Adelaida Martínez Ramírez
Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adelaida Martínez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años contados a partir de la emisión de este auto. Además, el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo signado por. con cuatro copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse. anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo número 242/2021. ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice. Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, con el que se podía revocar el acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone. En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, toda vez que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no está obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Ahora, para demostrar la tesis sustentada es pertinente invocar los artículos 1334 y 1335, del Código de Comercio, que disponen: De la interpretación armónica de los preceptos en cita, se advierte que contra los autos y decretos emitidos por un tribunal de segunda instancia procede el recurso de reposición, a través del cual se puede obtener la revocación de la resolución impugnada. En el caso, se reitera, se reclama el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la sala responsable, en el toca. en el que se desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, contra la interlocutoria emitida en el juicio ejecutivo mercantil número. del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, en la que se declaró improcedente su incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la notificación de la resolución de la planilla de liquidación de intereses que formularon los terceros interesados. Luego, en su contra procedía el recurso de reposición previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado se vincula con un asunto mercantil en donde se reclamó medularmente la resolución de un incidente de nulidad contra la notificación de la determinación de una planilla de liquidación de intereses que formularon los terceros interesados. Esto es, el acto que se combate no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, al ser la quejosa parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de reposición aludido, no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 1334 del Código de Comercio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la porción normativa indicada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del justiciable los estrados de este órgano jurisdiccional por así señalarlo en su ocurso de cuenta; y como autorizado de su parte con facultes amplias que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado. toda vez que acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, mediante el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por otro lado, consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Finalmente, hágase del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; a fin de que proceda a realizar la compensación de cargas respectiva. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por. contra actos de los Magistrados que integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otra autoridad.
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