque al fijar un plazo para la duración de un cargo otorgado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, el legislativo realiza una intromisión y subordinación indebida en el Poder Judicial, al ordenarle la modificación de la designaciones de los jueces realizadas sin que se den las condiciones de pertinencia y oportunidad; de ahí que la disposición tildada de inconstitucional devine arbitraria, porque se violenta el principio de independencia judicial y autonomía de los jueces que es de rango constitucional, pues obliga a remover a las designaciones temporales e interinas para otorgarlas a un tercero, bajo la misma naturaleza. Son infundados los argumentos del quejoso, en virtud de que no se quebrantó el principio de división de poderes ya que la norma reclamada fue expedida por el Congreso del Estado de Morelos, en uso de las facultades que le confiere el artículo 40, fracción II, de la Constitución del Estado de Morelos. Además, el hecho de que en la norma reclamada se establezca un plazo máximo para los interinatos de los jueces, de ninguna forma subordina el Poder Judicial al Legislativo, pues no interfiere o menoscaba su autonomía ni facultades constitucionales ni legales; en otra palabras, la disposición legal reclamada de ninguna manera ordena al Poder Judicial la modificación las designaciones de los jueces que hubiere realizado, pues no se desprende ello de su texto, de ahí lo infundado de los conceptos de violación. 3. En otro aspecto, argumenta el quejoso que existe omisión del Titular del Poder Ejecutivo al no ejercer su atribución a que se refiere la fracción II del artículo 70 de la Constitución Estatal ya que no observó que la disposición reclamada viola la Constitución Federal. Tal planteamiento es inoperante por las consideraciones jurídicas siguientes: El artículo 70, fracción II, de la Constitución del Estado de Morelos establece: "Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado: (.) II.- Hacer observaciones a los proyectos de leyes o decretos que apruebe y le remita el Congreso" La norma transcrita contiene el llamado "derecho de veto", respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sentencias emitidas, en las controversias constitucionales 109/2004, 84/2004 y 52/2004, determinó lo siguiente: - La actuación conocida parlamentariamente como veto constituye una colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que evita que un Poder se sobreponga a otro, estableciendo así, un sistema de pesos y contrapesos entre estos dos poderes, con el propósito de mantener el equilibrio del poder que cada uno posee, esto es, si la función esencial del Poder Legislativo, es expedir leyes, al Poder Ejecutivo se le confiere otra de igual relevancia mediante el ejercicio del veto, con el propósito de neutralizar, temporalmente, todo acto que considere lesivo de intereses sociales, económicos, políticos o constitucionales. - La facultad de veto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, consistente en la posibilidad de hacer llegar al Legislativo, información, objeciones y cuestionamientos adicionales, no tomadas en consideración en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimiento legislativo respectivo; de ahí que el veto se erige como un medio de participación que permite una colaboración efectiva entre poderes. - Un decreto emitido por el Congreso, no alcanza el carácter de ley, sino hasta que es aprobado por el Ejecutivo, una vez precluido el plazo para que este último emita sus observaciones, o bien, porque habiéndolas presentado no fueran aceptadas por parte del Congreso de la Unión o aceptándolas, se modifica el proyecto original, en donde al término de cualquiera de estas hipótesis, el Ejecutivo de la Unión tiene la obligación de promulgar y publicar la Ley o Decreto. - El ejercicio del veto es un medio de participación en el proceso legislativo, no un medio de defensa para dilucidar si la ley o decreto son realmente acordes con la Constitución Federal. - El ejercicio de derecho de veto, es un medio para equilibrar las facultades entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no para solucionar disputas de derechos o problemas litigiosos entre ellos, ya que ni el texto ni el espíritu de la Constitución, permiten arribar a la conclusión de que esta figura hubiera sido creada para ello. Con base en las anteriores notas distintivas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó: el veto es un derecho otorgado al titular del Poder Ejecutivo, que sirve de instrumento para frenar o negar la aprobación y promulgación de un proyecto de ley, constituye un medio de control político que presupone una limitación del poder por el poder mismo, pues su ejercicio representa el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar la posible actuación excedida del Legislativo, al realizar su función. Por consiguiente, determinó que no es procedente sujetar a control constitucional, vía jurisdiccional, el ejercicio del derecho de veto, porque lo privaría de eficacia, pues se obligaría al Ejecutivo estatal a sujetar o someter el ejercicio de esta facultad a "parámetros" que el Constituyente no estableció. Por lo expuesto dado que el ejercicio del derecho de veto dentro del procedimiento legislativo de la norma reclamada no es impugnable en esta vía, es inoperante el concepto de violación analizado. Sirve de apoyo por identidad de razones jurídicas, la tesis 1a. LXXXVI/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL." 4. En otro aspecto el quejoso arguye que el acto reclamado resulta conculcatorio del derecho humano previsto en el artículo 14 Constitucional ya que la norma impugnada sujeta a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina a realizar un acto inminente contra el quejoso a través de la remoción del cargo mediante la conclusión de la designación temporal e interina que ostenta, siendo omisa dicha norma en establecer los procedimiento para el caso de la existencia previo de un nombramiento. Es infundado porque la norma reclamada de ninguna forma prevé que se dejen sin efectos las designaciones de los Jueces interinos realizadas con anterioridad, es decir, no priva al quejoso de la designación como Juez de Control, contenida en el oficio RJD/JUNTA ADMON/3666/2021, en el que se amplió su designación como Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Cuautla, Morelos, de manera temporal e interina, a partir de dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno al diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno, pues no se advierte del texto de la disposición legal que obligue a la Junta de Administración responsable a dejar sin efectos dicha designación, por ende, el hecho de que no se hubiese regulado el procedimiento para el caso de la existencia previa de un nombramiento, no causa perjuicio al quejoso de ahí lo infundado de los argumentos del quejoso. 5. Por otra parte, aduce el quejoso que la norma reclamada violenta su derecho humano previsto en el artículo 16 Constitucional, párrafo primero, toda vez que la disposición legal reclamada, carece de motivación y fundamentación ya que no prevé lo relativo a los nombramientos temporales e interinos ya existentes previos a la reforma y que rebasan esa temporalidad; asimismo, no establece que la conclusión de la designación únicamente debe hacerse por otorgarse un nombramiento definitivo con base a los resultados un concurso o por causa de responsabilidad pero no para nombrar a otra persona también en carácter de interino, de ahí que represente un acto arbitrario. Son inoperantes los argumentos, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de leyes, quedan satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental, y en el caso el quejoso no combate los aspectos indicados, pues sus argumentos están enderezados a combatir cuestiones que no guardan relación con la fundamentación y motivación de las normas, de ahí su inoperancia. El criterio invocado fue sustentado en la tesis del rubro siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTIA, CON RESPECTO A LAS LEYES." 6. Por otra parte, aduce el quejoso que la norma reclamada agravia su derecho consagrado en los artículos 5° y 123, apartado B, fracción IX, Constitucional relativos a la libertad de trabajo, el cual debe respetarlo toda autoridad, sin que el acto de molestia emitido por la responsable pueda conculcar tal derecho fundamental, bajo el amparo de la facultad discrecional que le otorga la ley reglamentaria. Lo anterior, en virtud de que, la norma reclamada es contraria a sus derechos fundamentales porque lo priva de permanecer en el cargo de Juez de Primera Instancia, sin que se respete el derecho humano al trabajo y la permanencia en él, en virtud de que sin causa o razón alguna se pretende removerlo. Es inoperante el concepto de violación por las razones siguientes: Los Jueces no tienen la calidad de trabajadores, pues conforme al principio de independencia judicial, (como una de las características esenciales de la función jurisdiccional), ésta es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, de manera que quienes la ejercen integran una categoría sui géneris de servidores públicos que, a diferencia del resto, ejercen su función jurisdiccional sin más subordinación que la que tienen ante el derecho, es decir, sin depender de voluntad humana alguna para llevar a cabo su función esencial de dar respuesta social a un conflicto, por lo que son independientes y no subordinados, en tanto son titulares de los juzgados que integran, como depositarios del propio Poder Judicial del Estado y gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el artículo 5, fracción III, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, contemple a los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado como trabajadores de confianza, dado que tal porción de ese dispositivo fue declarado inválido en la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional número 13/2013, en sesión de veinte de enero de dos mil catorce, por haberse considerado esencialmente que los jueces no tienen la calidad de trabajadores por ser depositarios del Poder Judicial local. En ese orden de ideas, el quejoso pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 59, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos a la luz de lo previsto en los artículos 5º y 123, apartado B, fracción IX, constitucionales, que establecen, por una parte, el derecho fundamental de libertad al trabajo y, por la otra, que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. Sin embargo, resulta improcedente analizar, en esos términos, la constitucionalidad la disposición legal reclamada, toda vez que en su calidad de Juez del Poder Judicial del Estado de Morelos no tiene la calidad de trabajador, puesto que es depositario del propio Poder Judicial y goza de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones; consecuentemente, la constitucionalidad de aquel precepto no puede ser analizado conforme al texto de los artículos 5º y 123, apartado B, fracción IX, constitucionales, puesto que estos últimos fijan un marco jurídico de derechos fundamentales de corte eminentemente laboral (libertad al trabajo y estabilidad laboral), lo cual es incompatible con la naturaleza y función que tienen los impartidores de justicia; de ahí la inoperancia de sus argumentos. En mérito de lo expuesto, ante lo inoperante en una parte e infundado en lo restante de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. OCTAVO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adolfo González López, respecto de los actos reclamados al Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y de la referida Junta por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Asimismo, se sobresee por cuanto al refrendo y publicación del artículo 59, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos reclamados al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del artículo 59, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, reclamado al Gobernador y Congreso del Estado de Morelos, en la esfera de sus respectivas competencias, por las razones expresadas en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy, trece de mayo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 1568/2021-I, promovido por Adolfo González López, por su propio derecho y en su carácter de Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en Morelos, con sede en Cuautla; y RESULTANDO: PRIMERO. ****SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, *****CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es ****SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: Del ******Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy, trece de mayo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto en el presente incidente de suspensión, bajo el expediente 135/2022; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, la boleta de turno de recurso de revisión que remite la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que se registró con el número 20221578071000025 y que fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Ser*
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Adolfo Barragan Cena756/2018
- Adolfo Conde Hernández2433/2014
- Adolfo Franco Mastache532/2021
- Adolfo Franco Mastache1638/2022
- Adolfo Franco Mastache1044/2022
- Adolfo González Carranza473/2017
- Adolfo Perales Ortegón1260/2020
- Adolfo Peralta Rodriguez285/2017
- Adolfo Trejo Toledo1924/2018
- Adolfo Trejo Toledo1572/2017
- Adolfo Trejo Toledo138/2017
- Adonai Flores Lara1199/2021