Adelfo Mercado Trinidad

Expediente 15/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
15/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
05/07/2016

Partes del expediente

  • Adelfo Mercado Trinidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, adquirió firmeza procesal mediante proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis; y toda vez que ya obran todas las constancias de notificación a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitirlo al archivo de este juzgado, pues no existe más por cumplimenta. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: -El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues se sobreseyó en el presente asunto. -El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). -Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". Sin embargo, en autos obra el original del contrato privado de compra venta de doce de junio de mil novecientos noventa y nueve, el cual exhibió la parte quejosa con su demanda y se ubica dentro de los documentos referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por ende, en términos del punto décimo primero, último párrafo del Acuerdo General referido, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que se deberá dejar en lugar de dichas constancias, copias certificadas por el Secretario de este juzgado y quien comparezca para recogerlas tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo de referencia. Por ello, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    III. Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de cinco de los ocursantes, el cual es del tenor siguiente: "Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, adquirió firmeza procesal mediante proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis; y toda vez que ya obran todas las constancias de notificación a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitirlo al archivo de este juzgado, pues no existe más por cumplimenta. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: -El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues se sobreseyó en el presente asunto. -El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). -Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". Sin embargo, en autos obra el original del contrato privado de compra venta de doce de junio de mil novecientos noventa y nueve, el cual exhibió la parte quejosa con su demanda y se ubica dentro de los documentos referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por ende, en términos del punto décimo primero, último párrafo del Acuerdo General referido, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que se deberá dejar en lugar de dichas constancias, copias certificadas por el Secretario de este juzgado y quien comparezca para recogerlas tendrá que exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo de referencia. Por ello, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso ********************, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 15/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Adelfo Mercado Trinidad, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE ORDENADORA Y EJECUTORA AL C. DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS, ESTADO DE MÉXICO, cuyo domicilio es el ubicado en la Colonia Centro S/N precisamente en la Planta Baja del Edificio que ocupa la Presidencia Municipal de Coatepec Harinas, Estado de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La negativa de informarme el motivo por el cual no puedo dar de alta un predio que es de mi propiedad y a recibir mis escritos tendientes a realizar mi traslado de dominio y solo argumentándome verbalmente que no los pueden recibir no dando información porque según esta y sin demostrármelo el C. MELITÓN MERCADO LÓPEZ ya dio de alta el mismo predio que pretendo regularizar, negándose a recibir mis escritos precisamente solicitándole mayor información para que desde luego yo pueda hacer lo conducente." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 8, 13, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2). TERCERO. Trámite de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 15/2016-III; por auto de siete de enero de dos mil dieciséis (foja 8) se admitió la demanda de que se trata; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso para que en el término de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Tesorería Municipal de Coatepec Harinas, Estado de México. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, ante la respuesta favorable del quejoso, se tuvo como autoridad responsable a la Tesorería Municipal de Coatepec Harinas, Estado de México, por lo que se le requirió su informe justificado correspondiente. Acontecido lo anterior, previos diferimientos la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La negativa de informarle el motivo por el cual no puede dar de alta un predio que aduce es de su propiedad, así como la negativa a recibir sus escritos tendientes a realizar el traslado de dominio, de quince de diciembre de dos mil quince. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec Harinas, Estado de México (foja 23); y, la Tesorera Municipal de Coatepec Harinas, Estado de México (foja 59), al rendir su informe justificado, negaron los actos que de ellos se reclaman. Con motivo de lo expresado por la autoridad responsable, en principio debe analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso, del propio estudio de fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese contexto, como quedó precisado con anterioridad, la responsable Tesorera Municipal de Coatepec Harinas, Estado de México, señaló que no cuenta con ningún registro que acredite la petición del quejoso; por su parte, el Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec Harinas, Estado de México, hizo relación de una solicitud de copias del quejoso de veintiocho de octubre de dos mil catorce, no así de quince de diciembre de dos mil quince, como lo establece el quejoso en su escrito de demanda. Razón por la cual, ante la negativa por parte de las responsables, correspondía al quejoso Adelfo Mercado Trinidad la carga de la prueba, de demostrar que había solicitado dar de alta el predio de su propiedad y que las responsables se negaron a recibir su escrito tendente a realizar el traslado de dominio. Sobre lo antedicho es aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada bajo el número 553 en la página trescientos sesenta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro 210769, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por ello, teniendo en cuenta el contenido negativo del informe justificado, con el propósito de verificar su certeza o falsedad, se procede al estudio de las pruebas ofrecidas por el quejoso, consistentes en: El contrato privado de compraventa de doce de junio de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre Manuel Mercado Lara y Adelfo Mercado Trinidad y un plano de dieciséis de julio de dos mil catorce, elaborado por el ingeniero Demetrio Domínguez Gutiérrez, documentales que son valoradas en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, de las que únicamente se advierte la manifestación de voluntad de las partes para celebrar un contrato de compraventa respecto del bien inmueble ubicado en el Poblado de Agua Bendita "Paraje Loma Angosta", en el Municipio de Coatepec Harinas, México, así como su ubicación; sin embargo, no se advierte que el quejoso haya solicitado el quince de diciembre de dos mil quince, dar de alta el predio de su propiedad ni que las responsables se negaron a recibir su escrito tendente a realizar el traslado de dominio. Asimismo, respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, tampoco son idóneas para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues cabe añadir que de autos no se desprende ningún otro elemento que aunado a ellas pueda generar en este órgano de control constitucional la convicción de que el quince de diciembre de dos mil quince, el hoy quejoso solicitó dar de alta el predio que aduce es de su propiedad y que las responsables se negaron a recibir su escrito tendente a realizar el traslado de dominio. Luego, es patente que en el caso no existe prueba fehaciente que demuestre que el quince de diciembre de dos mil quince, el quejoso pretendió dar de alta el predio de su propiedad y que las responsables se negaron a recibir su escrito tendente a realizar el traslado de dominio, lo que pone de manifiesto a este órgano de control constitucional, que no quedó acreditada la existencia de los actos que aduce el quejoso Adelfo Mercado Trinidad. Razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 constitucionales, 73, 74, 78, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Adelfo Mercado Trinidad, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza y da fe.

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