Adolfo Dominguez Castro

Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Adolfo Dominguez Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Causa Estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo y envíese al archivo. El expediente principal es destruible. Notifíquese por medio de lista a las partes.

  2. Principal

    DESECHAMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CITATORIO: Se notifica por lista en términos del proveído de nueve de marzo del año en curso, -DESECHAMIENTO- El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no se está en el supuesto de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, habida cuenta que no incide en los derechos sustantivos del quejoso, conforme se expondrá a continuación Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad dentro de juicio que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En el particular, el acto reclamado consiste en la determinación del Juez de Control responsable dentro de la carpeta digital, que declaró citar por medio de lista al aquí quejoso para la celebración de la audiencia inicial. Por su parte, de los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad por el defensor público del directo quejoso, se destaca lo siguiente: 1) Que el quince de diciembre de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público ejercitó la acción penal en contra de **, por lo que al solicitar audiencia inicial señaló un domicilio que no fue proporcionado por el indiciado, para que en el mismo fuera notificado de la citación. 2) Luego, el Juez de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial del Municipio de Aguascalientes, el doce de enero del año en curso, acordó citación a la audiencia de mérito, la cual se señaló para las trece horas con treinta minutos del día uno de marzo de este año. 3) Posteriormente, en audiencia de tres (sic) de marzo del presente año, refiere que no estuvo presente el indiciado en comento, toda vez que se asentó a través de una razón actuarial que se tuvo imposibilidad de notificarlo de forma personal, dado que no habitaba en el domicilio proporcionado por la autoridad ministerial y ésta solicitó que se notificara al indiciado por medio de lista. 4) Así, en esa audiencia el Juez de Control resolvió y ordenó que el indiciado fuera notificado de la nueva fecha de audiencia inicial a través de lista, con fundamento en los artículos 82, fracción II y 85, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. [Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado] En efecto el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las formas de conducción del imputado al proceso penal, específicamente en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con esos preceptos, las formas de conducción del imputado a proceso constituyen la manera de lograr que se encuentre presente en todas las etapas del proceso y son las siguientes: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). La fracción I se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, de los artículos 90, 91 y 92 del citado código, en lo atienten a la citación del indiciado tiene como finalidad que comparezca ante el órgano jurisdiccional para que se verifique la audiencia inicial en la que se le hará saber sobre sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y en su caso sobre las medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Si bien el desacato a un citatorio tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquélla a la inicial (formulación de la imputación) y lo incumple -situación que no acontece en el presente asunto-, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, con la consecuente orden de aprehensión. Por tanto, es inconcuso determinar que el acto reclamado consistente en la notificación por lista para la citación del indiciado a la audiencia inicial, no afecta de manera directa y actual la libertad personal del indiciado, porque está supeditado a que el imputado comparezca o no a la audiencia inicial, y derivado de ello la determinación que adopte el Juez de Control en esa audiencia, en la que se determine la sustracción de la acción de la justicia, y por ende, la consecuente orden de comparecencia por medio de la fuerza pública o su aprehensión, ante lo cual estará en condiciones de reclamar ese acto y las posibles violaciones que se hubieran cometido al decretar esa forma de conducción, a través del amparo indirecto o por medio de impugnación que en su caso promueva en su contra de aquél acto. De ahí que el aquí acto reclamado no es susceptible de control constitucional habida cuenta que no irroga perjuicio en la esfera de derechos del inconforme, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, cuyo título es: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, -este último interpretado contrario sensu-, ambos, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la codificación en consulta procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.

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