Adela Fernandez González
Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adela Fernandez González
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para el solo efecto de que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Adela Fernández González, mediante el cual precisa que el expediente de origen corresponde al número 1056/2019 del índice de la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Lo anterior es así, toda vez que por auto dictado en dieciséis de febrero de dos mil veintidós, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo promovido por **************************, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en Atizapán de Zaragoza. ACTOS RECLAMADOS La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de acción reivindicatoria, de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el expediente 1156/2019 del índice de la responsable. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 126/2022-VI. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y, es indudable, cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De la fracción XXIII del citado artículo 61 se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que, en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, y 217, todos de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por lo que, con base en tales preceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J./32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Ahora bien, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de acción reivindicatoria, de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el expediente 1156/2019 del índice de la responsable. De los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en el escrito de demanda, se aprecia que en efecto el veintiuno de agosto de dos mil veinte se dictó sentencia en el juicio de acción reivindicatoria 1156/2019 del índice de la responsable. Así, refiere que el juez de origen no estableció en la sentencia la forma en que se debería de dar cumplimiento a la entrega del bien inmueble materia de la litis en ese juicio, y que únicamente señaló que se condenaba a la demandada a la entrega de las dos accesorias y de la casa habitación, y que para ello se orientaría en su ejecución, de la fotografía impresa en el escrito de demanda, como lo refirió en su resolutivo segundo. Dice que una vez que causó ejecutoria la sentencia, solicitó su ejecución, por lo que en compañía del ejecutor adscrito al juzgado de origen se constituyó en el inmueble litigioso el veintidós de junio pasado, sin que se hiciera la entrega del bien ante la oposición de la demandada, aduciendo que las medidas del inmueble estaban mal y que una parte de ese inmueble era de la propia demandada. Luego, el juez de origen, a pesar de existir ya sentencia firme, a petición de la parte demandada señaló fecha y hora para una audiencia de conciliación, para posteriormente designar un perito en agrimensura o topografía, lo que dice, se puede advertir de los autos de nueve y veintinueve de noviembre y tres de diciembre, todos de dos mil veintiuno, y en donde se estableció que dicho peritaje debía de ser cubierto por las partes. En ese sentido, refiere que las partes mostraron su oposición con el nombramiento del perito y sus honorarios; lo que dice, se acredita con los autos de nueve y trece de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, refiere que en trece de enero del presente año solicitó al juez responsable diera cumplimiento a la sentencia, lo que dice no fue acordado de conformidad, toda vez que la remitió al auto de veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, en el que se tuvo por designado al perito. Siendo así, que en veinte de enero del año en curso presentó ante el juez responsable una nueva promoción en la que insistió en la ejecución de la sentencia, a lo que recayó el auto de veintiuno del mismo mes y año, y en el que únicamente revocó el nombramiento del perito asignado, y que en su lugar designó otro, lo que dice, le agravia y la deja en estado de indefensión. Ahora, si bien es cierto que como se refirió anteriormente, la quejosa reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de acción reivindicatoria, de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el expediente 1156/2019 del índice de la responsable, también es cierto que de lo que se duele la quejosa es de la actuación del juez de origen en la etapa de ejecución de sentencia, en relación a la designación y pago de honorarios del perito en materia de topografía o agrimensura que designó el juez responsable para poder llevar a cabo la ejecución de la sentencia dictada en ese juicio. Bajo ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado, contrario a lo que aduce la quejosa, no se trata de un acto omisivo, sino que dichos actos fueron dictados en ejecución de la sentencia ya referida, aunado a que se está en presencia de un procedimiento de identificación del inmueble para su debida ejecución, por lo que el acto que pretende combatir la quejosa no es aquélla que, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, tenga por cumplida la sentencia o bien ordene el archivo definitivo del juicio, pues como se puede advertir, y contrario a lo que aduce la quejosa en el que reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, ésta se encuentra en la etapa de ejecución. Lo anterior es así, dado que la consecuencia de dicho acto consistiría en que el procedimiento de ejecución de sentencia continuara por sus etapas procesales, en el cual, se reitera, aún faltaría que se declare cumplida o se establezca la imposibilidad que para ello se tenga; por lo que, de admitirse el amparo contra el acto reclamado, demoraría indefinidamente la ejecución de sentencia con notorio perjuicio en la administración de justicia. Además, si la parte quejosa estima violado alguno de sus derechos fundamentales, estará en posibilidad de solicitar la protección de la justicia de la unión hasta que se dicte la última resolución en el aludido procedimiento, puesto que será hasta este momento que podrá válidamente analizarse si existió algún acto dentro del proceso de ejecución que violentó sus derechos fundamentales. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En ese sentido, de lo expuesto en la demanda de amparo, resulta evidente que el acto que reclama no se trata de un acto omisivo, menos que sea la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el juicio de origen, para la procedencia del juicio de amparo indirecto que promueve la quejosa, toda vez que el acto reclamado no constituye aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni el que ordena el archivo definitivo del expediente. En dichas circunstancias, la quejosa deberá impugnar todas aquellas violaciones cometidas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia hasta que se dicte alguno de los actos anteriormente señalados, una vez agotado el recurso que en su caso corresponda. En consecuencia, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo resulta improcedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en que atendiendo a la lectura integral de la demanda, el acto que la quejosa reclama fue dictado en ejecución de la sentencia ya referida, aunado a que se está en presencia de un procedimiento de identificación del inmueble para su debida ejecución, por lo que el acto que pretende combatir la quejosa no es aquélla que, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, tenga por cumplida la sentencia o bien ordene el archivo definitivo del juicio, pues como se puede advertir, y contrario a lo que aduce la quejosa en el que reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, ésta se encuentra en la etapa de ejecución. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo, esto es la lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional. Autorizaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Medios de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Invitación a las partes para que continúen el trámite del juicio de amparo en vía electrónica En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II, V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios y habilitación de días y horas inhábiles Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por lista a la parte quejosa, por así haberlo señalado expresamente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · 7,200 expedientes
- Adan Dominguez Jiménez1448/2019
- Adán Jesús Sánchez Cano758/2023
- Adan José Calvillo Romero709/2020
- Adan Olmedo Olmedo861/2019
- Adan Rodrigo Molina Corona103/2022
- Addy Morales Paul241/2020
- Adela López Alvarado997/2021
- Adela Pineda Martinez201/2021
- Adela Ramos Gómez420/2021
- Adelaida Calles Doroteo372/2021
- Adelina Zazilha Medina Peralta1309/2021
- Adelina Zazilha Medina Peralta47/2022