Adanis Mizael Salgado García

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Adanis Mizael Salgado García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunica que por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, causó estado el proveído de siete de enero de esa misma anualidad, por el que desechó por improcedente el recurso interpuesto y ordeno el archivo de su expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de once de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo en este sumario, ha causado estado por ministerio de ley; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, del estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que se reservó acordar lo conducente hasta en tanto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, informará si ha quedado firme el proveído de siete de enero del año pasado, por el que determinó desechar el recurso de revisión 5/2022 de su índice, derivado del presente juicio de amparo indirecto, sin que a la fecha haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional dicha situación. En consecuencia, solicítese de la manera más atenta y respetuosa al citado órgano colegiado, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe si el mencionado proveído ha quedado firme, lo anterior en virtud de que dicha información es necesaria para estar en aptitud legal de ordenar el archivo del presente expediente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual, aparentemente el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, devuelve diligenciado el exhorto 654/2021 (orden 698/2021) de su índice, formado con motivo del diverso 457/2021-II (número de orden 457/2021) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar al quejoso Adonis Mizael Salgado García, la determinación de once de agosto del presente año. No obstante lo anterior, es menester precisar que el oficio que se recibe no se encuentra firmado ni sellado, por el funcionario que aparentemente lo remite; por tanto, a efecto de tener certeza legal en cuanto al contenido de la comunicación oficial devuelta, solicítese al Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, se sirva corroborar si Ángel Obed Mata Rivera, funge como secretario en ese órgano jurisdiccional y si dicho funcionario expidió el oficio de cuenta (18225/2021); asimismo, de no tener inconveniente para ello, se sirva remitir nuevamente dicho comunicado debidamente firmado ya sea física o electrónicamente, junto con la comunicación oficial indicada en el párrafo que antecede. Ahora bien, no se soslaya que de las constancias que integran la comunicación oficial que se recibe, se advierte que en constancia de notificación de siete de septiembre del presente año, el quejoso Adonis Mizael Salgado García, manifestó lo siguiente: "Interpongo recurso de revisión" Sin embargo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto, el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, remita la información indicada en párrafos precedentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, devuelve el exhorto 566/2021 (orden 595/201) de su índice, formado con motivo del diverso 430/2021-II (número de orden 430/2021) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar al quejoso ****, el proveído de dieciséis de julio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo y requerirlo en los términos indicados. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación diligenciada; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que resulte necesario remitir acuse de recibo, toda vez que la recepción electrónica del oficio, hace las veces de acuse físico, como lo refiere la autoridad exhortada. Ahora bien, vistas las constancias remitidas por la autoridad exhortada, se advierte que en cédula de notificación de cuatro de agosto del presente año, el quejoso ***, manifestó lo siguiente: "Manifiesto que el supuesto indicado es el siguiente: -No quiero hacer valer mi derecho de petición solo el de defensa adecuada y debido proceso, pues como lo manifeste en mi demanda el fiscal se parovecho de mi situación y no dio acuse de recibo de los escritos presentados por mi familiar, por lo tanto no se puede probar que ya se los había pedido. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la parte quejosa y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado, por tanto, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto siguiente: La transgresión a su debido proceso y defensa adecuada, ya que las autoridades responsables, nunca le han notificado sobre las carpetas que obran en su poder en su contra, por lo que no sabe quién lo acusa, de qué se le acusa y qué pruebas hay en su contra, por lo que no puede aportar pruebas a su favor, ya que es obligación del MP que cuando haya una acusación en contra de una persona hacerle saber al indiciado tal caso para que pueda defenderse. En ese sentido, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la investigación ministerial, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, resulta conveniente, a manera de preámbulo y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del tema, indicando que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecerse que le corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Luego, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. Asimismo, la sala mencionada concluyó que el procedimiento de investigación constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Señalando además, que en relación a los procesos penales, la persecución de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: 1. Mediante una investigación que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios para sostener la existencia de un hecho considerado como delito, así como la probabilidad de que el indiciado haya participado de éste. 2. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. Ciertamente el procedimiento indagatorio se desarrolla dentro de un marco de derechos constitucionales, destacando entre ellas el "derecho de defensa" del inculpado. Sin embargo, del numeral constitucional citado con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal la probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley califique como delito, así como de la participación del imputado en su comisión. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de los elementos citados previamente, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 Constitucional. De ahí, que al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la ley fundamental, únicamente le corresponde la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley considere delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Por esos motivos, ese Alto Tribunal ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la investigación no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas que a la letra dicen: Tesis que establece: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Tesis de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En este orden de ideas, nuestro Máximo Órgano Constitucional, determinó que la exportación de los derechos públicos subjetivos comprendidos dentro del "derecho de defensa" -originalmente concebida para el proceso jurisdiccional- a la etapa indagatoria, encuentra su límite en la naturaleza misma del procedimiento de averiguación previa. Así, éste no puede ser trastocado, al grado tal de quedar desvirtuado por completo, dejando de servir en la práctica como un procedimiento de investigación a través del cual el órgano acusador puede elaborar un caso. Ello, pues debe recordarse que, al igual que el derecho "de defensa", tanto la función indagatoria como el derecho de "seguridad pública", dentro del cual aquélla puede ser subsumida, se encuentran a su vez consagradas en la Constitución. En vista de ello, esa Primera Sala estimó que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la etapa de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no, actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así determinó que aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, torturas, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del juez manera ilícita. Con base en todo lo anterior, concluyó que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; pues estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Aunado a ello, el que no se le haya notificado de la carpeta de investigación, no se trata de un acto de imposible reparación relacionado con su derecho a una defensa adecuada, en virtud de que los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, como el reclamado, son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente; por ende, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar las correspondientes órdenes de aprehensión, detención o comparecencia. No pasa inadvertido que en el procedimiento penal que inicia desde la carpeta de investigación, el inculpado cuenta con una serie de derechos contemplados tanto en la constitución como en la legislación adjetiva: que esto sucede cuando éste se encuentra detenido o comparece ante la autoridad, en el caso de la indagatoria, ante la representación social; que desde ese momento tiene derecho a conocer los hechos imputados, sin que se puedan mantener en reserva las actuaciones realizadas; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el solicitante del amparo en la demanda inicial, en ningún momento ha sido detenido ni siquiera se le ha requerido para que comparezca a alguna carpeta de investigación instaurada en su contra, para encontrarse en el supuesto a que se refiere la constitución o la legislación adjetiva, esto es, que al impetrante le asista el derecho de nombrar defensor, de ofrecer pruebas, de rendir declaración o de ejercer algún otro derecho que le corresponda como procesado. De ahí que, no basta el que exista un hecho que constituya delito, y que la autoridad tenga conocimiento de ese hecho y lo investigue; toda vez que para la promoción del juicio constitucional es menester que la autoridad emita una determinación que ocasione una molestia o afectación directa en los derechos humanos del solicitante del amparo, para que éste se encuentre legitimado para accionar la vía constitucional. Tampoco es dable aducir indefensión el que llegue a tener conocimiento pleno de los hechos denunciados hasta que se lleve a cabo su detención, lo cual se argumenta, daría lugar a una afectación irreparable; pues no debe perderse de vista que antes de ser llamado a declarar el investigado todavía no es parte en la relación procesal, y únicamente en el caso de que ya forme parte en el procedimiento penal (en el caso concreto, la fase de carpeta de investigación) cuando puede tener acceso a la indagatoria, nombrar defensor, ofrecer pruebas y a hacer valer sus defensas, no antes por no encontrarse aún inmerso en la indagatoria, ni tampoco puede argumentar que existe reserva en la misma si no hay prueba alguna de tal circunstancia. En consecuencia, como lo que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por el quejoso, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu. Finalmente, toda vez que el quejoso ***, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", Gómez Palacio Durango; esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítase atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de que notifique al quejoso de marras la presente determinación. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo por la misma vía.

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