Adela Orduño Rodriguez
Expediente 1352/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adela Orduño Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito de la quejosa Adela Orduño Rodríguez, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento nueve de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, se tiene a Adela Orduño Rodríguez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Desechamiento de demanda: Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la ley de la materia. En efecto, para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/497/17. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, en atención a que el acto que reclama no es de imposible reparación. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos estos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ahora, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere al sentido en que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Robustece lo anterior, la tesis P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página treinta y nueve, libro siete, tomo I, junio de dos mil catorce, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Además, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/497/17, se considera justificada atendiendo al cúmulo de asuntos de los que conocen los tribunales en materia del trabajo y que es un hecho notorio para este juzgado federal derivado de la tramitación de los juicios de amparo radicados contra esa autoridad laboral. Máxime que la parte quejosa, en su escrito de desahogo de prevención, bajo protesta de decir verdad, afirma que en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el término de dos días para alegatos (mismos que ya presentó el doce de septiembre de este año); también, aduce la quejosa que por escrito que presentó el doce de septiembre de esta anualidad, se solicitó el cierre de instrucción; de donde se observa que entre el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió de pronunciarse el acuerdo respectivo a esos dos ocursos presentados el doce de septiembre del presente año, conforme al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo), y el día de la promoción de la demanda de amparo (siete de octubre de dos mil diecinueve), sólo han transcurrido diecinueve días naturales a fin de que la autoridad diera contestación a las promociones presentadas, esto es, menos de los cuarenta y cinco días naturales (para que se considere una dilación presuntamente excesiva) a que se refiere la jurisprudencia 2ª/J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, como la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se procede a desechar la demanda de amparo por improcedente. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Adela Orduño Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Prevención de la demanda: Ahora, antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, que le serán contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, precise su demanda de amparo en los siguientes términos: PRIMERO. La fecha de cierre de instrucción en el juicio laboral 01/497/17, toda vez no la proporciona. SEGUNDO. Manifieste si ha solicitado por escrito el cierre de instrucción en el juicio laboral 01/497/17, y, en caso positivo, informe en qué fecha ocurrió. TERCERO. Informe si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de actos que deriven del mismo juicio laboral, y, en caso positivo proporcione el número de expediente y el Juzgado de Distrito en el que se encuentra radicado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar debido cumplimiento a lo requerido dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda conforme a lo dispuesto por el ordinal 114, invocado. Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere y en términos amplios del artículo 12 de la misma legislación, a los profesionistas que menciona. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el nueve de octubre de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Adela Orduño Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Prevención de la demanda: Ahora, antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, que le serán contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, precise su demanda de amparo en los siguientes términos: PRIMERO. La fecha de cierre de instrucción en el juicio laboral 01/497/17, toda vez no la proporciona. SEGUNDO. Manifieste si ha solicitado por escrito el cierre de instrucción en el juicio laboral 01/497/17, y, en caso positivo, informe en qué fecha ocurrió. TERCERO. Informe si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de actos que deriven del mismo juicio laboral, y, en caso positivo proporcione el número de expediente y el Juzgado de Distrito en el que se encuentra radicado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar debido cumplimiento a lo requerido dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda conforme a lo dispuesto por el ordinal 114, invocado. Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere y en términos amplios del artículo 12 de la misma legislación, a los profesionistas que menciona. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente.
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