Adela Tovar Luna
Expediente 1368/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/01/2022
Partes del expediente
- Adela Tovar Luna
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva pronunciada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 1368/2021-IV en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1368/2021-IV, promovido por Adela Tovar Luna, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Adela Tovar Luna promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican. Autoridades responsables: 1. Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. 2. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, 3. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Ambas con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "La omisión de la Autoridad Responsable de señalar fecha y hora para la primera Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones conforme lo dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como de emplazar al demandado dentro del expediente administrativo laboral número 170/6/2019, formado con el motivo de la demanda interpuesta por la C. ADELA TOVAR LUNA en contra de la empresa CONTROLES LATINOAMERICANOS, S. DE R.L. DE C.V.; Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE EMPLEO, con lo que deja de aplicar en forma correcta la ley, violentándose con ello mis garantías individuales." (Sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 170/E06/2019. b) La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada; y, c) La omisión del actuario adscrito a la citada Junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por sí y en nombre de dicho Tribunal del Trabajo, al rendir el informe justificado precisó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, dicha afirmación se encuentra desvirtuada en autos con lo manifestado en el propio informe y con las documentales anexas al mismo, pues de ellos se desprende que mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, previo a la admisión de la demanda, se requirió a la aquí quejosa Adela Tovar Luna para que precisara las irregularidades que, señaló la responsable, se aprecian de su demanda laboral; pero, que no ha cumplido con lo requerido para que se pueda continuar con el procedimiento ordinario, razón por la cual no se podía señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones, ni de ordenar el debido emplazamiento a la demandada; de ahí que el acto reclamado deba considerarse inexistente. Como en el presente caso el acto reclamado es de naturaleza omisiva, para acreditar la certeza o inexistencia del mismo, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones. Ha de precisarse, en primer término la noción de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, dado que el primer concepto tiene una intención mayor al del segundo. Se explica, para que exista una conducta cualificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, que hace previsible el actuar que no se llevó a cabo, es decir, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada porque existe una obligación que así lo indica. En otras palabras, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar como se espera o como se está obligado. Así, tenemos que para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos a saber: a) Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta ya sea en una disposición normativa, o bien, en un acto jurisdiccional o administrativo (elemento normativo); y, b) Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer (elemento fáctico). Con base en tal concepción, los tribunales de amparo han establecido que para verificar la certeza de los actos omisivos se debe examinar si la autoridad a que se le atribuye se encuentra constreñida a actuar en el sentido que pretende el quejoso, ya sea por la existencia del precepto legal que así lo disponga, o bien, una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Muestra de lo anterior es el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXIV/98, consultable en la página 53, tomo VII, junio de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso concreto, como pudo verse, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la Junta responsable requirió a la aquí quejosa Adela Tovar Luna para que aclarara las irregularidades de su demanda laboral, ello para poder estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda respecto a su eventual admisión y señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. Por ese motivo, no puede atribuírsele el hecho de que a la fecha no haya señalado hora para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral de referencia, pues ésta solamente es posible llevarla a cabo, si la demanda hubiese sido admitida a trámite, lo cual no aconteció por los motivos que ya se expusieron. Por la misma razón, ni el presidente ni la Junta podrían ordenar el emplazamiento de la parte demandada, puesto que, como se precisó, la responsable requirió a la quejosa Adela Tovar Luna para que aclarara las irregularidades de su demanda laboral y, como consecuencia de ello, no dio trámite a la demanda laboral presentada por quien ahora promueve el juicio de amparo, de ahí que no podría imputársele el acto omisivo que ha quedado plasmado. Por su parte, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, precisó que no son ciertos los actos que se reclaman, pues al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados en esta contienda constitucional. La parte agraviada no desvirtuó las negativas a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Adela Tovar Luna. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el acuerdo mediante el cual se puso a la vista de las partes los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y el Actuario adscrito a la misma, fue notificado por medio de lista publicada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por lo cual es evidente que el informe no fue recibido con la anticipación de ocho días al de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, las partes no tuvieron el tiempo suficiente para imponerse del contenido del mismo ni de hacer valer lo que a sus intereses convenga. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la misma, debiendo citar a las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva terminada de engrosar el diecinueve de octubre del año actual, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Vladimir Aram Rodríguez Estrada (fojas 40 a 59); en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables denominadas Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial y Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable encargado de la Coordinación Municipal de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, cumplan con el fallo de mérito; apercibidas que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá multa a cada una por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
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