Adela García García
Expediente 968/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adela García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 968/2023, promovido por ********************. I .ANTECEDENTES Según consta en autos en el expediente 940/21-15-01-2, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dictó una sencida que no ha sido ejecutada, por ello, ********************, mediante escrito de trece de junio de dos mil veintitrés solicitó a dicho tribunal que emitiera las medidas necesarias para el cumplimiento esa sentencia, y a su juicio dicha autoridad ha sido omisa en contestar su escrito. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, la cual fue turnada a este Juzgado. Por auto de veintiuno de septiembre siguiente, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de que se trata; asimismo la registró bajo el expediente 968/2023; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado la intervención legal que le compete. Seguido el trámite del presente expediente en todas sus etapas procesales, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. III. COMPETENCIA Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición formulada el trece de junio de dos mil veintitrés, donde solicitó la ejecución la sentencia dictada en el expediente 940/21-15-01-2, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se hace la precisión que en el apartado de actos reclamados la parte quejosa señaló como actos destacados lo siguiente: "La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado bajo el número: 940/21-15-01-Z emitida con fecha 28 de septiembre de 2021, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo y de ninguna forma quede incumplida o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos como lo sucede en el juicio contencioso administrativo antes citado." "La omisión de acatar en el término legalmente establecido con el cumplimiento íntegro de la resolución y/o sentencia firme y ejecutoriada dictada por los magistrados integrantes de la sala regional del sureste del tribunal federal de justicia administrativa con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, señalo como actos reclamados los siguientes, radicado bajo el número: 940/21-15-01-2, emitida con fecha 28 de septiembre de 2021, y de realizar actos por demás dilatorios y prolongados, negligentes e injustificados que me generan de manera continua perjuicios a mis derechos humanos." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es tal y como ha quedado fijado, ya que mediante el escrito de trece de junio de dos mil veintitrés la quejosa solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 940/21-15-01-2, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de ahí que, en caso de que su petición sea contestado de manera favorable, la omisión de ejecutar esa sentencia por parte de dicho tribunal desaparecerá y éste obligara al Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca a cumplirla, por lo que lo que de estudiarse por este juzgador de manera autónoma incidiría en la jurisdicción de dicho tribunal. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste negó la existencia de los actos que se le atribuyen, en los términos siguientes: "EN VIA DE INFORME JUSTIFICADO, se indica que no se acepta la existencia de los actos reclamados; dado qué mediante acuerdo de 18 del mes en curso, se agregó a sus autos el escrito recibido en la Oficialía de Partes referida, el 13 de junio del 2023, y toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de quién es el Titular, Encargado o Suplente de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, no se impuso la multa decretada en el diverso de 11 de enero del 2023; asimismo, se requirió al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de esa Oficina de Representación, para que dentro del plazo de tres días, cumpliera íntegramente aquel fallo, con el apercibimiento de Ley; en cuanto a girar el oficio a las dos autoridades que señaló la accionante, se le dijo que por el momento no ha lugar a acordar lo solicitado, porque el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla diversos plazos para obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, los que en el caso no habían trascurrido; respecto a que se comisionara a un funcionario jurisdiccional, para que en el domicilio de la autoridad responsable, se apersonara y le hiciera cumplir la presente sentencia, también se le dijo que no ha lugar; y se desechó por inoportuno el incidente de indemnización interpuesto; acuerdo que se encuentra pendiente de notificar" En ese sentido, si la autoridad responsable Magistrado Presidente de Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca dictó el acuerdo correspondiente al escrito de trece de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, el aquí quejoso promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio de nulidad 940/21- 15-01-2 desde el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo se presentó posterior ha dicho acuerdo, esto es, el diecinueve del dicho mes y año, es inconcuso que los actos que se reclaman resultan inexistentes. Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias que remite la autoridad, se advierta que a la fecha el auto no ha sido notificado a la impetrante de derecho; pues si bien el quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición formulada el trece de junio de dos mil veintitrés, donde solicitó la ejecución la sentencia dictada en el expediente 940/21-15-01-2, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cabe destacar que es el derecho de petición que contempla el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el que refiere que a toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito, el cual deberá de hacérselo saber en breve termino. Cierto es también que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que cuando se reclama la violación del artículo 8º dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el que actúa la quejosa, no aplica la regla prevista en dicho precepto constitucional, sino en la diversa 14 y 17 del mismo Pacto Federal, además, en su caso, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por lo que no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a emitir pronunciamiento a la solicitud impulsando el procedimiento. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que reza: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por su parte, la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca no rindió su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificados de la petición de éste, por lo que se presume cierto el acto reclamado, pero esa presunción legal se desvirtúa con el acuse de recibo de la petición realizada por la parte quejosa pues se advierte que se presentó ante el Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de ahí que no le es atribuible la omisión señalada como acto reclamado. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En consecuencia, como se advierte la inexistencia del acto reclamado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 968/2023, promovido por ********************, en términos del apartado V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las doce horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO)
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado de autos, se observa que en diligencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a David Sarmiento Bustos aceptando el cargo de perito oficial por parte de este órgano jurisdiccional en la materia forestal y de sanidad, actuación en la que se le concedió el plazo de treinta días hábiles -por así solicitarlo- para que emitiera el dictamen ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, opinión profesional respecto de la cual en proveído de veinticinco de septiembre pasado, se tuvo a bien señalar el dieciséis y diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para que realizara la recolección de información de campo correspondiente, sin que a la fecha haya informado lo concerniente a las mismas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, requiérase al experto para que dentro del plazo de tres días informe lo relativo a si llevó a cabo la toma de muestras o recolección de información de campo correspondiente. Se apercibe al aludido experto que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en su carácter de persona física, consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio del apoderado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), mediante el cual, en atención a lo requerido el once de octubre de dos mil veintitrés, informa que no cuenta con un perito en materia de antropología forense; por tanto, se le tiene cumpliendo con lo solicitado en el proveído referido anteriormente y se deja sin efecto los apercibimiento ahí decretado. Notifíquese; personalmente al perito oficial.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que está transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Por lo que, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada en esta fecha y se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.
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