Adolfo González Carranza

Expediente 473/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
473/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
02/10/2017

Partes del expediente

  • Adolfo González Carranza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 473/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las actuaciones del expediente 91/2017 por el que se formó el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, a la parte tercero interesada Olivia González Mendoza, Exiquio González Mendoza y Columba Carranza Martínez, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por Adolfo González Carranza, contra los actos reclamados de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Disitrito Judcial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asi lo proveyó y firma Cosme Ernesto

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 473/2017-II, promovido por ADOLFO GONZÁLEZ CARRANZA contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal ADOLFO GONZÁLEZ CARRANZA, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Disitrito Judcial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a tramite la demanda de amparo, quedando radicado bajo el expediente 473/2017-II, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros intetersados y por auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, se fijaron las diez horas con doce minutos del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, tenemos que los actos reclamados por las quejosas consisten en: La orden de desposesión de quince de febrero de dos mil diecisiete y entrega de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Disitrito Judcial del Estado de Morelos, en el juicio ordinario civil 91/2015-3, donde se requiere a la demanda Exiquio González Mendoza y Columba Carranza Martínez, la desocupación y entrega del bien inmueble identificado como lote numero uno, de la manzana 168, de la zona uno del poblado de Otilio Montaño del Municipio de Cuautla, Morelos con una superficie total de 635.557 metros cuadrados. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Disitrito Judcial del Estado de Morelo, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 91/2015; documentos que reúnen las características de un documento público, al haber sido expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, por lo que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, procede el estudio de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esa causal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La causa de improcedencia se surte en razón de que el quejoso no acredita que la orden de desposesión y entrega emitida en el juicio ordinario civil 91/2015, lesione sus derechos de posesión que aducen tener sobre el bien inmueble identificado como lote numero uno, de la manzana 168, de la zona uno del poblado de Otilio Montaño del Municipio de Cuautla, Morelos con una superficie total de 635.557 metros cuadrados, esto es, no acreditan la afectación a su interés jurídico. Como se advierte del juicio ordinario civil 91/2015, por acuerdo de quince de febrero del dos mil diecisiete (foja 392 del anexo I), el Juez Tercero Civil de Primera instancia del Sexto disitrito Judcial en el Estado de Morelos, por virtud del resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de veintiuno de junio de dos mil diecisies, requirió a la demanda Exiquio González Mendoza, la desocupación y entrega del bien inmueble, siendo el identificado como lote numero uno, de la manzana 168, de la zona uno del poblado de Otilio Montaño del Municipio de Cuautla, Morelos con una superficie total de 635.557 metros cuadrados, para entregarlo a la actora Olivia González Mendoza. Precisado lo anterior, se analiza si el acto reclamado afecta el interés jurídico del quejoso. Como quedó apuntado, el interés jurídico es la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Al respecto, cobra aplicación por analogía la jurisprudencia sustentada por la antes Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72 Séptima Parte, página cincuenta y cinco, registro 245886: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". Luego, como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. En consecuencia, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente, pues de no ser así, bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, para que esto se tuviera por acreditado. Resulta aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Tercera Parte, página ciento setenta y tres, Séptima Época, registro 237262, cuyos rubro y texto son: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado." También resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Por lo expuesto, en el caso que aquí se estudia, es inconcuso que el quejoso Adolfo Gozalez Carranza, no acredita que la orden de desposesión y entrega emanada del juicio ordinario civil 91/2015, afecte de manera real y actual su esfera jurídica, pues no exhibe medio probatorio que permita establecer de manera indefectible, la calidad de poseedor del bien inmueble afecto al juicio natural, a fin de considerarlo apto para ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, condición indispensable para acreditar el interés jurídico, toda vez que cuando se reclaman actos de desposeimiento, aducidos por terceros extraños al juicio natural, para que éstos acrediten su interés jurídico deben justificar que ejercen o ejercían la posesión del inmueble y, además que es jurídica, originaria o derivada, según se disfrutara en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título apto análogo. En el caso, el quejoso pretenden demostrar su interés jurídico con una constancia de residencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete; sin embargo, es insuficiente para acreditar de manera fehaciente su interés jurídico y por ende, hacer procedente la acción constitucional, en virtud de que se trata de un documento que otorgaron a favor del quejoso, sin que sea apto para demostrar plenamente que Adolfo Gonzalez Carranza tiene la posesión jurídica del predio controvertido, al no estar fundado en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer, además no se desprende que haya sido presentado ante alguna autoridad con fe pública; por tanto, no puede considerarse suficiente para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico del quejoso. Resultan aplicables las siguientes tesis: Tesis: 1a./J. 46/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192662 1 de 1 Primera Sala Tomo X, Diciembre de 1999 Pag. 78 Jurisprudencia(Civil) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Tesis: VI.2o.C. J/308 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167466 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Abril de 2009 Pág. 1787 Jurisprudencia(Civil) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. Tesis: VI.2o.162 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195701 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VIII, Agosto de 1998 Pág. 871 Tesis Aislada(Civil) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO. Si quien se quejó en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, exhibió un contrato privado de compraventa; es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, pues en caso contrario tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de que se duele el peticionario de garantías, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. Máxime que la existencia del acto reclamado -orden de desposesión y entrega, es insuficiente para liberar a las quejosas de la obligación de demostrar su interés jurídico, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra la afectación real y actual que ese cause en la esfera jurídica de las quejosas, pero en el caso, la prueba aportada por aquéllas no acredita ese interés. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a/J.1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV Febrero de dos mil dos, página quince, registro 187777, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En consecuencia, toda vez que la prueba aportada por el quejoso es insuficiente para acreditar su interés jurídico y, como quedó apuntado, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoven tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; título cuya existencia no acredito el quejoso y, como consecuencia, no permite considerarlo apto para ser tutelado por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, condición indispensable para acreditar el interés jurídico, toda vez que cuando se reclaman actos de desposeimiento, aducidos por terceros extraños al juicio natural, para que éstos acrediten su interés jurídico, deben justificar que ejercen o ejercían la posesión del inmueble y, además, que es jurídica, originaria o derivada, según se disfrutara en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título apto análogo. Como apoyo, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, registro 187733, que precisa lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de amparo; de ahí que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley. Por la conclusión alcanza, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación que hizo valer en su escrito inicial de demanda (foja 02 a 10), toda vez que dichos conceptos de violación no cambiaría el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en la tesis Jurisprudencial con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 24, Tercera parte, pagina 49, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por Adolfo González Carranza, contra los actos reclamados de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Disitrito Judcial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asi lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cardenas Gomez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron.- DOY FE.

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