Adelaida Rosa María López Prieto
Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Adelaida Rosa María López Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
PRAL 366/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de once de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, y de los terceros interesados, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que obran cuatro tomos de copias certificadas relativas al expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que fueron remitidos como justificación a su informe. Así como un tomo de copias certificadas relativas al expediente 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que fue enviado como anexo a su informe. Como dichas documentales no tienen objeto de permanencia en este Juzgado, mediante oficio que al respecto se envíe, devuélvanse a dichas autoridades los tomos de pruebas; sin que haya lugar solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega de los mismos se advertirá de la constancia de recepción del oficio que se envíe. Por otra parte, con apoyo en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que anexo a su demanda de amparo consistentes en: *Copia certificada del contrato de compraventa con número de acta 12521, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. * Copia certificada de la escritura volumen setenta y tres (73) con número de acta nueve mil cuatrocientos veinte (9420) de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. * Copia certificada del contrato privado de compraventa de doce de abril de mil novecientos cincuenta y cinco. * Copia certificada del acta de apeo y deslinde de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve. * Copia certificada del instrumento notarial número cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete Asimismo, se deja a disposición de la tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños la documental que acompañó a sus escritos de apersonamiento y de alegatos, consistentes en: - Copia certificada del instrumento notarial número tres mil cuatrocientos veinte (3420), Volumen XLVI (cuarenta y seis), de siete de julio de dos mil once. - Copia certificada del certificado de libertad de gravamen, de veintidós de marzo de dos mil veintidós. - Copias simples de diversas constancias del expediente civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: * Auto de inicio de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete. * Escrito inicial de demanda de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, suscrito por Juan Carlos Figueroa Galán, apoderado legal de Adelaida Rosa María López Prieto. * Acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. * Cédula de notificación de once de agosto de dos mil diecisiete, que contiene inserto el acuerdo de siete de dos mil diecisiete. - Copia certificada de los autos de siete y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete dictados en el juicio sumario civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. - Copia certificada del escrito inicial de demanda de doce de julio de dos mil diecisiete suscrito por Juan Carlos Figueroa Galán. Previa copia certificada que se agregue de dichos documentos para constancia, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para lo cual, deberán acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) a recoger dichas documentales, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibidas que de no solicitarlas dentro de ese plazo, podrán ser destruidas junto con este expediente. V. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. VI. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VII. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. VIII. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. IX. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. X. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. XI. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS ******* MARTÍNEZ APARICIO Y **********SANDOVAL GARCÍA-. PRAL 366/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas con cuatro minutos del once de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 366/2022, como se ordenó en acuerdo de quince de junio del año en curso, en audiencia pública Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, en su carácter de apoderados de la parte quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, escritos de la parte tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños, e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, hace constar que: - Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales y que no existe documento con el que deba darse cuenta. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes; II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes pruebas: a)- Parte quejosa: Documentales consistentes en: * Copia certificada del contrato de compraventa con número de acta 12521, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. * Copia certificada de la escritura volumen setenta y tres (73) con número de acta nueve mil cuatrocientos veinte (9420) de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. * Copia certificada del contrato privado de compraventa de doce de abril de mil novecientos cincuenta y cinco. * Copia certificada del acta de apeo y deslinde de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve. - Documental privada: * Copia certificada del instrumento notarial número cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. b) Parte tercera interesada: - Copia certificada del instrumento notarial número tres mil cuatrocientos veinte (3420), Volumen XLVI (cuarenta y seis), de siete de julio de dos mil once. - Copia certificada del certificado de libertad de gravamen, de veintidós de marzo de dos mil veintidós. - Copias simples de diversas constancias del expediente civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: * Auto de inicio de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete. * Escrito inicial de demanda de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, suscrito por Juan Carlos Figueroa Galán, apoderado legal de Adelaida Rosa María López Prieto. * Acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. * Cédula de notificación de once de agosto de dos mil diecisiete, que contiene inserto el acuerdo de siete de dos mil diecisiete. - Copia certificada de los autos de siete y diecisiete de agosto de dos mil diecisiete dictados en el juicio sumario civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. - Copia certificada del escrito inicial de demanda de doce de julio de dos mil diecisiete suscrito por Juan Carlos Figueroa Galán. c) Autoridad responsable, juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca: - Copia certificada del expediente 99/2017, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Concepción Pilar Castellanos Bolaños, de su índice (cuatro tomos). d) Autoridad, jueza Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en la Ciudad de Oaxaca: - Copia certificada del expediente 218/2017, relativo al juicio vía sumaria civil, promovido por Juan Carlos Figueroa Galán, apoderado legal de Adelaida Rosa María López Prieto, de su índice. Enseguida, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las referidas pruebas, las que se desahogan por su propia naturaleza y que serán consideradas oportunamente; ahora, no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que la tercera interesada los formuló mediante escritos recibidos en este Juzgado el veintiséis de abril y el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, respectivamente. Ahora, como las demás parte no los formularon, se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia constitucional, para dictar la siguiente: Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 366/2022; y R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Adelaida Rosa María López Prieto, a través de sus apoderados legales Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra 1) la orden de entregar un inmueble de la que aduce ser titular en cumplimiento a una resolución dictada en el expediente civil 99/2017, así como 2) la falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017; que atribuyó al titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Personalidad. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, su carácter de apoderados de la parte quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, como lo acreditan con la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho (53258), volumen setecientos diez (710) de la Notaría Pública Número veinticinco del Estado de Oaxaca. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 366/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. CUARTO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Concepción Pilar Castellanos Bolaños, 2) Erica Sandoval García y 3) Lucio Martínez Aparicio. Luego, ante la imposibilidad que existió para emplazar a 1) Erica Sandoval García y 2) Lucio Martínez Aparicio, previo diversos requerimientos a la parte quejosa, por auto de treinta y uno de mayo de este año, se ordenó su emplazamiento, y por proveído de quince de junio de dos mil veintidós se precisó notificar a esos terceros interesados por medio de lista de acuerdos al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en este juicio. QUINTO. Cita para audiencia. De igual forma, en el citado auto (quince de junio de dos mil veintidós) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto de ejecución se reclama a una autoridad residente en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda, son los siguientes: Del titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: 1) La orden de entregar un inmueble de la que aduce ser titular, de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017. 2) La falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable jueza Segunda de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, y comunicó lo siguiente: - En ese Juzgado se tramita el expediente ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, con registro 99/2017, en el cual obran como partes en su calidad de actora Concepción Pilar Castellanos Bolaños y como demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez. - Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete se notificó, corrió traslado y se emplazó a juicio a los demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez. - Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete se tuvo a los demandados dando contestación a la demanda. - Seguido los trámites legales se dictó sentencia y se absolvió a los demandados de lo reclamado por la actora. - Contra dicha sentencia Concepción Pilar Castellanos Bolaños promovió recurso de apelación. - La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, revocó esa sentencia y estableció que Concepción Pilar Castellanos Bolaños sí acreditó los elementos constitutivos de su acción, en consecuencia, condenó a los demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez a la desocupación y entrega del predio ubicado en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. -Asimismo, dicha sala remitió copia certificada del oficio 445/2021 de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, y copia certificada de la ejecutoria de amparo 229/2020, de donde se advierte que la justicia de la unión no ampara ni protege a los quejosos Erica Sandoval García y Lucio Martínez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable. - Así, por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno se declaró que la sentencia de segunda instancia causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que se requirió a los demandados para que cumplieran voluntariamente con dicho fallo. - Por proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós la responsable tuvo a la parte actora solicitando la ejecución forzosa de la sentencia. - En consecuencia, la diligencia de lanzamiento y posesión material se llevó a cabo el once de marzo de dos mil veintidós, entregando el bien inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, a Concepción Pilar Castellanos Bolaños. Informe que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto reclamado consistente en la 2) falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el segundo de los numerales transcritos. Asimismo, a efecto de determinar cuándo empieza a transcurrir dicho plazo, es necesario precisar que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto transcrito se advierte son tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De las constancias de autos valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete la aquí tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños ejerció en la vía ordinaria civil la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, contra Erica Sandoval García y Lucio Martínez, dando origen al expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 2. Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio, demandados en ese juicio (99/2017), mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete ante la autoridad responsable, ofrecieron como prueba documental la copia certificada del instrumento notarial acta doce mil quinientos veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 16 en el Estado de Oaxaca, la cual contiene la escritura de la señora Adelaida Rosa María López Prieto, quien dijeron es la propietaria del inmueble del cual eran inquilinos; lo anterior, para acreditar la propiedad que ocupaban (foja dos del tomo III de este juicio de amparo). 3. Por otra parte, con fecha catorce de julio de dos mil diecisiete Juan Carlos Figueroa Galán, en su carácter de apoderado de la parte aquí quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, promovió en la vía sumaria civil el interdicto para retener la posesión respecto del inmueble ubicado en la calle Niño Perdido número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, en contra de Concepción Pilar Castellanos Bolaños, y manifestó en el punto séptimo de su capítulo de hechos que con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete Concepción Pilar Castellanos Bolaños demandó a sus inquilinos Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio la desocupación y entrega del bien inmueble citado, en el expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Asimismo, para acreditar sus pretensiones ofreció como prueba documental, entre otras, la copia certificada del instrumento notarial acta doce mil quinientos veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 16 en el Estado de Oaxaca, la cual contiene la escritura de la señora Adelaida Rosa María López Prieto. 4. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, que la registró con el expediente civil 218/2017, de su índice. Así, de lo expuesto es inconcuso que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia que se examina, ya que de las constancias de autos relatadas se advierte que la quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, a través de su apoderado Juan Carlos Figueroa Galán, tuvo conocimiento de la existencia del juicio 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, desde el catorce de julio de dos mil diecisiete, fecha en que dicho apoderado promovió diverso juicio civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, pues en la demanda precisó que con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete Concepción Pilar Castellanos Bolaños, demandó a sus inquilinos Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio la desocupación y entrega del bien inmueble citado; de ahí que se, infiere, al menos desde esa fecha dicho apoderado tuvo conocimiento del citado juicio civil 99/2017, del índice de la autoridad responsable, cuya falta de emplazamiento ahora reclama, como apoderado también. Por tanto, al tener en consideración que la percepción que una persona física obtiene de los actos que conoce en forma personal y al ser apoderado de otra persona física, también los conoce por ésta, y desde el momento que lo sabe está en aptitud legal de inconformarse y hacer valer el juicio de amparo contra el procedimiento que desde entonces le afecta, y no esperar, dado que el conocimiento que se obtiene es uno sólo, en un primer momento, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física, lo ignore como apoderado o representante de otra persona, aun cuando los intereses jurídicos pudieran ser distintos. Sirve de apoyo por su contenido las tesis y jurisprudencia siguientes: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades." (Tesis 2a. XX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época). "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física." (Jurisprudencia IV.3o. J/30, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 682, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, octubre de 1997, Novena Época). Por consiguiente, como la parte quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, a través de su apoderado legal Juan Carlos Figueroa Galán, tuvo conocimiento del expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca , y por ende, de sus consecuencias legales, desde el catorce de julio de dos mil diecisiete, fecha en que dicho apoderado promovió a favor de su representada diverso juicio civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, y ahora, aunque venga a través del mismo apoderado y otro, por más que quiera e insista que no fue emplazada del juicio natural, no puede dejarse de reconocerle el carácter de representante legal de la persona física y el conocimiento que tuvo del procedimiento, debido a que, como se ha sostenido, lo que conoce en lo personal su apoderado, lo sabe también como representante de la persona física que representa. Máxime que en aquel juicio (218/2017), para acreditar la personalidad para promoverlo, anexó el mismo instrumento notarial con el que acreditó su personalidad en este juicio de amparo. En consecuencia, es evidente que resulta extemporánea al no promoverse dentro del lapso de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de evitar la generación de los subsiguientes actos que por esta vía reclama, pues han transcurrido más de cuatro años, desde que tuvo conocimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998; Novena Época, que es como sigue: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en 1) la orden de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en la que se ordenó entregar un inmueble del que aduce la parte quejosa es titular, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El referido precepto tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de 'instancia de parte agraviada' en el juicio de amparo, pues, en lo sustancial, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Asimismo, el artículo 6º de le Ley de Amparo prevé: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del contenido de los artículos transcritos se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invoca en apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No está por demás señalar que en este caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto, porque, por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera que si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad judicial en materia civil, como lo es el Juzgado Segundo Civil, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico, y no legítimo; ello, dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. En el caso, la parte quejosa reclamó la orden de fecha once de marzo de dos mil veintidós, de entregar un inmueble de la que aduce ser titular, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017, del índice de la responsable; sin embargo, dicho juicio se promovió por Concepción Pilar Castellanos Bolaños, en la vía ordinaria civil al ejercer la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, contra Erica Sandoval García y Lucio Martínez, de donde considera le perjudica en sus propiedades o posesiones; empero, en esta instancia constitucional no se acreditó la existencia de la identidad entre el bien inmueble que señala la parte quejosa le pertenece, con el inmueble materia del expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En efecto, el apoderado legal manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el primer punto de los antecedentes del acto reclamado que su mandante Adelaida Rosa María López Prieto es propietaria del predio (cuya reivindicación reclamó la tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños, en expediente 99/2017), lo que dice se acredita con la copia certificada del contrato de compraventa con número de acta 12521, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual exhibe y de la que se advierte la compraventa de un inmueble con las siguientes características: "UN TERRENO INTEGRADO POR DOS FRACCIONES QUE SE FUSIONAN Y QUE ESTA SITUADO BAJO EL NÚMERO CUATRO DE LA CALLE DEL CINCO DE MAYO, EN LA AGENCIA DE IXCOTEL O SANTA MARÍA IXCOTEL, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, EN ESTE ESTADO DE OAXACA, EL CUAL EN FORMA RECTIFICADA Y ACTUALIZADA POR RAZÓN DE ALINEAMIENTO, RESPECTO A LAS CALLES QUE LO RODEAN, SE DESLINDA COMO SIGUE: AL NORTE: 57 -CINCUENTA Y SIETE METROS CON LA CALLE NIÑO PERDIDO (ANTES ROSENDO BARBOSA). AL SUR: 42.52 -CUARENTA Y DOS METROS CINCUENTA Y DOS CENTIMETROS CON LA CALLE CINCO DE MAYO. AL ESTE: 56.70 -CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS CON PROPIEDAD DE CRECENCIO JIMÉNEZ Y ZENON CRISANTO (ANTES MENORES PRIETO HERNÁNDEZ). AL OESTE: 50 -CINCUENTA METROS, MAS : 15.80 -QUINCE METROS OCHENTA CENTIMETROS CON LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA (ANTES CALLE Y TERRENO COMUNAL).- AREA: 30.52MTS2". Sin embargo, en el expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Concepción Pilar Castellanos Bolaños ejerció en la vía ordinaria civil la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: "AL NORTE MIDE 27.12.5 (VEINTISIETE METROS DOCE CENTIMETROS Y MEDIO) Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL LICENCIADO DANIEL ORTIZ FIGUEROA, CALLEJÓN EN MEDIO. AL SUR: MIDE 27.12.5 (VEINTISIETE METROS DOCE CENTIMETROS Y MEDIO) Y COLINDA CON CLARA MUÑOZ Y CALLE DEL CINCO DE MAYO DE POR MEDIO. AL ORIENTE: MIDE 56.70 (CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS), COLINDA CON FRANCISCO SANTIAGO. AL PONIENTE MIDE 56.70 (CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS), Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR." De lo anterior, se advierte que se trata de inmuebles que tienen diferente domicilio, medidas y colindancias; de ahí que la parte quejosa incumplió con su carga probatoria, de demostrar que el bien inmueble materia del juicio natural es el mismo o se encuentra inmerso en el que dice es de su propiedad, pues en autos no existe alguna otra probanza con la que se haya demostrado la identidad del inmueble que defiende. Toda vez que no ofreció oportunamente la pericial en agrimensura, para acreditar la identidad entre los bienes inmuebles descritos en la demanda, y el referido por la autoridad responsable en el expediente civil citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". (Jurisprudencia número VI.1o.C. J/13, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Enero de 2001, página 1606, Novena Época). No se desatiende que la parte quejosa exhibió diversas documentales; sin embargo, con ellas tampoco acredita en forma individual ni en conjunto la identidad de los inmuebles, pues ésta debe ser acreditada con la pericial en agrimensura. Robustece lo anterior los siguientes criterios: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". (Jurisprudencia VI.2 J/340, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 50, Octava Época). "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". (Tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, página 183, Octava Época). En consecuencia, al carecer la parte quejosa de afectación a su interés jurídico para reclamar el citado acto, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Por lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia, analizadas, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La actualización de las causas de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Jurisprudencias y tesis aplicadas. Cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. QUINTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Adelaida Rosa María López Prieto a través de sus apoderados Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, contra los actos, que atribuyó al juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; en términos del consideran cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- (.) Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 366/2022; y R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Adelaida Rosa María López Prieto, a través de sus apoderados legales Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra 1) la orden de entregar un inmueble de la que aduce ser titular en cumplimiento a una resolución dictada en el expediente civil 99/2017, así como 2) la falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017; que atribuyó al titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Personalidad. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, su carácter de apoderados de la parte quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, como lo acreditan con la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho (53258), volumen setecientos diez (710) de la Notaría Pública Número veinticinco del Estado de Oaxaca. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 366/2022; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. CUARTO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Concepción Pilar Castellanos Bolaños, 2) Erica Sandoval García y 3) Lucio Martínez Aparicio. Luego, ante la imposibilidad que existió para emplazar a 1) Erica Sandoval García y 2) Lucio Martínez Aparicio, previo diversos requerimientos a la parte quejosa, por auto de treinta y uno de mayo de este año, se ordenó su emplazamiento, y por proveído de quince de junio de dos mil veintidós se precisó notificar a esos terceros interesados por medio de lista de acuerdos al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en este juicio. QUINTO. Cita para audiencia. De igual forma, en el citado auto (quince de junio de dos mil veintidós) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto de ejecución se reclama a una autoridad residente en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda, son los siguientes: Del titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: 1) La orden de entregar un inmueble de la que aduce ser titular, de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017. 2) La falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable jueza Segunda de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, y comunicó lo siguiente: - En ese Juzgado se tramita el expediente ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, con registro 99/2017, en el cual obran como partes en su calidad de actora Concepción Pilar Castellanos Bolaños y como demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez. - Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete se notificó, corrió traslado y se emplazó a juicio a los demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez. - Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete se tuvo a los demandados dando contestación a la demanda. - Seguido los trámites legales se dictó sentencia y se absolvió a los demandados de lo reclamado por la actora. - Contra dicha sentencia Concepción Pilar Castellanos Bolaños promovió recurso de apelación. - La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, revocó esa sentencia y estableció que Concepción Pilar Castellanos Bolaños sí acreditó los elementos constitutivos de su acción, en consecuencia, condenó a los demandados Erica Sandoval García y Lucio Martínez a la desocupación y entrega del predio ubicado en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. -Asimismo, dicha sala remitió copia certificada del oficio 445/2021 de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, y copia certificada de la ejecutoria de amparo 229/2020, de donde se advierte que la justicia de la unión no ampara ni protege a los quejosos Erica Sandoval García y Lucio Martínez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable. - Así, por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno se declaró que la sentencia de segunda instancia causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que se requirió a los demandados para que cumplieran voluntariamente con dicho fallo. - Por proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós la responsable tuvo a la parte actora solicitando la ejecución forzosa de la sentencia. - En consecuencia, la diligencia de lanzamiento y posesión material se llevó a cabo el once de marzo de dos mil veintidós, entregando el bien inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, a Concepción Pilar Castellanos Bolaños. Informe que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto reclamado consistente en la 2) falta de emplazamiento al expediente civil 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el segundo de los numerales transcritos. Asimismo, a efecto de determinar cuándo empieza a transcurrir dicho plazo, es necesario precisar que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto transcrito se advierte son tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De las constancias de autos valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete la aquí tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños ejerció en la vía ordinaria civil la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, contra Erica Sandoval García y Lucio Martínez, dando origen al expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 2. Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio, demandados en ese juicio (99/2017), mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete ante la autoridad responsable, ofrecieron como prueba documental la copia certificada del instrumento notarial acta doce mil quinientos veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 16 en el Estado de Oaxaca, la cual contiene la escritura de la señora Adelaida Rosa María López Prieto, quien dijeron es la propietaria del inmueble del cual eran inquilinos; lo anterior, para acreditar la propiedad que ocupaban (foja dos del tomo III de este juicio de amparo). 3. Por otra parte, con fecha catorce de julio de dos mil diecisiete Juan Carlos Figueroa Galán, en su carácter de apoderado de la parte aquí quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, promovió en la vía sumaria civil el interdicto para retener la posesión respecto del inmueble ubicado en la calle Niño Perdido número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, en contra de Concepción Pilar Castellanos Bolaños, y manifestó en el punto séptimo de su capítulo de hechos que con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete Concepción Pilar Castellanos Bolaños demandó a sus inquilinos Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio la desocupación y entrega del bien inmueble citado, en el expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Asimismo, para acreditar sus pretensiones ofreció como prueba documental, entre otras, la copia certificada del instrumento notarial acta doce mil quinientos veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 16 en el Estado de Oaxaca, la cual contiene la escritura de la señora Adelaida Rosa María López Prieto. 4. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, que la registró con el expediente civil 218/2017, de su índice. Así, de lo expuesto es inconcuso que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia que se examina, ya que de las constancias de autos relatadas se advierte que la quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, a través de su apoderado Juan Carlos Figueroa Galán, tuvo conocimiento de la existencia del juicio 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, desde el catorce de julio de dos mil diecisiete, fecha en que dicho apoderado promovió diverso juicio civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, pues en la demanda precisó que con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete Concepción Pilar Castellanos Bolaños, demandó a sus inquilinos Erica Sandoval García y Lucio Martínez Aparicio la desocupación y entrega del bien inmueble citado; de ahí que se, infiere, al menos desde esa fecha dicho apoderado tuvo conocimiento del citado juicio civil 99/2017, del índice de la autoridad responsable, cuya falta de emplazamiento ahora reclama, como apoderado también. Por tanto, al tener en consideración que la percepción que una persona física obtiene de los actos que conoce en forma personal y al ser apoderado de otra persona física, también los conoce por ésta, y desde el momento que lo sabe está en aptitud legal de inconformarse y hacer valer el juicio de amparo contra el procedimiento que desde entonces le afecta, y no esperar, dado que el conocimiento que se obtiene es uno sólo, en un primer momento, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física, lo ignore como apoderado o representante de otra persona, aun cuando los intereses jurídicos pudieran ser distintos. Sirve de apoyo por su contenido las tesis y jurisprudencia siguientes: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades." (Tesis 2a. XX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época). "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física." (Jurisprudencia IV.3o. J/30, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 682, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, octubre de 1997, Novena Época). Por consiguiente, como la parte quejosa Adelaida Rosa María López Prieto, a través de su apoderado legal Juan Carlos Figueroa Galán, tuvo conocimiento del expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca , y por ende, de sus consecuencias legales, desde el catorce de julio de dos mil diecisiete, fecha en que dicho apoderado promovió a favor de su representada diverso juicio civil 218/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, y ahora, aunque venga a través del mismo apoderado y otro, por más que quiera e insista que no fue emplazada del juicio natural, no puede dejarse de reconocerle el carácter de representante legal de la persona física y el conocimiento que tuvo del procedimiento, debido a que, como se ha sostenido, lo que conoce en lo personal su apoderado, lo sabe también como representante de la persona física que representa. Máxime que en aquel juicio (218/2017), para acreditar la personalidad para promoverlo, anexó el mismo instrumento notarial con el que acreditó su personalidad en este juicio de amparo. En consecuencia, es evidente que resulta extemporánea al no promoverse dentro del lapso de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de evitar la generación de los subsiguientes actos que por esta vía reclama, pues han transcurrido más de cuatro años, desde que tuvo conocimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998; Novena Época, que es como sigue: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en 1) la orden de fecha once de marzo de dos mil veintidós, en la que se ordenó entregar un inmueble del que aduce la parte quejosa es titular, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El referido precepto tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de 'instancia de parte agraviada' en el juicio de amparo, pues, en lo sustancial, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Asimismo, el artículo 6º de le Ley de Amparo prevé: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del contenido de los artículos transcritos se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invoca en apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No está por demás señalar que en este caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto, porque, por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera que si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad judicial en materia civil, como lo es el Juzgado Segundo Civil, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico, y no legítimo; ello, dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. En el caso, la parte quejosa reclamó la orden de fecha once de marzo de dos mil veintidós, de entregar un inmueble de la que aduce ser titular, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente civil 99/2017, del índice de la responsable; sin embargo, dicho juicio se promovió por Concepción Pilar Castellanos Bolaños, en la vía ordinaria civil al ejercer la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, contra Erica Sandoval García y Lucio Martínez, de donde considera le perjudica en sus propiedades o posesiones; empero, en esta instancia constitucional no se acreditó la existencia de la identidad entre el bien inmueble que señala la parte quejosa le pertenece, con el inmueble materia del expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En efecto, el apoderado legal manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el primer punto de los antecedentes del acto reclamado que su mandante Adelaida Rosa María López Prieto es propietaria del predio (cuya reivindicación reclamó la tercera interesada Concepción Pilar Castellanos Bolaños, en expediente 99/2017), lo que dice se acredita con la copia certificada del contrato de compraventa con número de acta 12521, de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual exhibe y de la que se advierte la compraventa de un inmueble con las siguientes características: "UN TERRENO INTEGRADO POR DOS FRACCIONES QUE SE FUSIONAN Y QUE ESTA SITUADO BAJO EL NÚMERO CUATRO DE LA CALLE DEL CINCO DE MAYO, EN LA AGENCIA DE IXCOTEL O SANTA MARÍA IXCOTEL, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, EN ESTE ESTADO DE OAXACA, EL CUAL EN FORMA RECTIFICADA Y ACTUALIZADA POR RAZÓN DE ALINEAMIENTO, RESPECTO A LAS CALLES QUE LO RODEAN, SE DESLINDA COMO SIGUE: AL NORTE: 57 -CINCUENTA Y SIETE METROS CON LA CALLE NIÑO PERDIDO (ANTES ROSENDO BARBOSA). AL SUR: 42.52 -CUARENTA Y DOS METROS CINCUENTA Y DOS CENTIMETROS CON LA CALLE CINCO DE MAYO. AL ESTE: 56.70 -CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS CON PROPIEDAD DE CRECENCIO JIMÉNEZ Y ZENON CRISANTO (ANTES MENORES PRIETO HERNÁNDEZ). AL OESTE: 50 -CINCUENTA METROS, MAS : 15.80 -QUINCE METROS OCHENTA CENTIMETROS CON LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA (ANTES CALLE Y TERRENO COMUNAL).- AREA: 30.52MTS2". Sin embargo, en el expediente 99/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Concepción Pilar Castellanos Bolaños ejerció en la vía ordinaria civil la acción reivindicatoria respecto de la casa ubicada en la calle Cinco de Mayo número tres, Agencia de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: "AL NORTE MIDE 27.12.5 (VEINTISIETE METROS DOCE CENTIMETROS Y MEDIO) Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL LICENCIADO DANIEL ORTIZ FIGUEROA, CALLEJÓN EN MEDIO. AL SUR: MIDE 27.12.5 (VEINTISIETE METROS DOCE CENTIMETROS Y MEDIO) Y COLINDA CON CLARA MUÑOZ Y CALLE DEL CINCO DE MAYO DE POR MEDIO. AL ORIENTE: MIDE 56.70 (CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS), COLINDA CON FRANCISCO SANTIAGO. AL PONIENTE MIDE 56.70 (CINCUENTA Y SEIS METROS SETENTA CENTIMETROS), Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL VENDEDOR." De lo anterior, se advierte que se trata de inmuebles que tienen diferente domicilio, medidas y colindancias; de ahí que la parte quejosa incumplió con su carga probatoria, de demostrar que el bien inmueble materia del juicio natural es el mismo o se encuentra inmerso en el que dice es de su propiedad, pues en autos no existe alguna otra probanza con la que se haya demostrado la identidad del inmueble que defiende. Toda vez que no ofreció oportunamente la pericial en agrimensura, para acreditar la identidad entre los bienes inmuebles descritos en la demanda, y el referido por la autoridad responsable en el expediente civil citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". (Jurisprudencia número VI.1o.C. J/13, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Enero de 2001, página 1606, Novena Época). No se desatiende que la parte quejosa exhibió diversas documentales; sin embargo, con ellas tampoco acredita en forma individual ni en conjunto la identidad de los inmuebles, pues ésta debe ser acreditada con la pericial en agrimensura. Robustece lo anterior los siguientes criterios: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". (Jurisprudencia VI.2 J/340, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 50, Octava Época). "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". (Tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, página 183, Octava Época). En consecuencia, al carecer la parte quejosa de afectación a su interés jurídico para reclamar el citado acto, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Por lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia, analizadas, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La actualización de las causas de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Jurisprudencias y tesis aplicadas. Cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. QUINTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Adelaida Rosa María López Prieto a través de sus apoderados Juan Carlos Figueroa Galán y/o Rafael Alfredo López López, contra los actos, que atribuyó al juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; en términos del consideran cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 366/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. 1. Informe. Agréguese el oficio signado por la jueza del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el que cumple con el requerimiento realizado mediante auto de quince de junio de dos mil veintidós y remite las constancias solicitadas; dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Pruebas. Toda vez que la autoridad oficiante remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 218/2017, de su índice; en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. 3. Se ordena formar tomo anexo. A fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con la documental remitida se ordena formar el tomo anexo V, relativo a este juicio, que queda a disposición de las partes para su consulta en este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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