Adela Gutiérrez Gaucín
Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Adela Gutiérrez Gaucín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 276/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día diecinueve de ese mes y año, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la actuario adscrito a la Secretaría Federal de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ambas con sede en la Ciudad de México, de quienes reclamó lo siguiente: ACTO RECLAMADO La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representado, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial medica ofertada y admitida en los términos de ley, sin que a la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1, ha sido omisa e nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2,. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 29 de junio de 2018, se ordenó desahogar la prueba pericial medica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsables han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por más de cuatro años, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la ley Federal del Trabajo. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, *******, al no proveer lo necesario para el desahogo del peritaje medico sobre su persona, ofertado como prueba por la parte actora y nombrar perito a su representada. II. De la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del Actuario Adscrito a la Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México: La omisión de remitir lista de peritos y omisión de enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado. Tercero. Existencia de actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por el quejoso, no obstante que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias y presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ambas con sede en la Ciudad de México, al rendir informes justificados, hayan señalado que no lo son. Al respecto, la responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad aludió a que en fecha once de mayo de dos mil veintiuno, recibió, por parte de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, copia del auto dictado en fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual informa que se designó al Doctor Juan Carlos García Valero, como médico perito, el cual compareció en esa fecha, en la cual rindió el dictamen pericial que le fue requerido, dictamen que fue recibido por esa autoridad y del cual se le dio vista a las partes dentro de expediente laboral *******. Acompaña a su informe con justificación lo siguiente: Copia certificada de la comparecencia de siete de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la cual comparece el perito Doctor *******, ante la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, en la cual acepta y protesta el cargo conferido. Copia certificada del dictamen pericial de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, rendido por el perito Doctor *******, sobre la persona de la hoy Quejosa *******. Copia certificada del auto de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el expediente *******, mediante el cual, se recibió la comparecencia de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, así como el dictamen pericial de referencia. Las documentales aludidas en los párrafos precedentes gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo son el Secretario de Acuerdos adscrito a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como del Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. De tal suerte que, al haberse presentado la demanda de amparo el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, es evidente la certeza de los actos omisivos combatidos por el accionante del amparo; por ende, las negativas vertidas por éstas, se encuentran desvirtuadas. Quinto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos omisivos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Además, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Asimismo, el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, consultable a foja 71, con registro digital 197367, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, la quejosa reclama de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, al no proveer lo necesario para el desahogo de la pericial médica, ofertada como prueba por la parte actora; mientras que de la Secretario Auxiliar de Peritajes y Exhortos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como de la presidenta de esa Junta Federal, con sede en la Ciudad de México, la omisión de remitir la lista de médicos que pueden fungir como peritos. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades en comento, se colige que el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, compareció el medico Doctor Juan Carlos García Vera, quién en dicha comparecencia, aceptó y protestó el cargo conferido, así mismo, exhibió el dictamen médico de fecha treinta de abril del año en curso, realizado en la persona de la parte actora, hoy quejosa. Tal comparecencia, así como el dictamen pericial, fue recibida en fecha once de mayo de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable Junta Especial número cincuenta y cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta Ciudad, con lo cual dio vista a las partes, dentro del expediente *******. De manera que, lo informado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, lo cual, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en virtud de que se emitió, se recibió y se acordó el informe ofertado como prueba por la parte demandada en el juicio natural. Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos porque las autoridades responsables actuaron en la forma en que marca la ley e hicieron aquello que habían omitido; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, dado que ya no existen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 210, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse respecto a las omisiones aquí reclamadas, la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias y por la Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con sede en la Ciudad de México, y anexo que los acompaña; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados De conformidad con el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tiene a la Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, designando como delegados a las personas que nombra en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional del expediente en que se actúa, sin embargo, no obran en el sumario los informes justificados de las autoridades responsables Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Actuario adscrito a la Secretaría General de Peritajes y Exhortos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ni el acuse de recibo de los oficios por los que se les solicitaron. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia, pues no puede considerarse que las autoridades responsables de referencia hayan sido omisas, toda vez que del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubieren sido debidamente requeridas para rendir tal informe y que ya haya transcurrido el término con el que contaban para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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