Adelfo Bolaños Villegas
Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Adelfo Bolaños Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 270/2021 Acuerdo: PRAL.270/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Adelfo Bolaños Villegas, sin que dicha parte hubiere interpuesto algún medio de impugnación. 2° Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables así como del agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera dicha determinación, en términos del artículo 871 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación del auto en el cual se decretó el sobreseimiento se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Devolución de documentos. La parte quejosa ofreció como prueba de su parte el original del acuse de recibo del escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, con sello de recepción de la misma data, por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la referida parte quejosa, para que en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichas documentales; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será glosada a este expediente y, en su oportunidad, destruida, con este último, sin ulterior acuerdo. Precisión. Se puntualiza que, para la entrega de dicha documental, deberá observar los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, este expediente es destruible, porque lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes se procederá a la destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 7° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.270/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Adelfo Bolaños Villegas, sin que dicha parte hubiere interpuesto algún medio de impugnación. 2° Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables así como del agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera dicha determinación, en términos del artículo 871 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación del auto en el cual se decretó el sobreseimiento se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Devolución de documentos. La parte quejosa ofreció como prueba de su parte el original del acuse de recibo del escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, con sello de recepción de la misma data, por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la referida parte quejosa, para que en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichas documentales; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será glosada a este expediente y, en su oportunidad, destruida, con este último, sin ulterior acuerdo. Precisión. Se puntualiza que, para la entrega de dicha documental, deberá observar los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, este expediente es destruible, porque lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes se procederá a la destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 7° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 270/2021-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, signado por la directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el cual rinde informe justificado. 2° Se nombra delegada y domicilio. Con apoyo en lo establecido en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de la referida autoridad, a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Correo electrónico. Cabe precisar que la referida autoridad responsable proporciona una cuenta de correo electrónico y un número telefónico; por ello, durante el periodo de contingencia, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban practicársele, realícense vía correo electrónico; para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de la dirección de correo electrónico del destinatario, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen, argumento que se basa, por identidad sustancial, en el Acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que habilita el uso de la firel en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que se emitan en áreas administrativas, y el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial. 3° Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la citada autoridad la copia certificada del oficio IEEPO/DH/QC/427/2021 y anexo; misma que se desahoga en razón a su propia y especial naturaleza. 4° Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vistas las constancias que anexó la citada responsable a su informe justificado, particularmente la copia certificada de la constancia de notificación del oficio IEEPO/DH/QC/427/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En este juicio la parte quejosa reclama de la autoridad responsable directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública, la omisión de dar contestación al escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; recibido en la misma data. Sin embargo, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que mediante oficio IEEPO/DH/QC/427/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se acordó el escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, haciéndole entrega de copia certificada del diverso comunicado IEEPO/DH/QC/1974/2020 y sus anexos. Comunicado que fue notificado a la autorizada de la parte quejosa en la misma data (veintiséis de abril de dos mil veintiuno). Por tanto, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable el veintiséis de abril de dos mil veintiuno acordó el escrito de veintiséis de febrero de este año (omisión que constituye el acto reclamado), notificándole su contenido a la parte quejosa, por conducto de su autorizada, en la misma data; por lo que se actualiza la referida causal de improcedencia. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; por ende, se deja sin efectos la celebración de la misma señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". 5° Anotaciones. Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 270/2021 Acuerdo: PRAL 270/2021-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, signado por la directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el cual rinde informe justificado. 2° Se nombra delegada y domicilio. Con apoyo en lo establecido en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de la referida autoridad, a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Correo electrónico. Cabe precisar que la referida autoridad responsable proporciona una cuenta de correo electrónico y un número telefónico; por ello, durante el periodo de contingencia, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban practicársele, realícense vía correo electrónico; para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de la dirección de correo electrónico del destinatario, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen, argumento que se basa, por identidad sustancial, en el Acuerdo de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que habilita el uso de la firel en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que se emitan en áreas administrativas, y el uso del correo electrónico institucional como comunicación oficial. 3° Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la citada autoridad la copia certificada del oficio IEEPO/DH/QC/427/2021 y anexo; misma que se desahoga en razón a su propia y especial naturaleza. 4° Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vistas las constancias que anexó la citada responsable a su informe justificado, particularmente la copia certificada de la constancia de notificación del oficio IEEPO/DH/QC/427/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En este juicio la parte quejosa reclama de la autoridad responsable directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública, la omisión de dar contestación al escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; recibido en la misma data. Sin embargo, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que mediante oficio IEEPO/DH/QC/427/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se acordó el escrito de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, haciéndole entrega de copia certificada del diverso comunicado IEEPO/DH/QC/1974/2020 y sus anexos. Comunicado que fue notificado a la autorizada de la parte quejosa en la misma data (veintiséis de abril de dos mil veintiuno). Por tanto, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable el veintiséis de abril de dos mil veintiuno acordó el escrito de veintiséis de febrero de este año (omisión que constituye el acto reclamado), notificándole su contenido a la parte quejosa, por conducto de su autorizada, en la misma data; por lo que se actualiza la referida causal de improcedencia. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; por ende, se deja sin efectos la celebración de la misma señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". 5° Anotaciones. Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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