Adolfo Carrillo Herrera

Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
346/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Carrillo Herrera
  • Adolfo Carrillo Herrera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    - CAUSA ESTADO - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y envíese al archivo. - EXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES, DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente obran documentos originales recuperables por las partes; en virtud de lo anterior, devuélvase al Juez Primero de lo Civil del Estado de Aguascalientes, el expediente original..., de su índice, que acompañó a su informe. Notifíquese por oficio al Juez Primero de lo Civil en el Estado (con el expediente original...) y mediante lista a las demás partes

  2. Principal

    Visto el escrito aclaratorio signado por el quejoso Adolfo Carrillo Herrera, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de nueve de abril del año en curso, toda vez que aclara los actos que combate en el presente asunto. En ese tenor, la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: El auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó citar al perito Luis Javier Álvarez Paredes, para que compareciera ante la autoridad ordenadora a las trece horas del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia del juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, emitido dentro del juicio único civil ....... del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado; y, La falta de notificación derivada del citado acuerdo, en la que no se le notificó personalmente, conforme los términos del artículo 107 del aludido código procesal. Como antecedentes del acto reclamado, de las constancias que integran el juicio único civil 646/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado, que obran por separado en el cuaderno auxiliar I, en lo que aquí interesa se obtiene: En acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a Olga Elizabeth Arellano Nienau, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Salvador Arellano Valadez, a través de su apoderado legal Aldo Alessandro Morante Arellano, demandando en la vía única civil a Adolfo Carillo Herrera, entre diversas cuestiones, se registró con el número de expediente 646/2019 y se corrió traslado a la parte demandada para que en el término de nueve días contestara la demanda instaurada en su contra. Entonces, seguida la secuela procesal mediante auto veintiséis de febrero de dos mil veinte, toda vez que el demandado no dio contestación a la demanda, se le tuvo por perdido su derecho que tenía para tal efecto y al no haber señalado domicilio legal para oír y recibir notificaciones, se ordenó que las diversas notificaciones se le hicieran por medio de listas. Posteriormente, en proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte, se tuvo al autorizado de la parte actora ofreciendo pruebas, entre ellas, la pericial en materia de topografía y se tuvo como perito de su parte al licenciado Luis Javier Álvarez Paredes, y se le dio vista a la parte demandada por el término de tres días para que presentara adiciones al cuestionario pericial, así como se le requirió para que en el término de seis días designara el perito que a su parte correspondía y se señalaron las trece horas del dieciséis de julio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de juicio. Luego, en acuerdo de trece de julio del año pasado, en virtud de que la parte demandada no adicionó el cuestionario de la prueba pericial en materia de topografía admitida a la parte actora, por lo que se le tuvo por perdido su derecho para hacerlo valer, razón por la que se le hizo efectivo el apercibimiento que le fue decretado en el diverso auto de diecisiete de junio de dos mil veinte y la referida probanza se desahogaría únicamente con el cuestionario formulado por la parte actora -oferente- y toda vez que el demandado tampoco nombró perito para la prueba pericial de mérito, dentro del término que le fue concedido, se le hizo efectivo el apercibimiento y la prueba pericial en materia de topografía se desahogaría únicamente con el dictamen que rindiera el perito nombrado por la parte actora. Consecuentemente, en acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, en esencia, se señalaron las trece horas del veintiséis de marzo del presente año, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de juicio, en el que se ordenó citar al demandado para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, así como también para la prueba pericial que se ordenó preparar en el diverso proveído de trece de julio de dos mil veinte. El veintitrés de febrero de la presente anualidad, se tuvo al perito Luis Javier Álvarez Paredes, emitiendo el dictamen que a su parte correspondía y se ordenó dar vista a las partes con la emisión de dicho dictamen para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su derecho convinieran. Finalmente, en acuerdo de cinco de marzo de este año, se ordenó citar al mencionado perito para que compareciera a la audiencia de juicio señalada en autos, a fin de que fuera interrogado respecto al dictamen pericial rendido por su parte. [Está última actuación corresponde a los actos que combate] -Desechamiento respecto al auto reclamado- Ahora bien, el análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Del citado precepto se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, página 403, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". En ese tenor, respecto del acto reclamado consistente en el auto combatido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tienen efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en el auto de cinco de marzo del presente año, emitido dentro del juicio único civil 646/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Estado, mediante el cual esencialmente, se ordenó citar al perito para que compareciera a las trece horas del veintiséis de marzo del año en curso, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia de juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles, para efecto de que fuera interrogado respecto del dictamen pericial rendido por su parte dentro del juicio de origen. En ese contexto, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera, pues no trasciende a su persona o bienes; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos procesales, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior es así, en virtud de que lo manifestado por el quejoso se duele substancialmente del acuerdo reclamado en el que se ordenó la citación del perito para que comparezca al desahogo de la audiencia de juicio; de tal modo que no procede el amparo indirecto, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, pues por el contrario, tal acto posiblemente constituye una violación a las leyes del procedimiento; en ese tenor, el quejoso estará en aptitud de reclamar las violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar en contra de la sentencia definitiva, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182, fracción II, de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. En suma, el auto impugnado no vulnera los derechos sustantivos del quejoso para ser considerado como de imposible reparación, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional; de ahí que resulta inconcuso determinar que es improcedente el juicio de amparo indirecto. En tales consideraciones, como quedó evidenciado, el auto combatido de cinco de marzo del presente año, no se traduce en actos de imposible reparación dictados en juicio, al tratarse de actos de naturaleza eminentemente procesal; consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento, se desecha por ser notoriamente improcedente. Aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia". -Desechamiento por falta de notificación derivada de un acuerdo- Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación derivada del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Que en acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio 646/2019 del índice del juez responsable, se ordenó citar al perito Luis Javier Álvarez Paredes para que compareciera al desahogo de la audiencia de juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que se le haya notificado personalmente conforme al diverso numeral 107 del invocado ordenamiento legal. La falta de notificación derivada de dicho auto es el que reclama en esta instancia, y que de las constancias que integran el citado juicio de origen, previamente analizadas, se advierte que le corresponde el carácter de parte demandada. No obstante, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, como quedó establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la falta de notificación personal derivada del mencionado acuerdo combatido, conforme al artículo 107, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese orden de ideas, los artículos 66, 67 y 68 del código de mérito, aplicables al caso en concreto, disponen: "Artículo 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha". "Articulo 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". "Articulo 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación". Luego, si la parte quejosa se duele de que no se le notificó el auto de referencia, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la nulidad de las actuaciones que indica en la actuación subsecuente en la que interviniera, mediante la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones, pues de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho las citadas actuaciones. Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción de la presente litis constitucional, el quejoso, al ser parte en el juicio de origen, está constreñido a agotar el correspondiente procedimiento ordinario de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. En conclusión, si la parte quejosa al ser parte demandada en el procedimiento natural tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar las actuaciones que tilda de inconstitucionales, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio, puesto que del contenido del propio ocurso constitucional, se desprende que la disconforme es parte en el juicio de origen, además de que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que la quejosa, estaba obligada a observar el multicitado principio de definitividad, agotando previo al juicio de amparo, el medio de defensa dispuesto legalmente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara en cuanto a su oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Orientadora de lo expuesto la tesis XXVII.3o.76 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible con el registro digital 2019101, en la página 2479 del Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "INTERPRETACIÓN ADICIONAL. NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO POR EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLEZCA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO (INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES) CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN." Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha respecto al citado acto reclamado, por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....... 346/2021-VII.

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos al quejoso Adolfo Carrillo Herrera en términos del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno que dice: Visto el escrito aclaratorio signado por el quejoso Adolfo Carrillo Herrera, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de nueve de abril del año en curso, toda vez que aclara los actos que combate en el presente asunto. En ese tenor, la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: El auto de ...en el que se ordenó citar al perito...., para que compareciera ante la autoridad ordenadora a las trece horas del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia del juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, emitido dentro del juicio único civil ....... del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado; y, La falta de notificación derivada del citado acuerdo, en la que no se le notificó personalmente, conforme los términos del artículo 107 del aludido código procesal. Como antecedentes del acto reclamado, de las constancias que integran el juicio único civil .... del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado, que obran por separado en el cuaderno auxiliar I, en lo que aquí interesa se obtiene: .... [Está última actuación corresponde a los actos que combate] Desechamiento respecto al auto reclamado Ahora bien, el análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Del citado precepto se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, página 403, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS". En ese tenor, respecto del acto reclamado consistente en el auto combatido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tienen efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en el auto de cinco de marzo del presente año, emitido dentro del juicio único civil...., del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Estado, mediante el cual esencialmente, se ordenó citar al perito para que compareciera a las trece horas del veintiséis de marzo del año en curso, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia de juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles, para efecto de que fuera interrogado respecto del dictamen pericial rendido por su parte dentro del juicio de origen. En ese contexto, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera, pues no trasciende a su persona o bienes; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos procesales, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior es así, en virtud de que lo manifestado por el quejoso se duele substancialmente del acuerdo reclamado en el que se ordenó la citación del perito para que comparezca al desahogo de la audiencia de juicio; de tal modo que no procede el amparo indirecto, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, pues por el contrario, tal acto posiblemente constituye una violación a las leyes del procedimiento; en ese tenor, el quejoso estará en aptitud de reclamar las violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar en contra de la sentencia definitiva, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182, fracción II, de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. En suma, el auto impugnado no vulnera los derechos sustantivos del quejoso para ser considerado como de imposible reparación, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional; de ahí que resulta inconcuso determinar que es improcedente el juicio de amparo indirecto. En tales consideraciones, como quedó evidenciado, el auto combatido de cinco de marzo del presente año, no se traduce en actos de imposible reparación dictados en juicio, al tratarse de actos de naturaleza eminentemente procesal; consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento, se desecha por ser notoriamente improcedente. Aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Desechamiento por falta de notificación derivada de un acuerdo Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación derivada del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) ... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL..... Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Que en acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio 646/2019 del índice del juez responsable, se ordenó citar al perito Luis Javier Álvarez Paredes para que compareciera al desahogo de la audiencia de juicio prevista en el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que se le haya notificado personalmente conforme al diverso numeral 107 del invocado ordenamiento legal. La falta de notificación derivada de dicho auto es el que reclama en esta instancia, y que de las constancias que integran el citado juicio de origen, previamente analizadas, se advierte que le corresponde el carácter de parte demandada. No obstante, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.... Ahora bien, como quedó establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la falta de notificación personal derivada del mencionado acuerdo combatido, conforme al artículo 107, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese orden de ideas, los artículos 66, 67 y 68 del código de mérito, aplicables al caso en concreto, disponen: Artículo 66.-... Articulo 67.-... Articulo 68.- ...". Luego, si la parte quejosa se duele de que no se le notificó el auto de referencia, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la nulidad de las actuaciones que indica en la actuación subsecuente en la que interviniera, mediante la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones, pues de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho las citadas actuaciones. Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción de la presente litis constitucional, el quejoso, al ser parte en el juicio de origen, está constreñido a agotar el correspondiente procedimiento ordinario de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. En conclusión, si la parte quejosa al ser parte demandada en el procedimiento natural tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar las actuaciones que tilda de inconstitucionales, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio, puesto que del contenido del propio ocurso constitucional, se desprende que la disconforme es parte en el juicio de origen, además de que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que la quejosa, estaba obligada a observar el multicitado principio de definitividad, agotando previo al juicio de amparo, el medio de defensa dispuesto legalmente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. ... Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara en cuanto a su oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Orientadora de lo expuesto la tesis XXVII.3o.76 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible con el registro digital 2019101, en la página 2479 del Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "INTERPRETACIÓN ADICIONAL. NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO POR EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLEZCA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO (INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES) CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN." Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha respecto al citado acto reclamado, por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....... 346/2021-VII.

  4. Principal

    Notifíquese por oficio que se envié por interconexión al Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y personalmente a la parte quejosa....346/2021-VII.

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