Adela Mendoza Ambrocio
Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adela Mendoza Ambrocio
Actuaciones
- Principal
I. Agréguese el escrito de cuenta signado por Pedro Martínez Belmontes, mediante el cual pretende apersonarse al presente juicio de amparo en cuanto tercero interesado; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que del presente asunto no se advierte que le resulte tal carácter, además dicho juicio no se encuentra promovido por María Pulido Chávez. Sin que tampoco del índice de quejosos que se lleva en este tribunal, relativo al año dos mil dieciocho, se advierta que la citada Pulido Chávez, haya promovido juicio de amparo; de ahí que dicho escrito se glose únicamente como antecedente.
- Principal
I. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Adela, Flor María Caritina, Emilia, Margarita y Elodia, todas de apellidos Mendoza Abrocio. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I. En catorce de junio de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La demanda de amparo promovida por Adela, Flor María Caritina, Emilia, Margarita y Elodia, todas de apellidos Mendoza Ambrocio, por su propio derecho, registrada en el libro de correspondencia común con el progresivo 9680 y en el diverso libro de gobierno con el consecutivo 307/2018-l. b) Asimismo, el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, se advierte que las quejosas no han promovió diverso juicio de amparo, tal como se advierte de la constancia que al efecto se anexa. Conste.Uruapan, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Adela, Flor María Caritina, Emilia, Margarita y Elodia, todas de apellidos Mendoza Ambrocio, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 307/2018-I. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el multicitado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, también de esa legislación. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, como se precisó en líneas anteriores, el mencionado artículo 61, fracción XXIII de la ley de la materia, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". En tanto que, el numeral 107, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, aplicado en sentido contrario, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto precede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De tal manera, que si las quejosas reclaman la integración de una carpeta de investigación, que si bien no emanan de un juicio, sí lo es de un procedimiento administrativo seguido ante el Órgano Investigador. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, procede el amparo ante un Juez de Distrito, contra los actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe precisar, que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, ya sean personales, reales o del estado civil, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. Por el contrario, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada. De lo anterior, se advierte que los actos de referencia, no se encuentran comprendidos en lo establecido por la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Constitución Política, ni en lo dispuesto por la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, toda vez que los mismos no son de aquellos que afecten derechos sustantivos de los quejosos, de carácter personal, real o del derecho civil, ya que la integración de una carpeta de investigación y su consignación que combate la quejosa, no son de aquéllos que tengan carácter de irreparable, es decir, no son actos cuya ejecución sean de imposible reparación, puesto que el inicio de una o varias averiguaciones previas seguidas en contra de los quejosos y los referidos actos que derivan de la misma, no transgreden de ninguna manera derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de las garantías individuales. Además que en el presente caso puede darse o no la afectación a sus derechos fundamentales, una vez que se consignara la o las carpetas de investigación ante un Órgano Jurisdiccional, y que además se emitiera una orden de aprehensión o comparecencia en contra de las quejosas, precisamente por la autoridad jurisdiccional, siendo esta última actuación la que en todo caso afectaría su esfera jurídica, de tal manera que el acto reclamado por las quejosas no es de aquéllos que tengan una ejecución irreparable, en virtud de que las consecuencias de la posible violación que invoca, se extinguirían en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, de tal manera que la posible violación que se suscitara en las diligencias realizadas en la o las carpetas de investigación para su integración, son susceptibles de ser reparadas. En consecuencia, si los actos en estudio que reclaman las promoventes del amparo en esta vía no las priva de defensa, ni resuelve definitivamente sobre ningún derecho fundamental de ésta, ni afecta su libertad personal o posesiones, dichas actuaciones no son actos cuya ejecución sea de imposible reparación, y por tanto, la demanda de amparo indirecto, por lo que corresponde a la integración de la o las carpetas de investigación que reclama, resulta improcedente. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Tesis: I.2o.P. J/11 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226462 3 de 3 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Pag. 689 Jurisprudencia(Penal) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. De igual manera resulta aplicable: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 223842 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Enero de 1991 Pag. 230 Tesis Aislada(Penal) DILIGENCIAS DE AVERIGUACION PREVIA. NO SON VIOLATORIAS DE GARANTIAS MIENTRAS NO SE RESTRINJA LA LIBERTAD O LAS POSESIONES DE LOS INDICIADOS. La simple iniciación de las diligencias en averiguación de un delito por sí solas no importan una violación de garantías, mientras no se restrinja la libertad, derechos o posesiones de los indiciados. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 221701 26 de 30 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VIII, Octubre de 1991 Pag. 195 Tesis Aislada(Común) IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCION NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con que culmine el procedimiento que se sigue, los actos realizados o las abstenciones habidas en el propio procedimiento carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional; por ello, si el quejoso estima que dichos actos son violatorios de garantías, solamente cabe su impugnación en amparo cuando se haya pronunciado la resolución definitiva correspondiente, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo (que resultaría improcedente). Además, puede acontecer que el acto realizado no tenga trascendencia al resultado final, o que la resolución fuera acorde con los intereses del particular. Por ello, si el acto dentro del procedimiento no tiene sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Además, no debe perderse de vista que la peticionarias de amparo no se encuentran en estado de indefensión, toda vez que están gozando de su libertad personal, lo cual la pone en aptitud de ofrecer en la o las indagatorias de mérito, los medios de convicción que a su interés convenga, con la finalidad de que esclarezcan los hechos motivo de las mismas; de donde se estima, que de ninguna manera se están violando sus garantías constitucionales. Robustece lo expuesto: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 215306 13 de 74 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XII, Agosto de 1993 Pag. 364 Tesis Aislada(Penal) AVERIGUACIONES PENALES.- La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito, si no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar violaciones de garantías. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la Ley en consulta, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, respecto de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común al primero de los quejosos, esto es, a Adela Mendoza Ambrocio, sin perjuicio de ser substituida por las diversas promoventes, previa solicitud que al respecto se realice. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en la calle Jazmín del Recuerdo número 34, de la Colonia Jardines del Pedregal de esta ciudad y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Octavio Herrera Arredondo y Erika Salinas Herrera, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.
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