Adela Cortés Villanueva

Expediente 304/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
304/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Adela Cortés Villanueva
  • Adela del Carmen Navarro Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; atento su contenido, como lo solicita, se indica a la analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que realice la vinculación permanente, de las constancias electrónicas del expediente de amparo 304/2022 del índice propio, con el 12/2022 de la estadística del Juzgado oficiante; lo anterior hágase del conocimiento del homólogo federal en cita. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el que acusa recibo del expediente de amparo 304/2022 promovido por Adela del Carmen Navarro Cortés, por su propio derecho, Adela Cortés Villanueva en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada con iniciales A.V.N.C y H.N.C., e indica que se aceptó la competencia planteada para conocer de dicho asunto. En consecuencia, se toma nota de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del acuerdo previamente mencionado. Como este cuaderno de antecedentes no existen documentos considerados originales en términos del artículo 3° fracción XVIII, del referido Acuerdo General, se considera que es susceptible de destrucción, en atención al diverso precepto 14 del mismo acuerdo. Por tanto, de conformidad al precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cuestión, transcurridos seis meses contados a partir de esta fecha procédase a la destrucción de este cuadernillo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda y anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 304/2022. Incompetencia. Al realizar un estudio integral del escrito inicial de demanda, promovida por *** en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada con iniciales **, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituyen uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. Al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las normas que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa impugna -en esencia- del juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, lo siguiente: El auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 10/2020 del índice de la autoridad responsable, por el que se ordena una disminución en la pensión alimenticia inicialmente fijada en $2,587.60 (dos mil quinientos ochenta y siete pesos, 60/100, moneda nacional), para quedar en la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos, 00/100, moneda nacional). Tal determinación le fue notificada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar en donde tendrá ejecución material el acto reclamado, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.] La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los jueces de distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto Constitucional atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado en esta instancia, consisten en el acuerdo por el que se ordena una diminución en la pensión alimenticia ordenada en la determinación de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 10/2020 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca. En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional debe decirse que la materia de la litis, es un acto que requiere ejecución material, por parte de la autoridad, Es decir, el descuento periódico del porcentaje fijado como pensión alimenticia que se lleve a cabo en cumplimiento a la orden judicial girada dentro de un juicio de alimentos, no constituye un acto de ejecución, pues sólo se trata de un trámite administrativo que efectúa como patrón del deudor alimentario y no como autoridad, equiparándose a la de un particular como auxiliar en la administración de justicia. Con motivo de lo anterior, los actos de ejecución para efectos del juicio de garantías, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido, que en el caso es el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca. En ese orden ideas, es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclama la disminución de la pensión alimenticia, conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad ante la cual se tramita el juicio de alimentos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.3o.C.73 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de dos mil siete, página dos mil doscientos dieciséis, Novena Época, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE TRAMITA EL JUICIO DE ALIMENTOS Y NO EL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL PATRÓN O DEPENDENCIA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL MONTO FIJADO COMO PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, el descuento periódico del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional que lleve a cabo una dependencia del gobierno de un Estado en cumplimiento a la orden judicial girada dentro de un juicio de alimentos, en estricto sentido no constituye un acto de ejecución, pues sólo se trata de un trámite administrativo que efectúa como patrón del deudor alimentario y no como autoridad, equiparándose tal actuación a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia, razón por la cual, ello no debe tomarse como base para determinar la competencia en el juicio constitucional, pues los actos de ejecución para efectos del juicio de garantías, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido. En ese orden ideas, es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclama la resolución que dirime la reclamación interpuesta en contra del monto fijado como pensión alimenticia provisional, determinando su reducción y ordena girar oficio al patrón del deudor alimentario para que lleve a cabo el descuento de su salario, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad ante la cual se tramita el juicio de alimentos y no a la del lugar en que tiene su domicilio el empleador o dependencia encargada de realizar el descuento al sueldo del deudor alimentario. Con base en lo anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes el acto que en esta vía se combate tendrá ejecución donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Ahora, debe tenerse presente que el acto reclamado tendrá ejecución en las oficinas que ocupa el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, se encuentra dentro del ámbito territorial correspondiente a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra el de San Pedro Mixtepec. La porción normativa citada señala lo siguiente: [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]. Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, donde se ejecutará, en su caso, el acto reclamado, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítase la demanda original motivo de este expediente, sus anexos y copias simples, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole respetuosamente al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa y tenga a bien comunicar a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Atendiendo al Acuerdo general 21/2020, que rige las actividades jurisdiccionales en esta modalidad de contingencia sanitaria, y al deber de privilegiar el trabajo a distancia y las comunicaciones digitales, en relación con los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "ARMGLEZ" que menciona para que sea notificado y pueda consultar el expediente electrónico, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el referido usuario pueda ser notificado y consultar el expediente por la vía electrónica, tal como lo solicita. Asimismo, téngase a la parte peticionaria de amparo autorizando únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere, debido a que no se cuenta con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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