Adelaido Xitlama Diaz

Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Adelaido Xitlama Diaz
  • Licenciada Veronica Hernandez Giadans, Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa
  • Adelaido Xitlama Diaz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 24478/2021, por el que se ordenó notificar el auto de veintitrés de agosto del año en curso, y se le devolvió un disco en audio y video y las constancias del proceso penal 54/2018 de su índice. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y en atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los tomos de pruebas formados con motivo de las copias certificadas de la carpeta de investigación número. del índice de la Fiscalía Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, y del proceso penal número. de la estadística del Juzgado de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, así como con un disco en audio y video; devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA LA SENTENCIA DE 28/07/2021 QUE DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 387/2020, promovido por ., por conducto de su defensor particular, ., contra actos de la Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 2 a 41), a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ., por conducto de su defensor particular, ., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Xalapa, Veracruz. 4. ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. ACTO RECLAMADO: A. LA NEGATIVA DOLOSA DE PROCEDENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCION PENAL EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIÓ, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. B. LA NEGATIVA DOLOSA RESPECTO DEL PRONUNICAMIENTO sic DE LA TERMINACION DE LA CONTINUIDAD DE LA SECUELA PROCESAL, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. C. LA NEGATIVA DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, RESPECTO DEL SOBRESEIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. D. LA OMISION DOLOSA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, RESPECTO DEL CESE DE LA CONTINUACION DEL CURSO NORMAL DEL PROCESO POR EL DELITO IMPUTADO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. E. LA OMISION DOLOSA DE FALTA DE INTERVENCION EN LA ESTRATEGIA PROCESAL RESPECTO DEL SOBRESEIMIENTO,EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. F. LA OMISON DOLOSA DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO, TODA VEZ QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. G. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, LA FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAR UNA ACUSACION, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. H. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, LA CESACION DEFINITIVA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEL PROCESO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. I. LA NEGATIVA DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE TERMINACION TOTAL DEL PROCESO, POR LA CAUSAL LEGAL, DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. J. LA OMISION DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, DE CESE DE LA CONTINUACION DEL CURSO NORMAL DEL PROCESO POR EL DELITO IMPUTADO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. K. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, AL CIERRE DE LA ETAPA INVESTIGACION COMPLEMENTARIA, REALIZAR SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. L. LA OMISION DOLOSA DE CONSIDERACION DEL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, Y QUE SE ENCUENTRA SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. M. LA NEGATIVA DE CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACION DE INVESTIGAR HECHOS PUNIBLES QUE SE DESPRENDEN DEL HECHO IMPUTADO AL QUEJOSO". SEGUNDO. Radicación, prevención, admisión y trámite del juicio. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte fojas 42 a 45, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, lo radicó con el número 387/2020, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la tercera interesada. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte (foja 130), se tuvo por emplazada al presente juicio de amparo, a la ofendida identificada con el alfanumérico ., por conducto de su asesor jurídico, el licenciado .. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados carecerían de ejecución material, y la demanda de amparo se envió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: 1. La omisión de solicitar el desistimiento de la acción penal o el sobreseimiento de la causa en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz, que se sigue en contra del quejoso por el delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada como .; y como consecuencia, la continuación del procedimiento. 2. La omisión de iniciar carpeta de investigación en contra del testigo ., con motivo de la declaración que rindió en su contra en la indagatoria ., así como llevar a cabo las diligencias conducentes a efecto de esclarecer las contradicciones derivadas de dicha declaración. 3. La acusación formulada por el Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, 2. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 3. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, todos con sede en Xalapa, Veracruz, así lo manifestaron al rendir sus informes justificados fojas 56, 57, 62, 63 y 88 a 90. Además, para determinar la inexistencia de los actos reclamados se toma en consideración que éstos derivan de la carpeta de investigación ., la cual se encuentra a cargo del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. De ahí que los actos que se atribuyen a las autoridades de que se trata este considerando resulten inexistentes y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de estos. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, formula manifestaciones tendentes a justificar por qué no desistió de la acción penal, solicitó el sobreseimiento de la causa ni inició la indagatoria en contra del testigo .; asimismo, anexó a su informe de ley el escrito mediante el cual formuló acusación en contra del peticionario de amparo, en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz. De ahí que se tengan por ciertos los actos que de él se reclaman. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las invoquen o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto de los actos reclamados del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistentes en la omisión de solicitar el desistimiento de la acción penal o el sobreseimiento de la causa en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz; omisión de iniciar carpeta de investigación y llevar a cabo diligencias de investigación; así como la acusación que formuló en dicho procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1o, fracción I, y 5°, fracción II, del citado ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]". De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: . De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. En ese entendido, los actos reclamados del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, es en su calidad de parte dentro del procedimiento penal; por tanto, es inconcuso que, en términos del numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en ese supuesto no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de actuar de conformidad con las pretensiones del imputado, aun contra su propia opinión, a pesar de que las actuaciones pretendidas por el quejoso derivan de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad que actúe en un plano de supra a subordinación. Por su contenido, sustenta lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, septiembre de dos mil veinte, pagina 239, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. También sirve de apoyo la tesis II.3o.P.75 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2278, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Además, en relación con la omisión de iniciar carpeta de investigación en contra del testigo ., con motivo de la declaración que rindió en su contra en la indagatoria ., también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la propia ley reglamentaria, aplicados en sentido contrario; ya que no causa al impetrante de amparo una afectación real y actual a su esfera jurídica, dado que de estimar que existe algún hecho delictivo cometido en su agravio, se encuentra facultado para presentar formalmente su denuncia ante el órgano investigador competente, a efecto de que éste se pronuncie al respecto, y en su caso, realice los actos de investigación conducentes para allegarse a la verdad de los hechos. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos a que se contrae este apartado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. En ese entendido, no se abordará el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del negocio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 86 Sexta Parte, Séptima Época, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ., respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso y personalmente a la tercera interesada, por conducto de su asesor jurídico

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 387/2020, promovido por ., por conducto de su defensor particular, ., contra actos de la Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 2 a 41), a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ., por conducto de su defensor particular, ., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Xalapa, Veracruz. 4. ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. ACTO RECLAMADO: A. LA NEGATIVA DOLOSA DE PROCEDENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCION PENAL EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIÓ, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. B. LA NEGATIVA DOLOSA RESPECTO DEL PRONUNICAMIENTO sic DE LA TERMINACION DE LA CONTINUIDAD DE LA SECUELA PROCESAL, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. C. LA NEGATIVA DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, RESPECTO DEL SOBRESEIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. D. LA OMISION DOLOSA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, RESPECTO DEL CESE DE LA CONTINUACION DEL CURSO NORMAL DEL PROCESO POR EL DELITO IMPUTADO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. E. LA OMISION DOLOSA DE FALTA DE INTERVENCION EN LA ESTRATEGIA PROCESAL RESPECTO DEL SOBRESEIMIENTO,EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. F. LA OMISON DOLOSA DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO, TODA VEZ QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. G. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, LA FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAR UNA ACUSACION, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. H. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, LA CESACION DEFINITIVA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEL PROCESO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. I. LA NEGATIVA DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE TERMINACION TOTAL DEL PROCESO, POR LA CAUSAL LEGAL, DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. J. LA OMISION DOLOSA DE REALIZAR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, DE CESE DE LA CONTINUACION DEL CURSO NORMAL DEL PROCESO POR EL DELITO IMPUTADO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. K. LA OMISION DOLOSA DE DETERMINAR, AL CIERRE DE LA ETAPA INVESTIGACION COMPLEMENTARIA, REALIZAR SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO ANTE EL JUEZ DE CONTROL, EN VIRTUD DE QUE EL HECHO NO SE COMETIO, EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA. L. LA OMISION DOLOSA DE CONSIDERACION DEL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA CARPETA DE INVESTIGACION ., INVESTIGACION A CARGO DE EL sic LICENCIADO . EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD EN COMBATE AL SECUESTRO SEDE CORDOBA Y LA CUAL DIO ORIGEN AL PROCESO PENAL . DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL NUMERO XVI DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN ZONGOLICA, Y QUE SE ENCUENTRA SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. M. LA NEGATIVA DE CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACION DE INVESTIGAR HECHOS PUNIBLES QUE SE DESPRENDEN DEL HECHO IMPUTADO AL QUEJOSO". SEGUNDO. Radicación, prevención, admisión y trámite del juicio. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte fojas 42 a 45, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, lo radicó con el número 387/2020, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la tercera interesada. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte (foja 130), se tuvo por emplazada al presente juicio de amparo, a la ofendida identificada con el alfanumérico ., por conducto de su asesor jurídico, el licenciado .. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados carecerían de ejecución material, y la demanda de amparo se envió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: 1. La omisión de solicitar el desistimiento de la acción penal o el sobreseimiento de la causa en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz, que se sigue en contra del quejoso por el delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada como .; y como consecuencia, la continuación del procedimiento. 2. La omisión de iniciar carpeta de investigación en contra del testigo ., con motivo de la declaración que rindió en su contra en la indagatoria ., así como llevar a cabo las diligencias conducentes a efecto de esclarecer las contradicciones derivadas de dicha declaración. 3. La acusación formulada por el Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, 2. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 3. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, todos con sede en Xalapa, Veracruz, así lo manifestaron al rendir sus informes justificados fojas 56, 57, 62, 63 y 88 a 90. Además, para determinar la inexistencia de los actos reclamados se toma en consideración que éstos derivan de la carpeta de investigación ., la cual se encuentra a cargo del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. De ahí que los actos que se atribuyen a las autoridades de que se trata este considerando resulten inexistentes y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de estos. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, formula manifestaciones tendentes a justificar por qué no desistió de la acción penal, solicitó el sobreseimiento de la causa ni inició la indagatoria en contra del testigo .; asimismo, anexó a su informe de ley el escrito mediante el cual formuló acusación en contra del peticionario de amparo, en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz. De ahí que se tengan por ciertos los actos que de él se reclaman. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las invoquen o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto de los actos reclamados del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistentes en la omisión de solicitar el desistimiento de la acción penal o el sobreseimiento de la causa en el proceso ., del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz; omisión de iniciar carpeta de investigación y llevar a cabo diligencias de investigación; así como la acusación que formuló en dicho procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1o, fracción I, y 5°, fracción II, del citado ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]". De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: . De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el mencionado código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. En ese entendido, los actos reclamados del 4. Licenciado ., Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, es en su calidad de parte dentro del procedimiento penal; por tanto, es inconcuso que, en términos del numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en ese supuesto no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Estimar lo contrario implicaría considerar que el Ministerio Público tiene obligación de actuar de conformidad con las pretensiones del imputado, aun contra su propia opinión, a pesar de que las actuaciones pretendidas por el quejoso derivan de su calidad de parte dentro del proceso penal, y no de una obligación impuesta como autoridad que actúe en un plano de supra a subordinación. Por su contenido, sustenta lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, septiembre de dos mil veinte, pagina 239, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. También sirve de apoyo la tesis II.3o.P.75 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2278, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia. Además, en relación con la omisión de iniciar carpeta de investigación en contra del testigo ., con motivo de la declaración que rindió en su contra en la indagatoria ., también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la propia ley reglamentaria, aplicados en sentido contrario; ya que no causa al impetrante de amparo una afectación real y actual a su esfera jurídica, dado que de estimar que existe algún hecho delictivo cometido en su agravio, se encuentra facultado para presentar formalmente su denuncia ante el órgano investigador competente, a efecto de que éste se pronuncie al respecto, y en su caso, realice los actos de investigación conducentes para allegarse a la verdad de los hechos. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos a que se contrae este apartado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. En ese entendido, no se abordará el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del negocio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 86 Sexta Parte, Séptima Época, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ., respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso y personalmente a la tercera interesada, por conducto de su asesor jurídico.

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