Adolfo Alejandro García Dueñas
Expediente 475/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Adolfo Alejandro García Dueñas
- Adolfo Alejandro García Dueñas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental y de valor jurídico, no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.rmi
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete que dice: actos del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, de quienes reclamó la posible orden en la que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 19, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones. Así como la jurisprudencia 23, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza. Del precepto y jurisprudencias transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la posible orden que podría llegar a dictarse contra el quejosos, en la que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva; lo que podría poner de manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, sea la futura afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; sin embargo, para que ello suceda debe sustentarse el dicho del quejoso, por lo menos de manera indiciaría, en actos específicos de los que pueda advertirse la probabilidad actual de que alguna autoridad dictará el acto que sea susceptible de afectar su esfera jurídica, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera implica la inminencia de actos futuros, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues ello surge en el momento en el que tienen conocimiento de la emisión del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por un temor de que ello ocurra, tal y como acontece en el caso concreto, en el que el impetrante del amparo señala lo siguiente: [.] HECHOS Solicito el amparo y protección de la justicia federal, en razón a que el día 16 (Diez y seis) del presente mes de Mayo, el que comparece me encontraba en mi domicilio que es el ubicado en *******, y aproximadamente a las doce horas con veinte minutos llamo a la puerta una persona de sexo femenino, quien dijo ser actuario judicial y que iba de parte de un juez de control de este Distrito Judicial Bravos, y que me llevaba una notificación de la causa penal Número *******, y que el día Diecinueve de Mayo del Presente me tendría que presentar ante esa Autoridad a efecto que se me hiciera la formulación de imputación como probable responsable el suscrito del delito de maltrato animal, delito que estaba sancionado por el artículo 365. Diciéndome la funcionaria judicial que había escuchado al Juez hablar con el Ministerio Público que este delito que se me imputaba era un delito grave y que se me aplicaría como medida cautelar la prisión preventiva cuando yo fuera a que se me formulara la imputación, y que además ella sabía que ese delito si era grave y que si se me iba a dejar en prisión preventiva mientras durara el procedimiento, por lo que entonces, es que tengo conocimiento que pretenden privarme de mi libertad al momento que comparezca y de cumplimiento al citatorio del Juez de Control el día Diecinueve de Mayo del presente a las Nueve horas por un delito que no es calificado como grave, violando en todo sentido los principios rectores de derecho como lo es la presunción de inocencia que debe de prevalecer en mi favor. [...] Ahora, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad sobre la esfera jurídica del quejoso, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que esta es probable, pero no se pone de relieve en la demanda que existan actos previos que en modo alguno informen que las autoridades van a llevar cabo la orden en la que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva; toda vez, que dependerá de muchas circunstancias de realización incierta que se omita la orden reclamada; es decir se lleve acabo la audiencia a la que fue citado, que efectivamente se formule imputación en su contra-, enseguida, que el Agente del Ministerio Público solicite la medida cautelar de Prisión Preventiva y, finalmente, que el Juez de Control decida otorgarla, respecto del delito de maltrato animal. Por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto; máxime que no refiere que haya autoridades que le hayan notificado formalmente que efectivamente existe dicha orden, que se vaya a ejecutar contra el impetrante, ya que se considera que lo manifestado sólo constituye meras apreciaciones de lo que pueda suceder, mas no que exista un acto cierto e inminente y en contra del quejoso. Sin que ello sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que sea inminente, de donde resulta evidente que, en el caso concreto, lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros que ni si quiera tienen el carácter de probables y, por ende, son de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el impetrante del amparo no se duele de algún acto concreto que de manera real y actual sea ejecutado en su esfera jurídica de forma inminente, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que la demanda de amparo tenga sustento en hechos que reales y actuales, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo y, evidentemente, no se actualiza en el presente caso, ni aún en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: actos futuros y actos probables, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: acto reclamado, existencia del. debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda de amparo, resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de control constitucional. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución. Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis aislada, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías. De lo anterior, resalta el hecho de que la posible orden en la que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el quejoso sólo quiere actuar preventivamente ante la posible orden que las autoridades pudieran emitir, pero no tiene plena convicción de que se dictará. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la posible orden en la que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva del quejoso, aún no se emite y hasta el momento sólo existen eventos futuros y de realización incierta, en oposición a los actos inminentes, contra los que sí resultaría procedente el juicio de amparo. En tal virtud, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de que se trata. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos, al resolver el recurso de queja 11/2016, formado con motivo del juicio de amparo indirecto 17/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscritos a ******* y *******, con cédulas ******* y ******* respectivamente, por lo que se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Delia Cristina Lozano González y Eduardo Aguilar Arevalo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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