Adela Ruiz Piña

Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1018/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Adela Ruiz Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. De igual forma, dado que en el presente asunto obra la carta poder suscrita por la quejosa Adela Ruiz Piña a favor de su apoderada legal Amira Violeta Albarrán Morales, misma que se anexó al escrito de demanda, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la referida Albarrán Morales para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; quien a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado al presente sumario constitucional; en el que refiere ser parcialmente cierto el acto reclamado ya que en esa junta, se tramita el expediente laboral J1/795/2019 de su índice; sin embargo, también hace del conocimiento que ya se había emitido el laudo correspondiente en dicho expediente laboral el pasado veinte de octubre del año en curso; circunstancias que acredita con la copia certificada del mismo, así como de su respectiva notificación de la parte quejosa, constancia adjunta al presente informe. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número J.1/795/2019, tramitado ante la autoridad responsable. Sin embargo, de las constancias que adjunta la responsable como complemento al oficio que se atiende, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas de actuaciones fedatadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que la autoridad responsable el veinte de octubre del año en curso, emitió el laudo correspondiente en el referido expediente laboral y notificó a la parte quejosa el mismo. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número J.1/795/2019; y dado que la demanda de amparo se presentó el diecinueve de octubre del año en curso; empero, de las constancias remitidas se aprecia que el veinte de octubre pasado, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dictó el mismo el veinte de octubre del año en curso y ordenó la notificación del mismo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, se procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde informe justificado y señala correo electrónico. Ahora bien, de la misiva aludida se obtiene que la autoridad responsable referida manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado que se le atribuye; sin embargo, fue omisa en remitir el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo; por tanto, requiérasele para que en el término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación, envíe a este Juzgado de Distrito las mismas, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Atento a lo anterior, se reserva dar vista con el informe justificado rendido por la referida autoridad. Finalmente, en relación al correo electrónico que proporciona la autoridad responsable, se le tiene como señalado para oír y recibir notificaciones; en el entendido de que únicamente lo será mientras subsista la contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por promovida por ********, apoderada legal de la quejosa Adela Ruiz Piña, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1018/2021-V. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada Amira Violeta Albarrán Morales apoderada legal de la quejosa Adela Ruiz Piña, contra la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número J.1/795/2019; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardarla integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el quejoso refiere que le asiste el carácter de terceros interesados a PRODUCTION S.A DE C.V., Fidel Flores Lorenzo y Pablo Micheline, en ese sentido, con fundamento en el numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituyan en el domicilio de los referidos terceros interesados, a fin de emplazarlos al presente juicio, corriéndoles traslados con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído; asimismo, les haga saber el derecho que tienen de apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos. Asimismo, se tiene como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Por otra parte, respecto de las pruebas que oferta la impetrante de amparo, consistentes en: La presuncional en su doble aspecto legal y humano. Consistente en todo aquello que se derive, establezca y beneficie a los intereses de la hoy quejosa Adela Ruiz Piña, para que se emita el proyecto de laudo correspondiente. La documental pública. Consistente en todo lo actuado en el expediente J.1/795/2019, solicitando se tenga a la vista al momento de emitir su respetable fallo, prueba que se ofrece en todo aquello que beneficie a la quejosa. Ahora, respecto a las pruebas enumeradas con los arábigos 1 y 2 se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto obre en el presente sumario constitucional el informe justificado de la autoridad señalada como responsable y el presente juicio de amparo se encuentre integrado. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Además, para efecto de notificar a la autoridad responsable del presente proveído, dada la contingencia actual, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique los oficios derivados de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcione, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista electrónica, salvo que proporcione el usuario o su habilitación por interconexión; en el entendido que dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país; además, se les requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinde un correo electrónico al que, en su caso, se le puedan hacer llegar las notificaciones. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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