Adan Quezada Rodriguez
Expediente 614/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adan Quezada Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio número 2733, signado por el ********************, a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil 213/2019, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
EJ. Uruapan, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. ADMITE RECURSO. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto de dos de diciembre del año en curso, el cual quedó radicado como queja civil 213/2019; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
ME-RECURSO DE QUEJA. Agréguese al expediente copia certificada del escrito de cuenta, signado por el quejoso Adán Quezada Rodríguez; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de dos de diciembre del presente año, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del escrito en cuestión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II. Uruapan, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ADAN QUEZADA RODRÍGUEZ, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 614/2019-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como actos reclamados: "PRIMERO. Al Juez y secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el acuerdo de fecha 11 de noviembre del presente año, dictado en la tercería excluyente de dominio 1111/2013, mediante el cual señala "visto el escrito de cuenta signado por Gerardo Saúl Vázquez ortega, con el carácter que tiene reconocido, téngasele haciendo manifestaciones tendientes a determinar el valor comercial de algunos de los bienes inmuebles que fueron materia de esta tercería, siendo los denominados "el morito", el aguacate, el amapolar y la galera, por tanto como lo solicita, se autoriza a valuar dichos bienes, designando como su perito al Ing. Jorge talavera Chávez, quien firma al calce en señal de aceptación y protesta del cargo, requiriéndolo para que en el término de 3 días presente su avalúo, apercibido de que en caso de no hacerlo, será removido del cargo" "requiérase a la contraria para que en 3 días designe su perito, apercibido de que de no hacerlo este tribunal lo designara en su rebeldía" SEGUNDO.- al c. juez y secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el acuerdo fecha 15 de noviembre del presente año; dictado en LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO 1111/2013, mediante el cual niega la admisión del recurso de revocación interpuesto en tiempo y forma, en contra del auto de fecha 11 de noviembre del presente año. TERCERO.-al c. juez y secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el acuerdo de fecha 22 de noviembre del presente año, dictado en LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO 1111/2013, mediante el cual niega la admisión del recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma, en contra del auto dictado el 11 de noviembre del presente año. CUARTO.-al c. juez y secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se les reclama el acuerdo de fecha 15 de noviembre del presente año, dictado en LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO 1111/2013, mediante el cual tiene por exhibidos avalúos a la parte demandada sin haber causado estado los acuerdos anteriores. QUINTO.- al c. juez y secretaria de acuerdos del juzgado primero de lo civil de Uruapan, Michoacán, se le reclama el acuerdo de fecha 22 de noviembre del presente año, dictado en LA TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO 1111/2013, mediante el cual niega la admisión del recurso de revocación interpuesto en tiempo y forma, en contra del auto dictado el 15 de noviembre del presente año." DESECHAMIENTO. Respecto de la autoridad Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), del citado ordenamiento legal, en razón de que en la emisión de los acuerdos reclamados funge como fedatario de los actos del Juez; lo anterior, en términos de la jurisprudencia número I.2o.P. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, página 87, cuyo rubro y texto es: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO." Por otra parte, en relación con los actos que se atribuyen al Juez responsable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se obtiene que en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede en contra de la última resolución, es decir la que declara o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. En este orden de ideas, en el procedimiento de ejecución de sentencia, deberá distinguirse de aquellos actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, aquellos actos que tiendan a la consecución de dicho fin. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. En la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Tratándose de la primera clasificación de actos, es dable establecer que el amparo indirecto procede excepcionalmente cuando estos afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos del promovente, al resultar aplicable de manera analógica la fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a tal razonamiento la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Esto sin que resulte obstáculo el hecho de que en la jurisprudencia anteriormente citada se haya interpretado la Ley de Amparo abrogada, al haber versado sobre cuestiones que no contravienen la actual redacción de la ley de la materia. De lo hasta aquí expuesto se concluye que, en etapa de ejecución de sentencias, tratándose de actos que no tiendan directamente a ejecutar el fallo de que se trate, el amparo indirecto sólo procede en contra de aquellos que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, los autos que se reclaman en esta instancia constitucional, consisten en los proveídos dictados por el Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 1111/2013, sobre tercería excluyente de dominio, el once, quince y veintidós de noviembre del año que transcurre, en el que en esencia, se acuerdan las manifestaciones tendentes a determinar el valor comercial de los inmuebles materia de la tercería excluyente; se niega la admisión de los recursos de revocación y apelación contra lo determinado el once de noviembre; se tienen por exhibidos los avalúos de la parte demandada sin que los diversos acuerdos causaran estado y se niega la admisión del recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de noviembre del presente año. Proveídos que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, toda vez que no tienen por cumplida la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio o declaran la imposibilidad para ello; y además de que no tienen efectos materiales sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que los mismos no constituyen un acto independiente a la cosa juzgada en la tercería excluyente de dominio, sino por el contrario tienen como finalidad ejecutar la sentencia definitiva dictada en la tercería multicitada. Lo anterior, pone en evidencia que las resoluciones reclamadas en este asunto no pueden considerarse como un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental, constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva. Esto no quiere decir que la parte quejosa no pueda inconformarse de dichas determinaciones una vez que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en donde pondrá impugnar cualquier violación que estime se haya cometido en su perjuicio, la cual podrá ser objeto de estudio mediante el juicio de amparo que se promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento de la sentencia o en su caso, se declare la imposibilidad para ello; sin embargo, en lo que respecta a los actos aquí reclamados, resulta improcedente el juicio de amparo por las razones vertidas anteriormente. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J 31/2001, consultable en la página 31, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 190035, de rubro siguiente "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Ante ese panorama, es inconcusa la actualización de la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción ll interpretado a contrario sentido; así como la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la materia a Armando Bucio Espinosa, toda vez que acreditó tener registrada su cédula profesional ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir toda clase de notificaciones, documentos, copias simples y certificadas a Mónica Soto Calderón y Mauricio Bucio Espinosa, toda vez que así lo solicita. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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