Adelina Hernandez Garcia

Expediente 518/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
518/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Adelina Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el diez de junio de dos mil diecinueve, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devuélvanse al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado consistentes en copias certificadas del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, del incidente de falsedad de firma, del incidente de ejecución de sentencia y las diversas copias relativas al expediente número 881/2013 de su índice, en cuatro legajos. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III. V I S T O, para resolver, el juicio de amparo número 518/2019-III, promovido por Adelina Hernández García, por propio derecho, contra actos del Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El veinticinco de abril de dos mil diecinueve foja 2. Admisión: El veintiséis de abril de dos mil nueve fojas 20 a 23. Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El veintinueve de abril de dos mil diecinueve foja 24. Emplazamiento de la tercera interesada Esmeralda Zúñiga Álvarez: El siete de mayo de dos mil diecinueve foja 35. Audiencia constitucional: El diez de junio de dos mil diecinueve, que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fraccione I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un juicio de amparo en materia mercantil, cuyo acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que por esta vía constitucional se reclama, consistente en: La resolución interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil 881/2013, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por el cual se declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, así como la prescripción del derecho sustantivo de la quejosa a ejecutar la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil catorce. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Segundo Civil de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye fojas 44 y 45. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable, consistentes en copias certificadas del expediente 881/2013, copias certificadas del incidente de ejecución de ejecución de sentencia, original del incidente de falsedad de firma y original del incidente de prescripción de sentencia; a la cual se otorga valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Presupuestos de procedencia del juicio de amparo. I. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda fue presentada dentro del término de quince días establecidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado fue notificado a la quejosa el uno de abril de dos mil diecinueve foja 45 del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, por tanto, esa notificación surtió efectos al día hábil siguiente, que fue el dos de abril posterior, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 1,075, párrafo segundo del Código de Comercio; de ahí que el plazo para impugnarla transcurrió del tres al veintiséis a de abril año en curso, con exclusión de los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de la Materia; luego, si la demanda de amparo fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veinticuatro de abril de este año, su presentación es oportuna. II. Legitimación. Adelina Hernández García, está legitimada para promover la demanda, en términos de los artículos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es la titular de los derechos subjetivos que se ven afectados con la resolución emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el incidente de prescripción de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil 881/2013, en el cual es parte demandada incidentita en el citado incidente, lo cual produce una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica que lo faculta para intentar la acción de amparo. III. Verificación de diversas causales de improcedencia. No obstante que el análisis de las causas de improcedencia es de estudio preferente sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el presente caso las partes no las hicieron valer ni este juzgado advierte la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo, sin que sea necesario analizar cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obliga a realizarlo. QUINTO. Estudio del asunto. Se estudiarán tanto los actos reclamados, como los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, porque aun así se examinarán las cuestiones de derecho conducentes a apreciar la legalidad del acto reclamado, además en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con el registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." I. Calificación de Conceptos de violación. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes por las consideraciones que enseguida se expondrán. Es pertinente puntualizar que el estudio de los motivos de inconformidad se hará bajo el principio de estricto derecho, ya que el acto reclamado deviene de un procedimiento en la vía ejecutiva mercantil en el que la parte quejosa es actora, además, el acto reclamado no se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni se advierte que haya habido en contra de ésta una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo. II. Antecedentes. Para la solución del presente juicio es necesario establecer que en el caso aconteció lo siguiente: 1. El dos de septiembre de dos mil trece, se admitió la demanda promovida por Adelina Hernández García (hoy quejosa), a través de sus endosatarios en procuración, por la cual demandó en juicio ejecutivo mercantil a Esmeralda Zúñiga Álvarez, el pago de $53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N) de un pagaré y $300,000.00 trescientos mil pesos 00/100 M.N de diverso pagaré base de la acción, registrada con el número de expediente 881/2013. 2. Seguido el juicio ejecutivo mercantil 881/2013 en sus fases procesales, el veintidós de septiembre de dos mil catorce se emitió sentencia definitiva, en el que se resolvió: "Primero. Se ha tramitado legalmente el juicio ejecutivo mercantil instado por Mario Flores González y Carlos Pérez Rosas, en su carácter de endosatarios en procuración de Adelina Hernández García, en contra de Esmeralda Zúñiga Álvarez. Segundo. La excepción de alteración opuesta por la enjuiciada quedó plenamente probado, no así la de pago, por lo que, se condena a Esmeralda Zúñiga Álvarez únicamente al pago de las cantidades de $53,000.00 cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N y $300,000.00 trescientos mil pesos 00/100 M.N, como suerte principal de los pagarés funda torios de la acción. Tercero. Se absuelve a Esmeralda Zúñiga Álvarez, del pago de intereses moratorios sobre los pagarés fundatorios. ." 3. Contra dicha sentencia Adelina Hernández García y Esmeralda Zúñiga Álvarez, interpusieron juicio de amparo y substanciados que fueron, el veintiocho de enero de dos mil quince se resolvieron determinando que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a las quejosas. 4. El nueve de abril de dos mil quince se ordenó turnar los autos a la Ejecutara adscrita al Juzgado Segundo Civil de El Oro con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para que en compañía de la actora se constituyeran en el domicilio donde fue emplazada la demandada y le requiriera para que dentro del plazo de ocho días diera cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil catorce, apercibida que para el caso de no efectuar el pago se procedería a la ejecución en la vía de apremio. 5. Por auto de cinco de junio de dos mil quince se ordenó el embargo en bienes de la demandada que garantizaran el cumplimiento de lo condenado, autorizado el uso de la fuerza pública y rompiendo de cerradura a fin de dar cumplimiento, lo anterior, toda vez que la demandada no hizo el pago referido dentro del plazo concedido. 6. El diecinueve de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia respectiva, en la que no se embargaron bienes de la demandada, por no haber bienes susceptibles de ser embargados, por lo que la parte actora solicitó se declarara en quiebra a la demandada, a lo que el juez responsable por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince, dejó a salvo sus derechos para ejercitarlo en la vía y forma correspondiente. 7. el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, Esmeralda Zúñiga Álvarez, promovió incidente de prescripción de ejecución de sentencia, en virtud de la inactividad procesal que se generó, el cual se admitió el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 8. Seguida la secuela procesal, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. Resolución que constituye el acto reclamado en el juicio en que se actúa. III. Solución del asunto. Consideraciones del acto reclamado. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Juez responsable resolvió procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 881/2013, promovido por la hoy tercera interesada Esmeralda Zuñiga Álvarez, fundamentando su resolución en las consideraciones siguientes: ". El derecho sustantivo para solicitar la ejecución firme derivada de una sentencia dictada en un juicio mercantil y obtener lo reconocido en ella, puede extinguirse por prescripción si transcurren tres años sin que se haga valer, conforme al artículo 1079, fracción IV del Código de Comercio; el plazo señalado debe empezarse a contar desde el día en que la ejecución sea legalmente exigible, en términos del artículo 1040 de la legislación en cita. Para mayor claridad en seguida se transcriben lo preceptos en comento: Articulo 1040.- En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzaran a constarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. Articulo 1079.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: . IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; . . Dado ese panorama, se patentiza que Adelina Hernández García, incurrió en inercia durante tres años para ejecutar la sentencia definitiva dictada en autos, amén que la subsecuente actuación para hacer efectivas las prestaciones obtenidas, se dio hasta el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, cuando promovió incidente de ejecución de sentencia, pero en tal fecha ya se encontraba prescrito su derecho a ejecutar la resolución definitiva en comento, amén de que habían transcurrido tres años con tres meses y diez días, desde la última actuación que impulso el procedimiento de ejecución, pues se insiste, la condena se hizo ejecutable desde el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que causo estado la resolución del amparo directo 889/2014, siendo la última actuación tendiente a lograr la ejecución relativa la diligencia de embargo de diecinueve de agosto de dos mil quince. II. La demandada incidental, al desahogar la vista ordenada, opuso como defensa la de sine actione agis la que, como se desprende de la jurisprudencia que en seguida se transcribe, consisten en la negación del derecho ejercitado, empero en el caso, como se ha explicado, con la instrumental de actuaciones se evidenció la procedencia de la prescripción negativa solicitada por Esmeralda Zúñiga Álvarez. . III. En el orden de ideas expuesto, es claro que Adelina Hernández García perdió su derecho de ejercitar la ejecución de sentencia, ellos por no haberlo realizado dentro del plazo que legalmente concede la ley para tal efecto, esto es, tres años por lo que, con fundamento en los artículos 1040 y 1079 fracción IV del Código de Comercio, se declara la prescripción del derecho sustantivo a ejecutar la sentencia definitiva dictada el veintidós de septiembre de dos mil catorce. Por lo Expuesto y fundado es de resolverse y se RESUELVE Primero. Se declara procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia instado por Esmeralda Zuñiga Álvarez. Segundo. Con fundamento en los artículos 1040 y 1079, fracción IV del Código de Comercio, se declara la prescripción del derecho sustantivo de Adelina Hernández García a ejecutar la sentencia definitiva dictada el veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictada en los autos del expediente en que se actúa, con base en las consideraciones lógico jurídicas que conforman el presente fallo. ." Conceptos de violación de la quejosa. La peticionaria argumenta que la determinación reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable realizó lo siguiente: Se limitó a realizar argumentos meramente subjetivos, toda vez que se violentaron las constancias procesales tanto de fondo, como adjetivos. No resolvió atendiendo a la sana crítica ni a las máximas de la lógica el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. No valoró conforme a derecho las pruebas que se ofertaron para acreditar su dicho en la incidencia en que se actuó, además de que infringió el debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, porque vulneró el artículo 1055, fracción I del Código de Comercio en vigor. Transgredió los artículos 1.113 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de México, de aplicación supletoria al Código de Comercio, así como el artículo 1.97 del código procesal estatal de aplicación supletorio, por lo que la responsable decreto improcedente un incidente de falsedad de firma, toda vez que se debió acreditar la carga procesal que impone los numerales 1.252 y 1.253 del código de procedimientos civiles aplicado supletoriamente. Realizó valoraciones subjetivas sobre las probanzas ofertadas y no realizó un análisis objetivo de las mismas, transgrediendo con ello la sana crítica y debida valoración de las pruebas dado que el perito que ofreció la quejosa en materia de grafoscopía de la incidencia que se hizo valer sobre el escrito inicial de demanda incidental, la cual cuenta con firma falsa, se planteó el marco teórico necesario para comprender, interpretar y dar el significado a los hallazgos encontrados y realizó un análisis de las características generales, particulares y de escritura del grafismo, en el que determinó que la firma plasmada en el escrito inicial de prescripción de ejecución de sentencia no es coincidente con las firmas indubitables de cotejo, es decir que Esmeralda Zúñiga Álvarez no fue quien signo el escrito inicial del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, estimando dicho experto que esa firma es falsa. Violó los derechos de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, al darle validez a un escrito inicial de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, donde se comprobó fehacientemente que existe una firma falsa, pero que la responsable trata de convalidar con diversa promoción de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dejando de lado la responsable que dichas promociones tienen como finalidad diversa voluntad y circunstancia; esto es así porque, cuando la firma que calza el escrito inicial de prescripción de ejecución de sentencia ha sido declarada falsa, debe estimarse que éste y el desahogo de prevención son documentos autónomos, por no reflejar una misma voluntad. Convalidó con el desahogo de una prevención sobre un domicilio, el escrito inicial de pretensiones incidentales, violentando el debido proceso y seguridad jurídica, haciendo mención que al dar cabida a dicha incidencia, de igual forma declararla procedente efecto una esfera jurídica de la suscrita y derechos sustantivos. Consideraciones de este Juzgador. Los conceptos de violación precisados en los incisos A y B, resultan inoperantes, toda vez que tales aseveraciones no fueron razonadas ni motivadas, es decir, no hace del conocimiento a este Juzgador cuales fueron los argumentos subjetivos que realizó la responsable tendientes a violentar las constancias procesales de fondo y adjetivos, así como no manifiesta cuales fueron las pruebas que la juez responsable no valoró conforme a derecho y/o de qué forma las valoró, igualmente no informa como es que infringió el debido proceso, legalidad y seguridad jurídica que refiere, sin precisar las razones por las cuales arriba a tales circunstancias, pues es evidente que con la sola afirmación de dichas violaciones no se está en aptitud de poder dilucidar si existe o no una afectación a su esfera jurídica. Pues, para la procedencia del estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, ello de manera alguna no implica que la quejosa se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ella le corresponde exponer razonadamente porqué estima inconstitucional o ilegal el acto que reclama. Al respecto aplica la jurisprudencia I.4o.A. J/33, publicada en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2004, Tomo XX, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir." Y la diversa publicada con la clave 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2002 Tomo XVI, Novena Época, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Aunado a ello, es incuestionable que con los citados argumentos que la quejosa vierte como conceptos de violación en el presente juicio de amparo, no ataca de manera directa y contundente las consideraciones torales del fallo que estima inconstitucional, dado que no expone razonamientos lógico jurídicos tendentes a demostrar que, contrario a lo que afirmó la responsable en la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 881/2013, ésta lo haya resuelto de manera incorrecta. En consecuencia, los planteamientos formulados en los conceptos de violación que se analizan son inoperantes por no combatir los razonamientos torales en que se fundamenta la resolución reclamada, además que la quejosa únicamente realiza meras afirmaciones. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia 173, Sexta Época, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 1195, Tomo VI, página 116, cuyo rubro y contenido son del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la jurisprudencia 19, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la foja 964, del Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sustenta: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS QUE ESTIMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Un agravio tendiente a combatir la sentencia del Juez de Distrito que concede la protección de la Justicia de la Unión, no debe limitarse únicamente a destacar los elementos que existen para justificarlo, o a señalar cuáles aspectos omitió el Juez Federal, sino, en primer término, refutar las consideraciones que se vertieron para concluir en la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues en tanto éstos subsistan por falta de impugnación el tribunal encargado de resolver está obligado a confirmar la sentencia recurrida." Por lo que respecta a los conceptos de violación señalados en los incisos D, E, F y G, son inoperantes, pues dichas manifestaciones están encaminadas a combatir cuestiones derivadas del incidente de falsedad de firma, deducido del juicio ejecutivo mercantil 881/2013, promovido por la quejosa, en contra del escrito por el cual la hoy tercera interesada Esmeralda Zúñiga Álvarez, promovió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, pues son aspectos facticos que resultan ser ajenos a esta litis, toda vez que dicha resolución constituye un acto distinto al que hoy se estudia, lo cual no es objeto de análisis en cuanto a su constitucionalidad y/o legalidad, por no ser materia del amparo, además no se advierte que se haya impugnado en su momento tal determinación resolución de once de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de falsedad de firma en mención. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia IV.3o.C. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 655 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, materia común, Novena Época, con número de registro 178228, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y resultar infundado el concepto de violación esgrimido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Adelina Hernández García, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. El estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy a las diez horas con veinte minutos, como se determinó en auto de veintiséis de abril pasado; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ochos días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, dado que a la fecha en que se actúa esta surtiendo efectos la notificación del proveído de veintidós de mayo donde se les dio vista. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de junio de dos mil diecinueve. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 7 en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la ley de amparo, ('...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,...'), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ('si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.'),por lo tanto, el juez de distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el juez de distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por medio del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, copias certificadas del incidente de falsedad de firma, copias certificadas del incidente de ejecución de sentencia y diversas copias certificadas relativas al expediente número 881/2013 de su índice. Con lo anterior, dése vista a las partes sin perjuicio de relacionar el informe y las pruebas en la audiencia constitucional. Ténganse por exhibidas las documentales remitidas por la responsable, mismas que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Finalmente, se toma conocimiento de la causal de improcedencia hecha valer por la oficiante. Notifíquese.

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