Adela Orduño Rodriguez

Expediente 1603/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1603/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Adela Orduño Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio firmado por Adela Orduño Rodríguez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso; en atención a lo anterior, se tiene a la ocursante subsanando la demanda de amparo. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado se pronuncia en relación a su contenido. Admisión de la demanda En atención a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por Adela Orduño Rodríguez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes justificados De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Denominación de las Autoridades Responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la parte tercero interesada Sin lugar a emplazar a quien menciona como tercero interesado, toda vez que no le asiste tal carácter, ya que si bien es cierto que la jurisprudencia 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que cuando el acto reclamado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero interesado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal; pues la figura del tercero interesado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado; también lo es, que en el caso de estudio no se dan intereses opuestos debido la naturaleza del acto reclamado que constituye un acto negativo o de abstención, motivo por el cual no le irroga perjuicio alguno a la contraparte del quejoso en él juicio natural; de ahí que no les resulta el carácter de tercero interesado. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que se anexan al escrito que se provee, misma que se desahogara en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva; sin embargo, únicamente se tienen por anunciados los informes que indica, toda vez que aún no obran en autos. Ahora bien, en relación a lo solicitado por el quejoso a fin de que se requieran las constancias que refiere, así como lo relativo al informe de notario, deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Medios electrónicos De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para los efectos que indica. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Consulta vía internet Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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