Adela Tovar Luna

Expediente 345/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
345/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Adela Tovar Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia constitucional de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías 345/2019-VIII, promovido por Adela Tovar Luna (fojas 35 a 40); por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, dado el sentido de su resolución definitiva, misma que no requiere ejecución alguna, por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, se ordena a la secretaría que vigile se realicen las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la inscripción de los datos relativos en la carátula del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 345/2019-VIII, promovido por la quejosa Adela Tovar Luna, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el veinticuatro de abril del presente año, ante este Juzgado Federal, la impetrante de mérito promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: C I U D A D. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA ADIENCIA DE CONCLILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 873 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, ASÍ COMO DE EMPLAZAR AL DEMANDADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO LABORAL NÚMERO 170/2019." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. En auto de veinticinco de abril de este año, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 345/2019-VIII; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Del contenido de la demanda inicial (fojas 1 a 3), se aprecia que la causa de pedir de la quejosa Adela Tovar Luna, esencialmente constituyó la omisión de la responsable de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 170/E06/2019, con la consiguiente paralización o tardanza en dicho procedimiento de origen. Tercero. Asimismo, de los informes justificados y complementario de las autoridades responsables Presidente por sí y en representación de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como por los Actuarios adscritos a la misma, con sede en esta ciudad, mediante oficios 568/2019, 569/2019, 570/2019 y 619/2019 con anexos, se advierte la certeza de los actos reclamados, toda vez que dentro del expediente de origen y por acuerdo de diecinueve de febrero del presente año, notificado el siete de mayo de esta anualidad, se previno a la actora (aquí impetrante), para que dentro del término de tres días aclarara su demanda laboral, en cuanto a las horas extras que reclama, sin que a la fecha haya desahogado dicha prevención ante las responsables; al efecto, adjuntaron copias certificadas de todo lo actuado dentro de dicho asunto (fojas 9 a 29 y 32 a 34). Cuarto. En este orden de ideas, se estima pertinente puntualizar que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, el sobreseimiento en la contienda constitucional, se debe decretar, cuando sobrevenga una causa de improcedencia durante el juicio; asimismo, el diverso 61, fracción XXI, de la citada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurre el anterior requisito, resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en la contienda respectiva. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por las responsables a través de las comunicaciones indicadas en párrafos que anteceden, se aprecia que ya se proveyó la radicación de la demanda laboral de la actora, aquí quejosa y si bien, no se ha fijado fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 170/E06/2019, ello se debe a que por auto de diecinueve de febrero del presente año, se previno a la actora (aquí impetrante), conforme al numeral 873, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, aclarara su demanda en cuanto a las horas extras reclamadas, sin que a la fecha haya desahogado dicha prevención, no obstante que le notificaron personalmente el siete de mayo del año que transcurre, a través de su autorizado legal (fojas 9 a 28, 32 y 33). Ello es así, pues de las copias certificadas de mérito, se observa que ya se radicó la demanda laboral ante las responsables y si no han fijado fecha y hora para la audiencia respectiva se debe a que previnieron a la actora mediante notificación personal, respecto de irregularidades que encontraron en su escrito respectivo. Las documentales que enviaron las autoridades en comento, revisten valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden de ideas, atento al contenido de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación. En efecto, como se anticipó, la causa de pedir de la parte quejosa en este juicio de garantías, en lo conducente se hace consistir en la omisión de la junta responsable, en señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 170/E06/2019, con la consiguiente paralización o tardanza en dicho procedimiento de origen. Bajo esa perspectiva, tomando en consideración que las causales de improcedencia son de estudio prioritario y oficioso, en cualquier momento del juicio, se estima que opera la prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto reseñado, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que mediante oficios 568/2019, 569/2019, 570/2019 y 619/2019 con anexos, suscritos por el Presidente por sí y en representación de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como por los Actuarios adscritos a la misma, con sede en esta ciudad, informaron que por auto de diecinueve de febrero del presente año, notificado personalmente el siete de mayo de esta anualidad, previnieron a la actora (aquí impetrante), para que dentro del término de tres días aclarara su demanda, en cuanto a las horas extras reclamadas dentro del juicio de origen antes invocado y si no han señalado fecha y hora, es porque aún no se desahoga la prevención efectuada; para lo cual exhibieron copias certificadas de todo lo actuado dentro del asunto en comento (fojas 9 a 28, 32 y 33) Por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; desapareciendo así la omisión de radicar la demanda laboral, por lo que ya no corresponde analizar la legalidad del auto de prevención, porque ya no constituye una abstención, sino un acto positivo distinto al aquí reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal; con registro electrónico 196820 y consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con el símbolo de búsqueda 193758 y publicada en la foja 38, del tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro electrónico 176744 y visible en la foja 845, del tomo XXII, noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Luego entonces, como se dijo y ahora se reitera, concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la misma legislación, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, promovido por la quejosa Adela Tovar Luna, contra los actos que reclama a la autoridades señaladas como responsables. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por la impetrante Adela Tovar Luna, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 619/2019 y anexo, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de dos de los corrientes, remite copia certificada de la constancia relativa al expediente administrativo laboral 170/E06/2019; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase dicho comunicado y anexo a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    VIII...Ténganse por recibidos y únanse a su expediente para que obren como corresponda, los oficios...a través de los cuales remiten sus informes justificados...

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